"No habrá perdón ni olvido para los Nule": Vicefiscal general de la Nación

Es cierto que Manuel, Miguel y Guido Nule, así como Mauricio Galofre podrían pagar tan solo siete años y cinco meses de cárcel por el delito de peculado (el único que aceptaron dentro de su participación en el 'carrusel de la contratación'). Sin embargo antes de que eso sea una realidad tendrá que pasar un año. Doce meses será el tiempo en que se suspenderán las acciones penales por los delitos (fraude procesal, falsedad en documento, concusión y concierto para delinquir) a los que no se allanaron.

El anuncio fue hecho este viernes ante el juez 36 de conocimiento. Y dependerá de qué tanta (y válida) información suministren los Nule a la Fiscalía lo que permita que su pena definitiva termine siendo la que están pagando por peculado.

Por eso, la diligencia de acusación para dar inicio al juicio, que se aplazó por cerca de un año, no se realizará. Mientras tanto, los Nule permanecerán recluidos en las casas fiscales de La Picota, en donde, por ahora, pagan su pena de siete años y cinco meses por el cargo que reconocieron.

La decisión de la Fiscalía de solicitar la interrupción de la acción penal se conoce dos semanas después de que los Nule alzaran su voz en protesta por lo que ellos señalan ha sido un proceso parcial. "Nos sentimos atropellados, lo que estamos sintiendo es que hay una serie de acciones que generan una duda sobre la imparcialidad de este juicio", dijo Miguel en audiencia pública.

A su protesta se sumó la de Guido, quien dijo: "Pareciera que hubiera un código penal diferente para los Nule al de los demás ciudadanos”.

Su reclamo tuvo efecto. Aunque el fiscal del caso (y vicefiscal general de la Nación) Ricardo González asegure que la interrupción de la acción penal no significa la renuncia de esta. "No habrá perdón, ni olvido, ni libertad para los Nule", sostuvo González en diálogo con Semana.com.

"El único beneficio por ahora será que la acusación no se hará", dijo el vicefiscal, quien además señaló que Miguel, Manuel, Guido y Mauricio deberán acudir en calidad de testigos a los juicios que se adelanten contra los otros involucrados en el ‘carrusel de la contratación de Bogotá’, entre los que está el exalcalde Samuel Moreno.

"Tendrán que entregar documentos, grabaciones y todo lo que permita seguir destapando las irregularidades en la contratación", dijo González. Pero no solo en lo que tiene que ver con Bogotá.

"Esperamos empezar a destapar el carrusel de la contratación nacional. Y para eso podría ser importante la información que nos ofrezca los Nule", sostuvo González, quien reiteró que se está cerca de empezar a hablar de las irregularidades que se dieron en los procesos de contratación en todo el país.

Sin embargo, según dijo Daniel Largacha, uno de los abogados que defiende a los Nule, a Semana.com "por ahora se ha hablado de colaboración frente al tema distrital (de Bogotá), porque ahí aún quedan muchos aspectos por investigar, muchas personas por señalar".

Y el abogado hace referencia a casos como el de Álvaro Dávila y algunos contratistas que han sonado dentro del escándalo, pero también a muchos otros, cuyos nombres aún son desconocidos para la opinión pública. "La mayoría de responsables están libres (...) hay por lo menos unos 50 involucrados en el caso de Bogotá, de los cuales tan solo cinco o seis están en procesos firmes", sostuvo Largacha.

El jurista es enfático en decir que la intención de los Nule siempre ha sido la misma: "colaborar con la administración de justicia. Ese fue un acuerdo desde el principio y ellos siempre han estado dispuestos".

Y aunque varios meses tuvieron que pasar antes de que la Fiscalía tomara la decisión que se conoció este viernes, el acta sobre este principio de oportunidad se firmó en mayo del 2011. En ella, en donde aún actuaba el fiscal Germán Pabón, se estipulaba que el principio se aplicaría a través de la suspensión del procedimiento penal en contra de los procesados a partir del momento en que un juez de control de garantías declare legal la aplicación del principio de oportunidad a su favor y por el término de un año.

Según la misma acta, conocida por Semana.com, durante el periodo (12 meses) los imputados deberán cumplir con algunas obligaciones como acudir a las citaciones que hagan las autoridades judiciales, reparar de forma integral a las víctimas de conformidad con los mecanismos establecidos, manifestar públicamente el arrepentimiento por los hechos que se les imputaron y cooperar activa y efectivamente para evitar la continuidad en la ejecución del delito y la comisión de otros delitos.