"Para las ONG soy un plato suculento"

Luego de pasar un año y tres meses en la cárcel española de Soto del Real, el lunes fue extraditado a Colombia el ex ministro de Desarrollo y ex embajador ante la Unión Europea Carlos Arturo Marulanda. El político está acusado desde 1999 de conformación de grupos armados y terrorismo por un hecho ocurrido tres años antes. El 14 y 15 de febrero de 1996 un grupo armado incursionó en la hacienda Bellacruz, de propiedad de su familia, en el departamento del Cesar, y desalojó por la fuerza, a más de 200 familias campesinas que ocupaban los terrenos. Algunos testigos de los hechos lo denunciaron como autor intelectual y la Fiscalía libró en su contra orden de captura con fines de extradición, la misma que, tras un largo proceso en España, se efectuó hace unos días. El tiene una versión distinta.

SEMANA: A raíz de lo sucedido hace seis años en la hacienda Bellacruz, a usted lo señalan como paramilitar. ¿Eso es cierto?

CARLOS ARTURO MARULANDA: Yo no soy paramilitar. Cómo voy a ser paramilitar si llevaba 11 años por fuera de Colombia. Ese no es mi proceder ni mi manera de pensar. Es más, jamás hubiera actuado así con esas familias campesinas. Ojalá yo tuviera la oportunidad de hablar con ellos, con los campesinos, para que entendieran la verdad sobre mi situación.

SEMANA: ¿Cómo espera que cambie ahora esa situación?

C.A.M.: Yo luché durante años para que se me hiciera la indagatoria en el exterior pero no lo logré. Ahora aspiro a que la Fiscalía tenga en cuenta infinidad de pruebas que están en el proceso y que demuestran que yo jamás participé en esos hechos.

Yo no sabía absolutamente nada de lo que iba a suceder esos días en la hacienda Bellacruz. Me encontraba en Bruselas desde hacía cinco años, en el cargo de embajador ante la Unión Europea, Bélgica y Luxemburgo, y a la hacienda Bellacruz no iba desde 1987.

SEMANA: ¿Qué pruebas son las que usted dice que hay en el expediente que van a demostrar su inocencia?

C.A.M.: Son muy claras. Hay infinidad de testimonios con los cuales se va a demostrar que yo jamás participé y que no tenía ninguna injerencia en la dirección y administración de esa propiedad. Yo era un simple socio, como cualquier otro de la sociedad, propietaria del predio desde 1970, con una participación del 12,5 por ciento.

Y sobre lo que ocurrió allí, consta en denuncias que presentaron 45 campesinos el mismo día 15 de febrero de 1996. Treinta y nueve de ellos, se presentaron ante la personera de Pelaya, Cesar, doctora María del Pilar Lobo Martínez, y los seis restantes, ante la personera de La Gloria, doctora Ana María Santodomingo.

Según las denuncias, en la noche del 14 y madrugada del 15 un grupo de personas armadas (alrededor de 20), vestidas unas de civil y otras de militar, se hizo presente en los ranchos que aquellos campesinos tenían en predios que habían invadido de la hacienda Bellacruz y los amenazaron verbalmente, conminándolos a desocuparlos en un plazo de cinco días, cosa que hicieron.

Después, ante la Fiscalía, varios campesinos han declarado bajo juramento exactamente qué pasó. Por ejemplo, hay un testimonio de un campesino llamado Brigadier Ropero Mora que declaró el 3 de mayo de 2000, y explicó por qué le interesaba vincularme al proceso. Le leo textualmente: "Puedo hablar con toda la franqueza que las ONG que nos acompañaron dentro de su trabajo por la defensa de los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario, les interesa en particular vincular nombres que sean de alta admiración por la sociedad". Así como este testimonio hay muchos más que reposan en el expediente y que estoy seguro que la Fiscalía tiene que valorar.

SEMANA: ¿Quiere decir que hay una persecución de las ONG contra usted?

C.A.M.: Para las ONG yo soy un plato suculento. Era una oportunidad demasiado buena para algunas de esas organizaciones involucrar a un ex ministro y ex embajador en la presunta violación de derechos humanos que ya no sólo correspondía a militares y a policías, como aducen generalmente, sino ahora al propio embajador de Colombia en Bruselas, epicentro del poder en la Unión Europea, donde además el tema de derechos humanos tiene alta prioridad. Eso les ayuda a tener mayor renombre y recursos para su financiación. Algunas ONG actuaron de esa manera.

SEMANA: ¿Cuáles ONG?

C.A.M.: Las ONG involucradas son Anuc-UR y Minga, principalmente. Pero también hicieron presencia otras como Fundación Cspp, Comisión Colombiana de Juristas, Grupo de Apoyo a Desplazados, Brigadas Internacionales de Paz, Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos e Instituto Latinoamericano de Servicios Legales.

SEMANA: ¿En qué forma incidieron esas ONG en el proceso judicial?

C.A.M.: En 1997, un año después de lo ocurrido en Bellacruz apareció una nueva versión. Se afirma que el personal armado actuaba por orden del 'dueño' de la hacienda y que ese sería Carlos Arturo Marulanda. Lo que hace pensar que esas nuevas declaraciones fueron manipuladas o amañadas. Le insisto. Al día siguiente de ocurridos los hechos 45 de los desplazados jamás me involucraron. Ninguno oyó mi nombre. Ninguno lo mencionó. Es más, entre marzo y junio de 1996 se realizaron unas negociaciones de alto nivel entre el gobierno, los campesinos y las ONG que los asesoraban. Lo tratado consta en 48 folios de actas públicas firmadas hasta por el propio ministro Horacio Serpa, amén de los delegados de la Procuraduría, Fuerzas Militares y Policía, entre muchas otras. Ese escenario hubiera sido necesariamente el propicio para denunciarme. Pero mi nombre no se mencionó allí ni una sola vez. Y un año después aparecen unas versiones contrarias que hacen pensar que hubo todo un montaje.

SEMANA: ¿En el expediente figuran muertos por lo sucedido en Bellacruz?

C.A.M.: Tal como informa el relato de los campesinos, no se disparó una sola arma, no se detonó un artefacto, no hubo heridos, ni muertos, ni secuestros.

SEMANA: ¿Qué otras pruebas hay contra usted?

C.A.M.: Ninguna. No existe una sola prueba, ni siquiera un indicio, que demuestre que Carlos Arturo Marulanda supo con anterioridad y apoyó esos hechos. No puede existir porque yo ignoraba todo. Por eso le reitero el enorme daño profesional y familiar que estas organizaciones me han hecho.

SEMANA: ¿Por qué dejó pasar tanto tiempo para aclarar los hechos y esperó hasta que lo extraditaran?

C.A.M.: Por iniciativa propia siempre me acerqué y me puse a disposición de la Fiscalía General a fin de que pudiera constatar que yo no tenía ninguna relación con los hechos de Bellacruz. Lo hice desde Bruselas en 1996, y luego en Bogotá en abril de 1997 ante el propio fiscal general, Alfonso Valdivieso Sarmiento, y ante la entonces directora de la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía, María Claudia Pulido.

SEMANA: ¿Qué cargos tenían contra usted en ese momento?

C.A.M.: Ninguno. Presenté voluntariamente una declaración como testigo. Me interesaba demostrar que no tenía ninguna responsabilidad ni directa ni indirecta en este caso y me urgía que la Fiscalía General esclareciera mi situación personal y la certificara ante la opinión pública nacional e internacional.

SEMANA: ¿Entonces en qué momento se produce su vinculación?

C.A.M.: A mediados de enero de 1999.

SEMANA: Por esa época el fiscal era Alfonso Gómez Méndez, ¿no es así? ¿Cómo explica usted que de simple declarante voluntario haya pasado a ser en 1999 formalmente acusado?

C.A.M.: Sí, para entonces el entorno de las ONG ya mencionadas habían conseguido de algunos campesinos una declaración distinta a la que habían dado el mismo día de los hechos, como lo expliqué anteriormente. El caso es que, de la noche a la mañana, de colaborador con la Fiscalía resulté formalmente investigado por terrorismo y formación de bandas armadas. Para ese momento la directora de Derechos Humanos ante la cual yo había hecho mi primera declaración no estaba ya en ese cargo. El expediente pasó de un fiscal a otro.

SEMANA: ¿Por qué se califican los hechos como terrorismo?

C.A.M.: Buscando sensacionalismo. Si esos hechos hubiesen ocurrido en Bogotá, respecto a un lote de terreno urbano invadido, nunca se habrían calificado como "terrorismo" o "como formación de banda armada". Así mismo, en un contexto urbano, una conminación a desocupar con amenazas verbales e incruentas jamás habría dado para un proceso judicial como el que se me sigue, ni para una noticia de primera página.

SEMANA: ¿Para usted quién o quiénes son los verdaderos culpables?

C.A.M.: La justicia tiene la obligación de encontrar a los responsables, para que los inocentes salgamos a flote.

SEMANA: ¿Qué le ha enseñado la experiencia que le tocó vivir?

C.A.M.: En estos 14 meses de cárcel he aprendido a valorar dos atributos: la paciencia y la serenidad.