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| 4/12/2012 12:00:00 AM

Ordenan detención domiciliaria contra empresario Guillermo Gaviria

La Fiscalía ordenó la medida de aseguramiento al padre del actual alcalde de Medellín, bajo la acusación del delito de concierto para delinquir, supuestamente por haber mantenido nexos con grupos paramilitares.

Ordenan detención domiciliaria contra empresario Guillermo Gaviria El empresario Guillermo Echevery Gaviria, propietario también del diario El Mundo de Medellín. Foto: Archivo SEMANA/El Colombiano
Una medida de aseguramiento consistente en detención domiciliaria fue dictada el jueves por la Fiscalía General de la Nación en contra del empresario Guillermo Gaviria Echeverry, bajo cargos que implican presuntos nexos con grupos armados de extrema derecha.
 
Previo a la medida, el confeso exjefe paramilitar Raúl Hasbún, alias 'Pedro Ponte' o 'Pedro Bonito', señaló a Gaviria Echeverry –padre del actual alcalde de Medellín, Aníbal Gaviria Correa, y del inmolado gobernador de Antioquia, Guillermo Gaviria Correa- de ser uno de los empresarios bananeros que mantenían lazos con los grupos de autodefensa en Urabá.
 
A mediados del 2010, Hasbún aseguró que empresarios agrícolas de la zona bananera de Urabá y demás sitios donde tenían presencia las autodefensas hicieron aportes económicos de forma voluntaria y que en cabeza de Gaviria Echeverry estaba la responsabilidad de entregarles los recursos.
 
El empresario, que tiene cerca de 90 años, desmintió al diario El Espectador al exparamilitar y afirmó jamás haber hecho aportes a grupo armado ilegal alguno, pero sí dijo haber pagado millonarias extorsiones para evitar el accionar de paramilitares o guerrilleros en contra de sus empresas o su familia.
 
Hasbún, por su calidad de empresario bananero y conocedor del negocio, fue el encargado de diseñar el pago de tres centavos de dólar por caja cobradas a las empresas comercializadoras de banano en el Urabá antioqueño para financiar a las AUC a través de la fachada de cooperativas de vigilancia y seguridad.
 
Recientemente Hasbún fue sentenciado a 24 años de cárcel por su participación y responsabilidad en la masacre de cinco campesinos en San José de Apartadó, en el Urabá antioqueño, en hechos registrados en el 2000.

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