¿Qué pasó con las cuentas de Petro?

En la semana que completa después de regresar al cargo, el alcalde Gustavo Petro ha recibido tres malas noticias. Primero, el presidente Juan Manuel Santos y la Procuraduría impugnaron la decisión del magistrado del Tribunal Superior de Bogotá que ordenó restituir a Petro. Luego, la Superintendencia de Sociedades le impuso una multimillonaria multa por el cambio del modelo de aseo de la capital.

Y para cerrar semana, el mandatario capitalino recibió otro golpe, esta vez proveniente de la Contraloría Distrital, que decidió embargar sus cuentas por considerar que en el subsidio aplicado a las tarifas de Transmilenio por parte de la administración Distrital habría un detrimento patrimonial.

¿Cómo es la historia? Desde mediados del 2012, los precios de ese transporte masivo se transformaron para quedar en $1.400 en las horas valle y $1.700 en horas pico. Todo se hizo bajo el Decreto 356. Como el precio reducía sustancialmente en ciertos momentos, el Distrito se comprometió a aportar recursos para un fondo de estabilización, decisión que fue aprobada en el presupuesto y en el plan de desarrollo. 

Pero ahora la medida se devuelve en contra del alcalde y del secretario de Hacienda, Ricardo Bonilla; así como contra la exsecretaria de Movilidad, Ana Luisa Flechas, y Yanod Márquez, subgerente financiero de Transmilenio. Las cuentas de los cuatro funcionarios fueron embargadas por el ente de control como medida precautelar.

Bonilla explicó a Semana.com que, en efecto, él sabía del proceso de responsabilidad fiscal en su contra puesto que había sido notificado del comienzo de la investigación. Dijo también que, incluso, asistió a una versión libre en el ente fiscalizador. Sin embargo, aseguró que nunca les dijeron a él o a sus compañeros sobre el embargo. 

“Yo me di cuenta porque fui a sacar plata y no pude. El proceso no ha empezado y ya nos embargaron”, afirmó el secretario de Hacienda del Distrito.

Según las cuentas de la Contraloría Distrital, el alcalde Petro y los otros tres funcionarios deben responder fiscalmente por un detrimento estimado en 187.000 millones de pesos. 

El contralor Diego Ardila ratificó que desde el 2012 se abrió el proceso fiscal por el presunto detrimento y que el embargo de las cuentas hace parte de las medidas cautelares decretadas en primera instancia. El ente investigador no dio más información apelando a la reserva legal del proceso. 

El caso irá a una segunda instancia donde el alcalde y los funcionarios deberán exigirse a fondo para demostrar que las medidas tomadas en favor de la comunidad que utiliza el sistema de transporte masivo estuvieron ajustadas a la ley y no se comprometieron recursos públicos. 

Un tema álgido que pone a Petro en una situación incómoda que, de alguna manera, entorpece el desarrollo de su administración.