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| 11/10/2002 12:00:00 AM

Narcos morosos

Los narcotraficantes que han sido condenados por la justicia no han pagado sus multas y le deben al Estado más de medio billón de pesos.

Durante los ultimos ocho años los narcotraficantes que están presos o, más grave aún, los que ya quedaron libres, no han cancelado las multas impuestas por los jueces cuando fueron condenados. Su deuda con el Estado asciende a 572.000 millones de pesos. Con esta 'fortuna', si ya se hubiera cobrado, podría funcionar la Dirección Nacional de Estupefacientes durante los próximos 50 años sin pedirle un centavo de la Nación. O se hubieran podido multiplicar los recursos destinados a luchar contra el secuestro en 40 veces.

Pero no ha sido así. Primero, porque la mayoría de narcotraficantes busca, a través de sus abogados, interponer recursos hasta que los procesos prescriban. Y segundo, porque así los narcos no hayan cancelado la multa no se les puede negar la libertad.

Por eso la fórmula que inicialmente buscó el gobierno para evitar la salida de los hermanos Rodríguez Orejuela no le funcionó. Según el ministro del Interior y de Justicia, Fernando Londoño, los ex jefes del cartel de Cali le deben a la Nación 200.000 millones de pesos. Esa gigantesca deuda va a ser bien difícil de cobrar. En 1995, cuando fueron condenados, se les impuso la multa equivalente al monto del delito cometido por narcotráfico y enriquecimiento ilícito y se ordenó embargarles los bienes, las sociedades y las cuentas bancarias para asegurar el pago. Pero de la multa no han pagado un solo peso con el argumento de que no tienen plata.

En la lista de morosos no están sólo los jefes del disuelto cartel de Cali. Hay 12.000 colombianos más, condenados por narcotráfico, que no han cumplido con el pago de las multas impuestas por la justicia.

La oficina de cobro coactivo de la Dirección Nacional de Estupefacientes -un despacho de apenas 29 personas que hacen un gran esfuerzo por cumplir con su tarea- tuvo que clasificar las deudas por grupos. Una lista es del cartel de Cali; otra del norte del Valle y otra del cartel de Medellín. Otra más es de mulas, distribuidores o transportadores de drogas ilícitas que tienen pendientes pagos más pequeños.

En la lista de los del cartel del norte del Valle unos ya están muertos y otros salieron de las cárceles después de cumplir sus condenas y, a pesar de sus millones mal habidos y el daño causado a la sociedad, no le pagaron nada al Estado.

Juan Carlos Ramírez Abadía, alias 'Chupeta', del cartel del norte del Valle, fue condenado a 13 años de prisión por exportar 30 toneladas de cocaína entre 1987 y 1995. Por estos cargamentos de droga recibió 4.000 millones de pesos. El juez le impuso una multa de 2.000 millones pero salió de la cárcel en 2001 sin pagar la deuda.

A Juan Carlos Ortiz Escobar, alias 'Cuchilla', un juez lo condenó a 11 años de prisión. Recobró su libertad a los cinco años y fue asesinado cuando salió de la cárcel. Jamás pagó la deuda de 138 millones de pesos.

El ex suboficial del ejército y jefe de seguridad de Miguel Rodríguez Orejuela, José Arnoldo Estrada Ramírez, fue condenado a siete años de prisión y aún debe 1.700 millones de pesos.

El juez establece esas multas de acuerdo con la gravedad del delito y la capacidad económica del condenado. Por ejemplo, en el caso de Leonidas Vargas, jefe del cartel de Caquetá, el juez lo condenó a 19 años de cárcel y a una multa de 4.000 millones de pesos, también morosa.

Se pudiera pensar que cuando el Estado embarga los bienes de los condenados para cobrarse las multas eventualmente recupera el dinero. No obstante este camino ha resultado tan tortuoso como poco fructífero. Un proceso de extinción de dominio puede durar hasta 10 años, como en el caso del Edificio Mónaco de Pablo Escobar. No siempre resulta favorable al Estado pero en las ocasiones en que se le quita efectivamente el bien al narcotraficante condenado, y el Estado procede a rematarlo, aparece una práctica perversa. En el primer remate se ofrece por el ciento por ciento del valor del inmueble y nadie lo compra. En el segundo remate se baja ese valor hasta el 70 por ciento sin ningún resultado. Y cuando la propiedad ya se deja a mitad de precio los mismos dueños, a través de testaferros, lo compran de nuevo. Varias administraciones de Estupefacientes no han podido hacer más expedito este proceso ni evitar los trucos.

El nuevo gobierno ha dicho que quiere poner la casa en orden y propone que se modifique la ley de extinción de dominio para que los procesos en los juzgados no duren años. Además, si se consiguen herramientas jurídicas más ágiles, Estupefacientes podría disponer de los 65 millones de dólares que se les han incautado a los narcotraficantes.

Y para los cobros jurídicos se buscaría a un grupo de abogados civilistas que se le midan a cobrarles las deudas a los narcotraficantes y recuperar la cartera morosa, o sea el medio billón de pesos, que le deben a la Nación.

El desafío de recuperar estos dineros y hacer a los delincuentes realmente pagar por el perjuicio que le causaron al país está en manos de su nuevo director, el coronel retirado del Ejército Alfonso Plazas, que se hizo famoso por la frase que soltó en la cuestionada operación para retomar el Palacio de Justicia hace 17 años. Ahora, parafraseándolo, le va a tocar estar "ahí quitándoles la plata a los narcos, maestro".

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