El país aguarda por una decisión de la Corte Suprema de Justicia que podría dejar libre al coronel (r) Alfonso Plazas Vega, condenado a 30 años de prisión y detenido en una guarnición militar por su responsabilidad en la desaparición de al menos dos personas durante la retoma del Palacio de Justicia, en noviembre de 1985.
Sin duda, el caso de Plazas Vegas es un hecho emblemático para la historia del país, por varias circunstancias. Mientras el coronel, quien se desempeñaba como comandante de la escuela de Artillería de la Decimotercera Brigada del Ejército, paga una condena de prisión, los guerrilleros del M-19 que tuvieron como rehenes a los magistrados de las cortes y empleados del Palacio, fueron indultados tras la firma de la paz entre el gobierno de Virgilio Barco y ese grupo insurgente.
Plazas Vega reitera que no cometió delitos de lesa humanidad y que deberá ser la justicia quien defina su situación, “reiterándole mi respeto a su investidura, le manifiesto fiscal que está usted en libertad si cree que la Constitución y la Ley se lo permiten, de ofrecer a las FARC mecanismos de justicia transicional en materia de delitos de lesa humanidad”.
También rechaza que el jefe del ente acusador pretenda juzgarlos bajo el mismo rasero: “No obstante, debo rechazar de forma respetuosa pero enérgica situarme en el mismo nivel argumentativo como actor del conflicto, para sostener sus posturas”. Dice que lo que está de por medio no son los "intereses políticos del fiscal general" sino "la posibilidad de evitar que una injusticia grave y dañina cometida respecto de un ciudadano inocente y su familia se perpetúe”.
Plazas Vega recordó que aunque todavía es prematuro anticipar un veredicto final sobre su caso, espera que la Corte Suprema lo absuelva. La defensa de Plazas y la Procuraduría insisten en que el oficial fue condenado sin pruebas contundentes respecto de su responsabilidad en la desaparición de algunas personas rescatadas del Palacio de Justicia.