¿Pena de muerte?

Como sucede cada vez que hay un magnicidio o una atrocidad terrorista, los últimos atentados han hecho que múltiples voces clamen por la instauración de la pena de muerte. Así fue después del asesinato de Luis Carlos Galán, de la voladura del avión de Avianca y de la bomba del DAS. Pero así como en esta oportunidad el clamor es el de siempre, las posibilidades de que la pena capital se implante son también las mismas: nulas.

Aunque siempre en las encuestas la implantación de esta pena ha contado con el apoyo de la mayoría, es más el reflejo de un sentimiento de indignación e impotencia que una opción viable.

El tema debe verse sin el apasionamiento del momento, que irremediablemente lleva a las personas a inclinarse a favor de la ley del Talión, lo cual no permite ver qué tan factible y prudente es aplicar justicia con esta medida extrema en un país como Colombia. El requisito para que haya pena de muerte en cualquier país es la confiabilidad en la justicia. Y lamentablemente son pocos los países en el mundo donde la justicia funciona tan mal como en Colombia. De acuerdo con un estudio realizado por la Universidad Nacional para el Consejo Superior de la Judicatura en el país la impunidad supera el 70 por ciento. Algunas ONG dedicadas a la defensa de los derechos humanos son menos optimistas y estiman que de cada 100 delitos cometidos sólo uno llega a la condena, lo que significaría una impunidad cercana al ciento por ciento.

El hecho de que se implante la pena de muerte no garantiza que estas cifras cambien. Esto quiere decir que el problema de la ineficacia de la justicia no depende de la rigurosidad de la pena, sino de la incapacidad del Estado para capturar, investigar y juzgar a los delincuentes. "El problema es que no hemos sido capaces de aplicar las penas que ya existen", explicó a SEMANA el ex ministro de Gobierno, Humberto de la Calle.

Y mientras la mayoría de delitos queda en la impunidad, ya sea por falta de pruebas, por vencimiento de términos, por intimidación a las autoridades judiciales o simplemente por fugas de las cárceles, no se ha podido evitar que muchos inocentes sí sean condenados injustamente. Este fue el caso de Alberto Jubiz Hazbum, quien estuvo tras las rejas durante tres años y cinco meses acusado de haber participado en el asesinato de Luis Carlos Galán, hasta que la justicia tuvo que reconocer que todo fue un error. De haber existido para entonces la pena de muerte en el país, es seguro que Jubiz Hazbum hubiera pasado por el cadalso.

Los recientes reversazos de la justicia, como Dragacol, el caso de Alvaro Leyva y las disculpas del general Leonardo Gallego a Pedro Juan Moreno, aunque están muy lejos de merecer la pena capital, sí parecen ser prueba de los errores que se cometen.

Ni siquiera Estados Unidos, el país que más se precia de la eficacia de su sistema de justicia está exento de equivocarse. Recientemente George Ryan, gobernador de Illinois, manifestó su intención de suspender la pena de muerte en su estado. La razón es que de acuerdo con una investigación cuatro de los reos que iban a ser ejecutados resultaron ser inocentes que habían confesado crímenes inexistentes por la presión de las autoridades. Además, según organizaciones abolicionistas norteamericanas, de cada 30 presos sentenciados a muerte cinco tuvieron juicios injustos. El ADN que ha demostrado que muchos condenados son inocentes, se ha convertido en uno de los principales argumentos contra la pena de muerte.

Las mortales equivocaciones han avivado la controversia frente al tema, y en el mundo entero, más de 112 países han eliminado la pena de muerte, ya sea en su legislación o en la práctica. Treinta y una lo hicieron en la última década. Las cifras demuestran que hay una tendencia abolicionista. "De instaurarse la pena de muerte, Colombia estaría yendo en dirección contraria al resto del mundo", afirma Daniel García Peña, director de la fundación Planeta Paz. De hecho hace casi 100 años la pena capital desapareció de la legislación nacional.

Por otra parte, fuera de que requeriría múltiples reformas jurídicas incluyendo la de la Constitución, uno de los argumentos más contundentes en su contra es que no se ha podido comprobar que la pena cumpla con su principal función: ser intimidatoria y ejemplarizante. Es menos disuasiva de lo que se piensa. Ninguno de los estudios realizados en diferentes países ha demostrado que la pena de muerte disminuya los índices de criminalidad, ni que la abolición de la misma los dispare. Algo similar a lo que ha sucedido con la ley antisecuestro, que a pesar de imponer las más duras penas en Colombia (hasta 60 años de prisión) no ha logrado reducir sustancialmente este flagelo.

Lo cierto es que mientras quien quiera delinquir esté confiado en que nunca va a ser descubierto, juzgado y mucho menos condenado, la pena de muerte no va a ser la que lo asuste.