NEGROS NUBARRONES

Negros nubarrones aparecen en el panorama nacional a escasos 60 días de la posesión de Betancur. La popularidad del gobierno, derivada de lo que se ha calificado como apertura democrática, al parecer ha desdibujado la inmensa gravedad del malestar social que se refleja en la cadena sin precedentes de paros cívicos declarados en las últimas semanas. Normalmente este fenómeno se intensifica cuando los gobiernos tienen el sol a las espaldas y se han perdido las ilusiones de que sean rectificadas sus causas. Por ésto desconcierta, en medio del optimismo y la esperanza suscitados por el gobierno nacional, que se hayan podido presentar más de media docena de ultimatums por las vías de hecho en todo el país, con un elevado saldo de detenidos, heridos y tres muertos. No es exagerado aventurar que, considerando la inusitada explosión de paros cívicos, las guerrillas están pasando a un segundo plano en lo que se refiere a manifestaciones de oposición .
Hace apenas dos meses, 200 mil habitantes del Sarare protagonizaban el primer paro cívico que tuvo que enfrentar el gobierno de Betancur. La incomunicación y el aislamiento motivaron la protesta. Poco tiempo después era Caucasia la que demandaba por los altos costos de los servicios. Y en Cali se vio perturbado el orden público por intentos de desalojos en zonas de tugurio. Eran los primeros campanazos de un malestar social gestado, entre otras razones, por la crisis extendida de los servicios públicos. Se empezaba a poner a prueba la nueva administración. Y no serían casos aislados, como lo han demostrado los movimientos cívicos registrados durante las últimas semanas en el oriente de Antioquia, Caldas, Risaralda, Cundinamarca, Meta y Putumayo.
Betancur, quien ha venido anotándose lo que algunos califican como "una carrera de éxitos políticos", también le salió al paso a esta situación. No sólo impartió órdenes a los agentes del gobierno en los diferentes lugares del país donde había paros cívicos, para tratar el problema, sino que, através del ministro de Minas y Energía, Carlos Martínez, el 14 de octubre tomaba la medida de congelar las tarifas de energía, haciéndola retroactiva al 1 de octubre y hasta diciembre de 1983. Era un intento para "poner coto" momentáneamente a lo que parece ser el quid de la mayoría de los paros cívicos que han venido gestándose a lo largo y ancho del territorio nacional: el alza de las tarifas de energía (ver recuadro). Al mismo tiempo, en lo que parecía un reparto de papeles, Betancur, con su estilo habitual, se pronunciaba en el sentidode "oír a la gente, tratarla bien y proceder a corregir las injusticias" mientras que el ministro de Gobierno Rodrigo Escobar, pedía a los colombianos abstenerse de recurrir a las vías de hecho para elevar sus protestas.
Los paros y movimientos cívicos, especialmente a partir de 1965, parecen ser la forma preferida por los colombianos para expresar su descontento ante el gobierno, cuando otros medios han fallado. A diferencia de las huelgas obreras, cohesionan más amplios sectores de la población porque, por regla general, tienen como objetivo exigencias para la solución de problemas inmediatos de carácter local que afectan a toda la comunidad. Hay quienes afirman que los paros cívicos se presentan con mayor frecuencia en ciudades pequeñas e intermedias que, por algunas características del desarrollo urbano, de pronto pasan de ser pueblos para convertirse en ciudades donde, sin embargo, se sigue disponiendo de la misma infraestructura de servicios, del mismo número de escuelas, de centros de salud, que antes de su crecimiento. Lugares que, en cierta forma, experimentan con más rigor los efectos negativos de la descentralización administrativa y las crisis presupuestales de los departamentos.
Como sucede generalmente en este tipo de movimientos populares, el detonante fue el problema de los servicios públicos: el agua que falta, la luz que no llega o es muy costosa. Y Antioquia fue el epicentro. Una vez más, después de cuatro años, el oriente antioqueño, encabezado por Marinilla y Rionegro, se organizó en comités cívicos para pedir la desvinculación de la Electrificadora de Antioquia -la intermediaria del suministro de energía- y enfiló batería contra el alza de las tarifas de energía. Su primer brote había sido el 10 de septiembre y su resultado, 512 personas detenidas.
Luego había venido una tregua, rota el pasado 11 de octubre. Manifestaciones, mítines y marchas regionales avivaron el conflicto que abarcó 14 municipios, posteriormente militarizados. Más de 150 personas fueron detenidas y en Rionegro la catedral fue ocupada. Sin embargo, después de las medidas oficiales y previo un acuerdo sobre un pliego de condiciones, el paro fue levantado el viernes en las horas de la noche.
No muy lejos de allí, el 11 de octubre estallaba otro paro cívico en Caldas. Eran las seis de la mañana. Los pobladores de Riosucio habían emprendido labores para bloquear las vías de acceso a la carretera troncal de occidente y organizaban mítines de protesta contra el alza de tarifas decretada por la Electrificadora de Caldas. No eran todavía las nueve de la mañana cuando la presencia de la fuerza pública caldeó los ánimos. El capitán Guillermo Vélez disparó contra un joven de 23 años, Henry Estrada. Las acciones se recrudecieron y el resultado fue más de una docena de heridos y tres muertos, trágico saldo que llevó al establecimiento del toque de queda y la le y seca.
Betancur envió como delegado para buscar soluciones al actual presidente de la Comisión de Paz, Otto Morales Benítez, a quien, según se afirma, se le impidió el acceso. Mientras tanto, la alcaldesa de Riosucio señalaba que parte de la culpa de los resultados trágicos era del gerente de la Electrificadora quien habría dilatado la pronta solución de los problemas.
Simultáneamente, en Puerto Asís, Putumayo,se establecía el toque de queda y la ley seca como medidas preventivas, al cumplirse 8 días de paro cívico que mantienen paralizada a la Intendencia y la explotación de crudos en Orito y La Hormiga que producen entre 20 y 25 mil barriles diarios. El paro había sido declarado el 4 de octubre para llamar la atención del gobierno sobre la grave situación de abandono en que está sumida la intendencia en materia de salud, educación, servicios y comunicaciones.
Por su parte, el 6 de octubre, 30 mil habitantes del casco urbano de Tocaima entraban en paro para protestar por la deficiencia de los servicios de agua y luz y la elevación de las tarifas de energía. Y el 11 de octubre, la carretera Bogotá-Villavicencio quedaba bloqueada durante cuatro horas como medida de protesta por la emergencia en el suministro de agua y la falta de recursos para la construcción de un acueducto definitivo para la ciudad. Un día después, a la medianoche, La Virginia iniciaba otro paro para pedir la congelación de las tarifas de agua y luz. En Leticia los habitantes amenazaban con otro movimiento para reclamar al gobierno por la falta de luz y la insuficiencia del servicio de agua.
Un rosario de paros que llevó al gobierno a congelar las tarifas de energía. Una medida que ha acallado transitoriamente las protestas, pero que de ninguna manera ataca la raíz del problema. La "upaquización" de las tarifas que se había establecido era de por sí una forma mínima para recaudar recursos indispensables para el desarrollo del sector eléctrico que demanda elevadas inversiones. Si los recaudos por tarifas no aumentan ¿quién paga lo que deja de recaudarse? Es obvio que el Estado tendrá ahora que asumir una carga extra, que incrementará un déficit que en la actualidad ya es de 27 mil millones de pesos. Esto significa que, paradójicamente, se estará subsidiando el consumo de electricidad a quienes tienen mayor capacidad de pago.