El informe de la Defensoría del Pueblo llamado “Radiografía de los derechos humanos en Colombia: cifras clave para decidir” advierte los graves hechos de violencia que ocurren en los diferentes departamentos de Colombia. En uno de sus apartados habla de la grave expansión territorial de los grupos armados ilegales que colocan en jaque la tranquilidad de las comunidades.
La defensora del pueblo, Iris Marín, entregó al Gobierno de Abelardo De La Espriella una compleja radiografía de la violencia y de graves hechos contra los derechos humanos en las regiones de Colombia. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/iKnUDP3Ci6
— Revista Semana (@RevistaSemana) August 24, 2026
Son cientos de municipios en todo el territorio nacional donde ilegales pueden imponer sus propias reglas y tomar decisiones. Según las cifras presentadas en las infografías del informe, las disidencias de las Farc tienen presencia en 372 municipios, mientras que el Ejército de Liberación Nacional (ELN) aparece en 260 municipios. A esto se suma el Clan del Golfo, cuya presencia se extiende a 509 municipios.
Lo que ha llamado la atención es que los insurgentes no solo se encuentran en zonas históricamente golpeadas por la violencia, sino que han llegado a otros territorios del país.
“En este contexto, las respuestas estatales en materia de seguridad deberán atender las nuevas dinámicas de violencia, garantizando que la protección de la población civil y el respeto por los derechos humanos sean ejes orientadores de la acción pública”, manifestó la entidad.
La Defensoría del Pueblo dijo que todo es evidenciado mediante el Sistema de Alertas Tempranas, que es precisamente uno de los instrumentos utilizados para advertir esos riesgos y para lograr identificar escenarios en los cuales la población puede quedar expuesta a vulneraciones de derechos humanos y del Derecho Internacional Humanitario.
Otra de las cifras que han llamado poderosamente la atención es que, entre 2019 y el 18 de julio de 2026, se registraron 651 masacres, lo que cobró la vida de 2.380 personas en todo el país, según cifras del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz).
Asimismo, revelaron que el confinamiento y el desplazamiento forzados de familias enteras es uno de los fenómenos que se siguen registrando en zonas donde los grupos ilegales imponen sus reglas.
La Defensoría informó que entre 2017 y 2026 fueron asesinados 521 firmantes del Acuerdo de Paz. También señalaron que para agosto de 2026, registraron 11.000 firmantes que permanecían en proceso de reincorporación, de acuerdo con información de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización.
Frente al reclutamiento de menores de edad por parte de los grupos irregulares, pasaron de 318 en 2024 a 420 durante 2025, un incremento de aproximadamente un 32 % en apenas un año, lo que ha prendido las alarmas de las autoridades.