POLITICA CON ROPAJE JURIDICO

En medio de la indiferencia del grueso público, tuvo lugar la semana pasada en el Congreso un forcejeo de apariencia jurídica que en el fondo tenía profundas raíces políticas. Se trataba de las sesiones extras del Congreso. Difícilmente se podría pensar que un tema tan árido pudiera ser objeto de una medición de fuerzas políticas, pero así sucedió.
En teoría, por lo menos, el conflicto radicaba en un tecnicismo constitucional. Concretamente, la polémica giraba alrededor de la expresión "en todo tiempo", contenida en el artículo 122 de la Constitución para determinar la oportunidad de debatir en el Congreso los decretos declarados exequibles en virtud de la declaratoria de Emergencia Económica. El Consejo de Estado interpreta que la expresión "en todo tiempo" no quiere decir en cualquier momento sino cuando la misma Constitución prevé que pueda ser tratado, o sea que en sesiones extraordinarias le está vedado al Congreso tocar, por iniciativa propia, los decretos de emergencia económica. Si así lo hiciera, se perdería el espíritu implícito en el mecanismo de las sesiones extraordinarias, consistente en que el Presidente puede convocar al Congreso para someter a su consideración temas específicos que en su opinión requieren un tratamiento especial o expedito.
La novedad consiste en que un sector parlamentario, específicamente compuesto por el oficialismo y el galanismo, insiste en que la expresión "en todo tiempo" les permite por iniciativa propia estudiar medidas relacionadas con la emergencia económica que fueron expresamente excluidas de la agenda presidencial, invocando a su favor el hecho de que el concepto emitido por el Consejo de Estado no obliga jurídicamente.
Detrás de todos estos malabarismos jurídicos existen, sin embargo, consideraciones políticas de fondo. Los argumentos de las distintas escuelas jurídicas sólo sirven de ropaje para dar fundamento a la simpatía o antipatía intelectual con respecto a determinadas medidas gubernamentales. En términos que podrían catalogarse de oportunistas, cada facción política representada en el Congreso está buscando una interpretación jurídica que se acomode a sus intereses políticos inmediatos. Mientras el conservatismo hace alarde de la solidez de la unión sustentando solamente la agenda propuesta por el Presidente, el sector liberal se encuentra dividido entre los que apoyan y los que intentan hacer una velada oposición al gobierno.
Entre los primeros está el santofimismo. Los observadores políticos consideran que este sector liberal aspira a convertirse en coalición de gobierno, presentando un frente unido con el conservatismo, con el objeto de participar en la repartición del botín burocrático. En contraposición, los sectores oficialista y galanista esperan cada uno presentar su propio proyecto de ley sobre temas ajenos a la agenda presidencial; el primero pretende que en las sesiones extraordinarias se debata el tema de la cuenta especial de Cambios, con el objeto de que el gobierno no Pueda disponer de ella sin asignaciones predeterminadas. El Nuevo Liberalismo, por su lado, espera presentar su aporte en materia de gasto público. Pero lo que muchos observadores parecen tener en claro es que estos dos sectores pretenden en el fondo crear un problema político, con el objeto de llamar la atención de la opinión pública sobre iniciativas de índole económica que ya deberían haberse estudiado en el seno del gobierno y que, sin embargo, todavía no han sido consideradas como posibles proyectos de ley.
Para la opinión pública, este tejemaneje jurídico de profundas raíces políticas parece no tener importancia alguna al lado del incidente de los aviones libios o de la condena a muerte de un colombiano en el Estado de Florida. Sin embargo, del resultado de estas sesiones extras depende una parte considerable del futuro inmediato del país.