'Es crucial avanzar en implementación integral del Acuerdo de Paz': ONU

Luego de la masacre ocurrida el sábado en la noche en Samaniego (Nariño), en la que murieron 8 jóvenes menores de 26 años, el equipo de país de Naciones Unidas en Colombia hizo un pronunciamiento en conjunto con la Misión de Verificación de ese organismo, en el que indicaron que "es crucial avanzar y profundizar la implementación integral del Acuerdo de Paz, especialmente en su capítulo 3.4, sobre garantías de seguridad, que ofrece mecanismos e instrumentos de prevención, protección y seguridad".

La ONU puso sobre el tapete que, en lo que va corrido de este año, la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos ha documentado 33 masacres y viene dando seguimiento a 97 asesinatos de personas defensoras de derechos humanos, de los cuales, a la fecha, ha verificado 45 homicidios.

De igual manera, puso sobre el tapete las estadísticas de la Misión de Verificación de Naciones Unidas, según las cuales ha verificado 41 asesinatos de personas en proceso de reincorporación durante el primer semestre de 2020. Esto implica que ha habido un aumento del 10 por ciento de los asesinatos contra estas personas, en comparación con igual periodo de 2019. 

Las cifras que incluyó la ONU en su pronunciamiento expresan que un total de 215 excombatientes han sido asesinados desde la firma del Acuerdo de Paz en noviembre de 2016.

El llamado urgente del organismo internacional es a que la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad avance en "el diseño e implementación de la política pública de desmantelamiento de las organizaciones criminales y sus redes de apoyo, como parte de los esfuerzos por consolidar el despliegue y la acción integral del Estado, especialmente en las zonas más vulnerables y afectadas por el conflicto". 

Para Naciones Unidas es imperativo que las autoridades competentes actúen en "fortalecer las medidas adoptadas y realizar todas las acciones necesarias para eliminar esta violencia y a no escatimar esfuerzos en investigaciones y judicializaciones de quienes atentan contra las garantías de seguridad de las comunidades".