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| 5/4/2019 11:57:00 PM

Las sorpresas del Plan de Desarrollo

En tiempo récord, el Congreso de la República aprobó la hoja de ruta para las políticas del Gobierno Duque. Son varias sorpresas y uno que otro mico. Se anticipan demandas ante la Corte Constitucional.

Plan de Desarrollo de Iván Duque: ¿cuáles son las sorpresas que tiene? La Cámara de Representantes dio un largo debate sobre el plan. En Senado decidieron aprobar las propuestas que llegaron de Cámara.

El jueves pasado en la noche, en una jornada de vértigo, se logró aprobar el Plan Nacional de Desarrollo (PND) del Gobierno Duque, una ley que contiene todo el marco de inversiones y políticas de la actual administración. Se trata de un paquete en el que serán invertidos 1.096 billones de pesos en todos los sectores.

El plan aprobado es un verdadero mamotreto pues contiene 337 artículos, 154 más de los que presentó el Gobierno originalmente. Se trata de un listado de buenas intenciones y promesas, con la asignación de billonarios recursos para cumplirlas. Pero ni su aprobación ni su texto estuvieron exentos de críticas, entre otras razones porque en el Senado tuvo una aprobación exprés y se adoptó lo aprobado en la Cámara de Representante, donde la discusión sí tuvo desarrollo. Esto podría resultar inconveniente a juzgar por la gran cantidad de normas aprobadas sin un segundo debate de altura.

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Muchos críticos del Gobierno aseguran que en el texto del plan terminaron incluidas muchas normas inconvenientes. Desde nuevos y más flexibles límites para el sector de energía, pasando por mayores aranceles y hasta la reducción de las regalías mineras. Esta es una mirada a las sorpresas de la nueva ley y a uno que otro mico que entró a última hora.

Limpiando a Electricaribe

Una medida que dejó insatisfecha a la mayoría de actores del sector eléctrico fue el artículo 317 que elimina transitoriamente los límites de participación de las empresas de esta industria: hoy, ninguna compañía puede tener más del 25 por ciento del mercado eléctrico. Para facilitar el plan de salvamento de este servicio en la costa, que ha enfrentado enormes dificultades por cuenta de los líos de Electricaribe, se abrió la posibilidad para que, de manera transitoria, una o varias empresas puedan tener hasta el 35 por ciento de participación. Esto lo que significa es que si alguien está interesado en entrar al mercado de la costa, pero ya cumple o está próximo a cumplir el límite de participación, podría quedarse con algunos activos y clientes de Electricaribe. Ese es el objetivo explícito de la norma.

Esta medida daría la posibilidad de que se abriera paso a un actor dominante en este servicio público y se puedan afectar en últimas las tarifas a clientes.

Textiles con arancel

Un tema polémico y a todas luces inconveniente fue el aumento del arancel a los textiles. Los críticos señalan que estos impuestos se deben fijar por vía administrativa y no legislativa. Consideran que esta decisión no pasará el examen de constitucionalidad, y por eso va a terminar tumbada. Según el plan aprobado, a partir de la sanción de esta norma habrá un arancel de 37,9 por ciento a las importaciones de productos textiles y confecciones “cuando el precio FOB declarado sea inferior o igual a 20 dólares de los Estados Unidos de América por kilo bruto”. Los defensores del artículo sostienen que así se garantiza la estabilidad en los empleos del sector, pero pocos apuestan porque resulte constitucional.

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La plata de la JEP

Lo que podría ser considerado como otro golpe a la JEP –así por lo menos lo creen varios congresistas como Juanita Goebertus– fue la decisión de que sea la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP, la que administre los recursos de la jurisdicción. De hecho Goebertus cree que este es uno de los aspectos en los que los defensores de la paz perdieron durante la discusión del plan, porque los recursos serán administrados por la UIA y no por la dirección de la jurisdicción.

Bajaron las regalías

Otro artículo que generó mucha polémica fue el 329, que decreta una reducción en el nivel de regalías para la explotación minera. Para carbón a cielo abierto en proyectos con más de 3 millones de toneladas de producción, quedaría en 3,27 por ciento; para carbón a cielo abierto con producción menor a 3 millones de toneladas anuales, 1,64 por ciento; oro y plata en veta, 0,4; oro y plata en aluvión, 2 y platino, 1 por ciento.

La medida busca incentivar la explotación de minas en Colombia, pues durante los últimos años los precios de productos básicos como el carbón han caído, reduciendo la inversión. Pero no es claro por qué resulta necesario reducir la regalía a productos como el oro y el platino. Los congresistas Mauricio Toro y María José Pizarro y otros legisladores radicaron una petición para reabrir la discusión de ese artículo, con el fin de hundirlo, pero el esfuerzo no tuvo éxito. “Junto a María José Pizarro y el apoyo de congresistas de la oposición, radicamos esta proposición que busca la reapertura del artículo 329 para no permitir que bajen los porcentajes de las regalías generadas por las explotación minera, ¡Ese dinero es para nuestras regiones!”, dijo Toro en su cuenta de

Twitter. Pero el artículo quedó en la norma ya lista para sanción presidencial.

Fracking: ¿sí o no?

El Plan de Desarrollo abrió las puertas al fracking en Colombia, aseguraron varios congresistas y expertos ambientalistas. El tema es de enorme sensibilidad, pues muchos se oponen a la explotación de hidrocarburos por medio de técnicas no convencionales como el fracturamiento de roca a través de la inyección de agua.

Pero la denuncia no es del todo acertada. Lo que sí es claro es que en las bases del plan se establece como principio general que el Ministerio de Minas buscará toda la información posible para tomar decisiones sobre el futuro de esta técnica en Colombia. Eso ya lo ha hecho al convocar un grupo de expertos sobre el tema.

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Muchos le están cobrando al presidente Duque que durante la campaña haya dicho que no iba a haber fracking en Colombia, y ahora en el PND contemple la posibilidad de hacerlo.

Pero no es cierto que del contenido del plan se pueda concluir que de inmediato va a haber fracking en Colombia. De hecho, el PND habla de decisiones que ya están pasando, por ejemplo crear una comisión de expertos. Dicha comisión ya se estableció y emitió su juicio sobre el tema, y consideró que se puede hacer fracking en Colombia bajo ciertas condiciones.

GLORIA ALONSO. Directora del Departamento Nacional de Planeación.

Ingresos para todos en la vejez

Una de las normas polémicas, que se revivió en el Senado en el último minuto, tiene que ver con el uso de los recursos aportados al sistema pensional por quienes no logran completar la cantidad de semanas para recibir su mesada.

La norma aprobada en el Plan de Duque establece que en esos casos (cuando el afiliado al fondo de pensiones se hace acreedor a una devolución de saldo o indemnización sustitutiva de vejez y no a una pensión) los dineros pasarán directamente al mecanismo Beneficios Económicos Periódicos (Beps) que garantizan un ingreso vitalicio.

ALBERTO CARRASQUILLA. Ministro de Hacienda.

La senadora Angélica Lozano cree que la medida es una expropiación de esos recursos. Pero la norma tiene dos caras: primero, las devoluciones de saldo son siempre pequeñas sumas que no le van a ayudar a nadie a resolver su problema de ingreso en la vejez.

Se considera que en el régimen público, una devolución de saldos no supera los 4 millones de pesos. En cambio, el ingreso a los Beps garantiza un ingreso que aunque es bajo es vitalicio.

Más allá de los cambios incorporados a última hora en el PND aprobado esta semana en el Congreso, queda claro que cada vez al Gobierno le cuesta más esfuerzo sacar adelante sus iniciativas legislativas.

Si bien a última hora logró una aprobación rápida, lo cierto es que a futuro tendrá que replantear su estrategia para hacer que pasen dos reformas clave que se avecinan en materia económica: la pensional y la laboral.

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