Los límites a esquemas de protección de familiares de expresidentes y ex vicepresidentes

Por años ha existido la costumbre en Colombia de que un funcionario que dejó su cargo sigue siendo custodiado por escoltas y vehículos oficiales por cinco, seis o más años después de haberse retirado del cargo. Y no solo él, también su esposa, sus hijos o incluso sus nietos.

Han sido varios los casos en los últimos años de exfuncionarios que terminan peleando con el Estado para que, a pesar de no tener verdaderos riesgos de seguridad, se les mantengan los escoltas.

Un nuevo decreto busca poner nuevos límites a esa costumbre, en especial a los esquemas de seguridad oficial que se asignan a las familias de expresidentes y exvicepresidentes.

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Hasta el momento, con base en un decreto expedido en mayo de 2010, los familiares de expresidentes y ex vicepresidentes tenían derecho a contar con escolta, vehículo blindado, armamento, equipos de comunicación y en general todos los elementos que fueran indispensables para su protección.

Como la palabra familiares es tan amplia, estos esquemas podían beneficiar a las esposas y a los hijos, pero también, eventualmente, a padres o incluso nietos y hermanos.

El nuevo decreto expedido por el Gobierno le pone límites a la asignación de estos esquemas de protección. La norma establece que solo los expresidentes, exvicepresidentes y sus esposas podrán contar con estos esquemas de protección de manera fija. Es decir, no necesitan un estudio de riesgo para que les sean asignados.

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En los demás casos, es decir, los hijos o cualquier otro familiar, solo se asignarán los esquemas de protección si un estudio de riesgo determina que verdaderamente lo necesitan por razones de seguridad.

“Lo que hace el decreto es hacer una claridad que antes no existía”, explica el Director de la Unidad Nacional de Protección, Andrés Mora, quien señala que por la forma como estaba redactado el anterior decreto permitía que personas que realmente no necesitaban de protección se beneficiaran de ella.

Esta disposición hace parte de las medidas de austeridad en el manejo de los esquemas de protección, que se vienen tomando desde hace varios años. Según Mora, entre el 80 y 90% de los exfuncionarios que contaban con esquemas de seguridad en el pasado se les ha ido retirando y solo se les mantiene a los que la requieren en serio de acuerdo con un estudio de riesgo.

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Esto ha permitido incrementar el número de líderes sociales que cuentan con esquema de protección, que hoy en día ya son más de 5.000, que, sin embargo, siguen siendo insuficientes ante la complejidad de este problema.

En total la Unidad Nacional de Protección cuenta con un presupuesto de 700 mil millones de pesos, para destinar a la protección de funcionarios y ex funcionarios, líderes sociales y desmovilizados de las Farc.

Pero además de los límites en los esquemas de seguridad, el decreto le quita a los expresidentes y exvicepresidentes y a sus familias un beneficio del que gozaban hasta ahora: ya no podrán utilizar los servicios de las instalaciones administrativas, hospitalarias, sociales y recreativas de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional.