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El paro de los pilotos de Avianca se prolongó por 51 días a finales de 2017. Tras esto, los tribunales especializados en asuntos laborales concluyeron que la huelga fue ilegal. El sindicado de ACDAD se juega su última carta en la Sala Civil de la Corte Suprema, ante la que insiste que el cese fue legal.

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El paro de Avianca, ¿última batalla?

La Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia analiza, una vez más, si el paro de los pilotos de Avianca fue legal o no. La decisión genera un choque de trenes en el Palacio de Justicia y pánico entre la clase empresarial.

7 de julio de 2018

El próximo miércoles, los magistrados de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia decidirán –luego de tres semanas de intensas discusiones– el último recurso que le queda a la Asociación Colombia de Aviadores Civiles (Acdac) para reversar la declaratoria de ilegalidad del histórico paro que adelantaron contra Avianca a finales del año pasado.

Al magistrado Octavio Augusto Tejeiro, de la Sala Civil, le correspondió ser ponente de la tutela interpuesta por Acdac contra la sentencia que sus colegas de la Sala Laboral habían dictado en noviembre del año pasado. En esa decisión la Corte Suprema confirmó que la huelga de los pilotos era ilegal, tal y como ya lo había hecho el Tribunal Superior de Bogotá en primera instancia.

Si la nueva decisión resulta contraria a lo fallado inicialmente, se genera un vacío jurídico y no es claro qué implicaciones tendrá para las decisiones que fueron adoptadas por Avianca.

La Justicia encontró que el paro no fue legal porque se adelantó burlando varios artículos del Código Sustantivo del Trabajo. Según la normatividad vigente, para adoptar la huelga se requería, primero, que los trabajadores votaran de forma secreta, personal e indelegable y, segundo, la participación de la mayoría absoluta de los empleados de la empresa o de la asamblea general de los afiliados al sindicato o sindicatos que agrupen más de la mitad de aquellos trabajadores.

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La corte señaló que esto no se cumplió, pues la determinación fue tomada por un sindicato minoritario. “De más de 8.000 trabajadores, tan solo 699 habían votado a favor de la huelga, por lo cual la decisión no fue adoptada con las mayorías legalmente exigidas”, dice la sentencia. La corte también consideró que el transporte aéreo en Colombia es catalogado por el legislador como un servicio público esencial, y por tanto su suspensión ponía en riesgo la salud, la seguridad y la vida de la población. Para sustentar este argumento los togados recogieron jurisprudencia de la Corte Constitucional que ratifica la condición esencial del transporte aéreo en el país. El fallo de la Sala Laboral fue suscrito por cinco magistrados, otros dos togados se apartaron salvando voto.

Esa decisión es la que ahora está recurrida a través de una tutela presentada por Acdac y que está en manos de la Sala Civil. La sola decisión de haber admitido la tutela ha generado gran controversia y se anticipa un fuerte choque de trenes tanto dentro como fuera del Palacio de Justicia, donde ha encendido las alarmas de los empresarios.

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Para el sector privado es un antecedente nefasto para la estabilidad jurídica, fundamental en los negocios. Que el fallo de una sección de la máxima corte sea escogido para revisión por otra sala genera incertidumbre sobre cuándo tendrá por fin un punto final la disputa. Además, si la nueva decisión resulta contraria a lo fallado inicialmente, se genera un vacío jurídico y no es claro qué implicaciones tendrá para las decisiones que fueron adoptadas por Avianca. En otras palabras, nadie sabe qué pasará con las sanciones impuestas, los llamados disciplinarios y los despidos de 82 de los 700 pilotos que protagonizaron esta huelga, en caso de que ahora los magistrados decidan que la huelga sí fue legal.

Este choque de trenes deja además un mal sabor entre los empresarios, quienes con frecuencia se quejan de falta de claridad y cambio de doctrina en algunos procesos que son llevados ante la justicia. La crítica central es por qué la misma corte, que ocho meses atrás declaró una huelga ilegal, ahora está analizando la posibilidad de declararla legal, y cómo una tutela desconoce un fallo de sentencia que se produjo al término de un proceso legal ordinario. Con más preguntas que respuestas, los empresarios esperan preocupados la decisión de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia.