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| 8/8/2009 12:00:00 AM

Póker sangriento

En los próximos días se puede votar la conciliación del referendo en el Congreso, donde el pulso entre el gobierno y la oposición puede definir si Álvaro Uribe permanece o no en el poder.

Póker sangriento En contravía de la mayoría de parlamentarios, el Ministro del Interior, Fabio Valencia, cree que cuenta con los votos necesarios para que la conciliación del referendo sea votada. Si logra sacar adelante este trámite demostraría una enorme habilidad política
Los días que vienen tienen un significado especial para el tortuoso trámite del referendo. Por un lado, se cumple la fecha del 13 de agosto que algunos de sus más asiduos defensores, como Luis Carlos Restrepo, habían establecido como límite para seguir impulsándolo en el Congreso. Por el otro, se podría votar la conciliación entre los textos de Senado y Cámara, para cumplir el último de los pasos que se necesitan para definir el destino del proyecto reeleccionista y -de paso- el panorama electoral del país.

En cuanto a la fecha límite, en el ambiente político se dice que esta ya no tiene tanta importancia. La premura de Restrepo estaba basada en la necesidad de que los tiempos que le quedarían al referendo (aprobación en el Congreso, paso por la Corte Constitucional, aval de la Procuraduría, concepto del Registrador y elecciones) se surtieran antes del 30 de noviembre, última fecha en la que -según la Ley de Garantías- el Presidente debería anunciar su intención de ser otra vez candidato. No obstante, el Ministerio del Interior ya tiene preparada una argumentación jurídica que señala que el referendo es un acto superior a la Ley de Garantías y que, por tanto, el plazo máximo de noviembre se podría solventar.

En lo que se refiere a la conciliación que se viene en el Congreso, las cosas están menos claras para el gobierno. El ministro Fabio Valencia siente que ya tiene los votos para que la Cámara apruebe el mismo texto que avaló el Senado y que permite que Álvaro Uribe pueda ser candidato en 2010 y no sólo en 2014. Pero entre los representantes no existe la misma percepción: "Trataremos de votar el martes para que el gobierno deje de voltear a los parlamentarios con puestos", le dijo un grupo de congresistas a SEMANA, e insistió en que desde el 20 de julio, el gobierno ha tratado de seducir a los representantes al ofrecerles contratos provenientes -en su mayoría- de excedentes presupuestales del Icbf.

Por si fuera poco, en el Capitolio sigue habiendo temor por parte de los representantes a votar cualquier cosa que tenga que ver con el referendo. No en vano le tienen pánico a la investigación de la Corte Suprema que busca indagar si 85 de ellos recibieron dádivas burocráticas a cambio de su voto a favor del proyecto. Y ese temor aumentó el jueves después de que la Corte llamó a versión libre a los investigados. Si al menos 84 de ellos no defienden la fecha de 2010 o por susto se abstienen de participar en la votación que se convocaría en estos días, el proyecto se podría hundir definitivamente en el Congreso.

Algunos sectores uribistas consideraban que la conciliación se podría dilatar un poco más y diseñaron estrategias para que los representantes dejaran a un lado el miedo de votarla. El 7 de julio, en particular, el abogado Rafael Guarín presentó una tutela ante la Corte Suprema con el argumento de que la indagación preliminar a los representantes es coactiva, vulnera el derecho a la participación de casi tres millones de colombianos que firmaron por el referendo y va en contravía de la inviolabilidad del voto parlamentario. La Corte negó la revisión de la tutela argumentando que el demandante no era un directo afectado. Sin embargo, el jueves de la semana pasada el abogado insistió en esta vía y presentó la tutela al Consejo de Estado, que tendrá que manifestarse a mediados de este mes.

Guarín insiste en que puso la tutela a título individual y que su enorme cercanía con Rodrigo Rivera, uno de los principales promotores del referendo, no incidió en su decisión. Sin embargo, la exposición de motivos de su demanda coincide con los argumentos de la campaña que Rivera acaba de lanzar por Internet a través de Youtube y la página referendosi.com, con la que rechaza la supuesta intimidación de la Corte Suprema a los parlamentarios y busca que los ciudadanos firmantes lideren su defensa. Un analista político cercano al gobierno y consultado por SEMANA afirmó que la tutela es una acción consecuente con el andamiaje ideológico del Estado de Opinión que ha defendido el presidente Uribe en las últimas semanas: "El Estado de Opinión no está en contravía del Estado de Derecho. Simplemente reivindica la capacidad de los ciudadanos para hacer valer su voz", dijo.

Los planes B
Si la conciliación se hunde el martes, la estrategia de la tutela para quitarle presión al Congreso perderá todo sentido. Sin embargo, desde ya se especula sobre otros dos mecanismos que podría considerar el gobierno para sacar adelante una segunda reelección: el de promover una constituyente para que la carta política permita esta figura o el de realizar una consulta para que el pueblo opine si quiere que ésta sea posible. El primero es políticamente inviable. El segundo es jurídicamente imposible.

La opción de la constituyente dependería de que el Congreso aprobara su realización en menos de cuatro meses y no hay ambiente para ello. Mucho menos cuando buena parte de los parlamentarios uribistas, ante la incertidumbre de la reelección, está buscando vincularse a campañas presidenciales distintas a la eventual de Uribe, que defienden la seguridad democrática y a las que les va bien en las encuestas. Es el caso de las de Juan Manuel Santos, Noemí Sanín y Andrés Felipe Arias.

El otro plan B, que consistiría en acudir al artículo 104 de la Carta para consultar a los colombianos sobre la reelección, también es poco lógico. Según este artículo, el Presidente puede preguntarle al pueblo sobre temas trascendentales para la Nación, y los resultados de esta consulta son de obligatorio cumplimiento. Sin embargo, esta norma no aplica a los cambios constitucionales como el de permitir una segunda reelección consecutiva. No en vano la carta política sólo puede ser reformada por el Congreso, por una Asamblea Constituyente o por el pueblo mediante referendo. Y estos dos últimos mecanismos pasan obligatoriamente por el Legislativo, donde está menguado el poder de la coalición de gobierno.

La agenda política puede cambiar de un momento a otro, pero si se cumple la idea del ministro Valencia Cossio y de Édgar Gómez, presidente de la Cámara, de votar la conciliación a más tardar el viernes, esta semana sería definitiva para la permanencia o no de Uribe en el poder.

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