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| 7/22/1985 12:00:00 AM

PILATUNA COSTOSA

El veredicto condenatorio en el caso Botero puede cambiar la valoración del lavado de dólares en Colombia

PILATUNA COSTOSA PILATUNA COSTOSA
El reloj de la sala de audiencias del juzgado séptimo del Distrito Federal en Miami acababa de marcar las seis de la tarde del martes 18 de junio. De pie, pálido y en silencio, con la mano derecha de su abogado Neal Sonnett sobre su hombre Hernán Botero Moreno, el dirigente deportivo antioqueño extraditado a principios de año a los Estados Unidos, escuchó el veredicto del jurado culpable de los siete cargos de que lo acusaba la fiscalía. Botero bajó la cabeza y apretó los dientes, mientras unos metros atrás su esposa Lia y su hijas Ana Cristina y Anita rompían a llorar. También se encontraba en la sala su hermano Roberto, libre bajo fianza desde hace varios meses, acusado como Botero de lavado de dólares.
Parecía ser el principio del final de la historia de uno de los primeros extraditados colombianos a los Estados Unidos y sin duda el más importante de los que hasta ahora han sido enviados a ese país por las autoridades colombianas. De ahí la relativa atención que habían puesto en el caso los periódicos de Miami, dos canales de televisión (uno en inglés y uno en castellano) y, sobre todo, las agencias internacionales de noticias, cuyos periodistas se retiraron corriendo de la sala apenas se conoció el veredicto para enviar la noticia a Colombia.
El juicio había comenzado el 23 de mayo y la acusación se había esmerado en presentar un verdadero cúmulo de pruebas, incluidas en folios y folios de documentos que pretendían demostrar que Botero había abierto 5 cuentas bancarias en la Florida, utilizando nombres falsos, y que se había ideado uno de los más ingeniosos sistemas para evadir la vigilancia del fisco norteamericano sobre sus transacciones en dólares de Estados Unidos a Colombia. Los siete cargos de que se le acusaba eran: confabulación para defraudar al fisco, ejecución de lo planeado y 5 delitos más de fraude postal, ya que según la fiscalía, Botero había utilizado el correo para enviar cheques en dólares, sin solicitar las autorizaciones debidas.
Botero se enfrenta a una sentencia que será dictada el 9 de agosto y que puede llegar a ser hasta de 35 años de cárcel y 70 mil dólares de multa, aunque los conocedores aseguran que, por tratarse de una persona sin antecedentes penales, la condena puede ser reducida a la mitad. Sin embargo, algunos sostienen que Botero puede recibir un castigo mucho más severo, si se tiene en cuenta que el gobierno norteamericano resolvió hace algunos meses enfilar sus más contundentes baterías en contra del lavado de dólares (ver SEMANA N° 151), asumiendo que se trata de uno de los frentes más importantes en la lucha contra el narcotráfico.
Por su parte la defensa, encabezada por Sonnett, uno de los más prestigiosos abogados de la Florida, ex jefe de la división de penalistas de la Procuraduría, planteó una apelación ante la Corte respectiva, alegando que el juez del caso, Eugene Spellman, había permitido que un rumor sobre la vinculación de los dólares de Botero con el narcotráfico, fuera tenido en cuenta por el jurado. Esta reclamación tiene que ver con el hecho de que uno de los mensajeros de Botero en sus negocios de la Florida, utilizó la palabra "cocaína" en una ocasión en que el testigo y el mensajero hablaban sobre el dinero del acusado. Según la defensa, Spellman nunca debió haber permitido que este rumor fuera incluido en las actas del proceso.
Pero más allá de la apelación presentada, el caso de Botero seguirá su curso y sólo si la Corte de Apelaciones resuelve anular el juicio, se llevaría a cabo uno nuevo, sin que esto implique una posibilidad de libertad provisional para el colombiano.
En Colombia, el veredicto era más o menos esperado y no causó mayor sorpresa. Pero el caso de Botero parece haber cambiado la valoración que se tenía en el país frente al lavado de dólares, que si antes era considerado como una pilatuna de poca monta, hoy es visto como algo casi tan grave como el mismo narcotráfico. Si no a nivel moral, por lo menos en el de los problemas que puede generar para quien sea acusado de ese delito.--

EDICIÓN 1879

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