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| Foto: Archivo SEMANA

BOGOTÁ

Condenan a Transmilenio por más de $6.000 millones

El Consejo de Estado ratificó un laudo arbitral que condenaba a la empresa por incumplir un contrato para poner en funcionamiento la Fase II.

1 de agosto de 2016

Transmilenio deberá pagar más de 6.000 millones de pesos por incumplir un contrato que celebró con una empresa de transporte para poner a operar la Fase II de este sistema masivo de transporte de pasajeros.

El Consejo de Estado ratificó un laudo arbitral fallado en el 2015 que halló a la empresa del Distrito responsable del incumplimiento del contrato de concesión otorgado a la empresa Sociedad Sistemas Operativos Móviles KSA, conocida como ‘Somos K‘.

Cuando el Transmilenio empezó a operar, en el 2001, la ciudadanía empezó a creer en el sistema como el más eficiente y hábilmente programado por el Distrito en los últimos años.

El éxito de la Fase I, que comprendía el transporte de pasajeros por la calle 80, la Autopista Norte y la Avenida Caracas, hizo que, rápidamente, se surtieran los trámites de la siguiente etapa del proyecto.

La segunda Fase, que comprendía las avenidas Norte-Quito-Sur y Las Américas, empezó a tomar un rumbo vertiginoso, pero, al parecer efectivo, pues en el 2003 ya se habían escogido operadores que se encargarían de prestar los servicios a los pasajeros, entre ellos ‘Somos K‘.

Sin embargo, los compromisos que la ley le imponía a esta contratista para chatarrizar el mismo número de vehículos no se pudieron llevar a cabo, lo que generó que se interrumpiera el proceso y la empresa no pudiera.

Concluscomo uno de sus concesionarios. Por eso, la empresa acudió a un tribunal de arbitramento, con el anhelo de recuperar su inversión.

En noviembre del año pasado obtuvo lo que quería. El laudo que se produjo en consecuencia falló a su favor, debido a que el árbitro culpó a la empresa distrital de los hechos que originaron el incumplimiento del compromiso de ‘Somos K‘ con la chatarrización.

A su juicio, Transmilenio debía modificar el cronograma para chatarrizar y habilitar los cupos de los vehículos. Como no lo hizo, señala el laudo, debe asumir la responsabilidad por el incumplimiento en el que incurrió el concesionario.

La empresa con participación del Distrito Capital buscó convencer al Consejo de Estado para que revocara el fallo, pero fracasó. La Sección Tercera de esa corporación, con ponencia de Jaime Orlando Santofimio, ratificó la validez del laudo arbitral, lo que conmina a la demandada a resarcir a la empresa de transporte.