Aumentan disturbios en el paro cívico en Urabá

Dos peajes de ocho mil pesos cada uno en menos de 29 kilómetros tienen molestos a los habitantes del Urabá antioqueño. Fueron instalados en la vía por la que decenas de personas se mueven a diario a sus trabajos, al colegio, a la universidad o a los centros de salud. Las casetas de la discordia tienen paralizada la región que considera injusto pagar por movilizarse, como si pusieran un peaje en la Avenida 26 de Bogotá, o en la Avenida Guayabal de Medellín.

Las protestas, que empezaron el miércoles, fueron convocadas por el Comité de iniciativa por la reubicación de los peajes, como se han hecho llamar un grupo de ciudadanos afectados con la medida. Habían desarrollado en calma hasta que en la noche del miércoles, en Chigorodó, se sitieron las primeras  explosiones y se conoció la noticia de la muerte de un ciudadano, que hasta el momento no ha sido identificado.

El coronel Luis Eduardo Soler, comandante de la Policía Urabá, aseguró que los disturbios están siendo controlados, aunque mientras las partes no se sienten a hablar parece que no se levantará el paro: “Tenemos controles en diferentes lugares, el Esmad está haciendo lo pertinente y esperamos que se le dé solución al problema. Hubo un muerto en el día de ayer (miércoles) en las protestas de Chigorodó. Se está haciendo el levantamiento, se había demorado porque los disturbios lo habían impedido. Se está esperando a ver si la herida fue con arma blanca o arma de fuego”.

Según el coronel Soler, ya el Esmad estaba despejando la vía que conduce al mar, pues la congestión vehicular, que tiene parado el comercio y los puertos, alcanzan un estancamiento de más de cinco kilómetros. Sin embargo, según información entregada por fuentes del cuerpo de Bomberos, los manifestantes habían prendido fuego a la terminal de transportes de Chigorodó.

Iván Acevedo, comerciante y miembro del Comité, lamentó que el paro pacífico al que habían convocado se convirtiera en una batalla campal y que desviaba la atención de un problema que está afectando a todos los urabaenses, una población donde el 73 por ciento de los habitantes pertenecen a los estratos cero, uno y dos, quienes deben moverse por la vía.   

“Son dos pesajes, sólo el de Río Grande tiene una afectación sobre 89 mil personas que viven en ese corregimiento y otros de El tres, Currulao, Nueva Antioquia y Nueva Colonia; tienen afectación directa porque se tienen que mover a Apartadó y Turbo. Un pasaje en taxi-colectivo vale 5.000 pesos, y el peaje vale 8.100, esa plata va a terminar subiendo el pasaje a 7.000 pesos, un incremento altísimo que no se ve ni en la capital del país. Lo que proponemos es una reubicación de esos peajes, que estén a la entrada y la salida del Urabá y no en medio de poblaciones donde la gente se mueve como en una gran área metropolitana”.

John Jaime Urrea, también comerciante y miembro del Comité, aseguró que esta es la negociación de la silla vacía: “Entramos en paro, enviamos propuestas, pero ni el Gobierno, ni Autopistas de Urabá, ni la Gobernación, ni la ANI nos han prestado atención”. Urrea aseguró que las manifestaciones de violencia han sido rechazadas por el Comité, que ha estado resolviendo inconvenientes desde que empezaron el miércoles en la noche en Chigorodó: “Estuvimos hasta las cuatro de la mañana calmando a la gente”.

Tanto Acevedo como Urrea rechazaron las declaraciones de la secretaria de Gobierno de Antioquia, Victoria Eugenia Ramírez, cuando aseguró que el paro era incentivado por las bacrim que operan en la región. “Nosotros somos comerciantes que trabajamos todos los días, tenemos familias, hijos, pagamos impuestos, no somos ningunos delincuentes”, dijo Acevedo y aseguró que ya hay una demanda, pues las palabras de Ramírez pone en riesgo a los miembros de Comité.  

Por ahora la única reacción de las autoridades ante el paro es la de la Superintendencia de Puertos y Transporte, que abrió investigación preliminar contra Coointur, Sotraurabá, Sotragolfo, Sotracor, Transportes Gómez Hernández y Cootransur Occidente para determinar por qué frenaron sus actividades en la Terminal de Transporte de Apartadó”.

SEMANA trató de hablar con el gobernador Luis Pérez y con la secretaria Victoria Eugenia Ramírez pero no ha sido posible conocer su versión.