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El expresidente de la ANI, Luis Fernando Andrade. - Foto: Alejandro Acosta

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Primicia | Caso Odebrecht: Destituyen e inhabilitan por 18 años al exdirector de la ANI, Luis Fernando Andrade

La decisión del ministerio público cobija a otros funcionarios. Esto revela el fallo de 300 páginas, conocido por SEMANA.

SEMANA conoció, en exclusiva, la decisión de 300 páginas con la cual la Procuraduría acaba de destituir e inhabilitar por 18 años al exdirector de la ANI, Luis Fernando Andrade, en el caso Odebrecht. Andrade, durante ese periodo de tiempo, no podrá ejercer cargos públicos. En la decisión, aparecen otros funcionarios como Andrés Figueroa, vicepresidente de gestión contractual, al igual que Camilo Mendoza.

Andrade, quien estuvo al mando de la agencia entre los años 2011 y 2017, ha tenido que entregar de manera reiterada ante la justicia explicaciones por las presuntas irregularidades en la celebración y entrega del contrato por la Ruta del Sol 3, entre ellos los estudios y diseños para la construcción de un puente en el municipio de Plato, Magdalena.

El entonces presidente de la ANI habría avalado de manera irregular dos adiciones (conocidos en la contratación como otrosí) en el año 2015, lo cual le permitió a Yuma Concesionaria S.A. subcontratar con Consultores Unidos la elaboración de los estudios y diseños del segundo puente vehicular entre Plato y Zambrano (Magdalena).

En este fallo, la Procuraduría explica que Andrade, siendo presidente de la ANI, incurrió en faltas en la suscripción de dos otrosís violando los principios de transparencia y responsabilidad.

“Para este despacho, los testimonios resultan creíbles en la medida que fueron rendidos dentro de los procesos en los cuales los testigos han colaborado con la justicia, y resultan coincidentes con los demás elementos de prueba que dan cuenta de los resultados que se produjeron con la gestión que desempeñaron”, advierte el ministerio público.

La Procuraduría tiene entre sus pruebas varios testimonios que terminaron salpicando a Andrade: como los de Juan Sebastián Correa, exasesor de la ANI y mano derecha de Andrade; y Eleuberto Martorelli (este último directivo de Odebrecht).

Allí se menciona, entre otras cosas, la intermediación que hizo el excongresita Otto Bula ante el entonces senador Bernardo “El Ñoño” Elías, “situación de la que se advierte que el entramado que se dio desde la constructora Odebrecht para presionar la adición del tramo Ocaña-Gamarra, pretensión a la cual la ANI en representación de su presidente, accedió habiendo procedido a la suscripción del Otrosí en los términos requeridos por la constructora brasileña”, advierte la Procuraduría.

De hecho, Elías ha calificado varias veces, ante la justicia, a Andrade como “el hombre de las soluciones”.

SEMANA consultó al abogado Óscar Ibáñez, quien lidera la defensa del expresidente de la ANI, Luis Fernando Andrade: “Para la defensa es claro que la Procuradora Delegada, podría haber incurrido en el delito de prevaricato, como quiera que el ministerio público ya había perdido su competencia para decidir este caso. Es extraño, que en un Estado de derecho, todavía existan las ordalías para adoptar decisiones sobre supuestos mágicos o divinos. Ciertamente, durante el proceso se probó que el expresidente actuó siempre conforme a las normas”, advierte Ibáñez.

Y agrega: “¿Usted se imagina un juicio penal en el que el juez se sustraiga de sus obligaciones y jamás asista a escuchar siquiera a uno sólo de los testigos? Pues por extraño que suene, así aconteció, lo cual nos da a pensar que la decisión estaba adoptada desde agosto de 2017, rompiendo todas las garantías propias del debido proceso”, concluye el abogado.

El caso en la Fiscalía

Para la Fiscalía, la presión que habría ejercido Andrade para que se avalaran estas dos adiciones se realizó por fuera de sus competencias, omitiendo por completo los principios de la contratación que él juró proteger y defender.

Andrade, quien actualmente se encuentra en los Estados Unidos, enfrenta dos procesos penales por las irregularidades en el contrato de la Ruta del Sol II y la adjudicación de la adición para la obra de Ocaña-Gamarra, acciones que beneficiaron directamente a Odebrecht, así como a Episol (del Grupo Aval) y CCS Constructores.

“Aproximadamente entre los años 2009 y 2014, Odebrecht hizo y causó que se hicieran pagos corruptos por más de 11 millones de dólares en Colombia para asegurar que le fueran adjudicados contratos de obra pública (…) se tiene establecido planamente que el contrato Ruta del Sol II fue adicionado por la ANI, en cabeza de Luis Fernando Andrade, a través de los otrosíes 3 y 6, para incluir el trayecto Ocaña-Agua Clara-Gamarra-Puerto Acapulco”, rezaba el escrito de acusación con el que fue llamado a juicio en 2019.

Por estos hechos fue acusado por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, en calidad de autor; ocultamiento, alteración o destrucción de elementos materiales probatorios, como coautor, y falso testimonio en calidad de determinador.