Alejandro Ordóñez: ¿perseguidor o perseguido?

La principal responsabilidad del procurador general de la Nación es defender la institucionalidad. Alejandro Ordóñez cumplió esa función al extremo, pero los resultados han sido distorsionados porque a ese papel que le asigna la Constitución, él sumó otros dos: el de fundamentalista religioso y el de jefe de la oposición.

Ser un católico fervoroso debería ser un hecho positivo, o por lo menos neutral en un país creyente como Colombia. Sin embargo, ese no fue el caso del recién salido procurador. Muchos vieron los antecedentes y varias de sus actuaciones en ese organismo de control como un abuso de poder para hacer respetar su fe. Una vez asumió el cargo se conoció que de joven había liderado una quema de libros que podían perturbar las mentes juveniles. Entre esos estarían las obras de Gabriel García Márquez, Rousseau, Marx y una Biblia protestante.     

Eso de por sí era bastante exótico y constituyó una premonición de lo que iba a ser su gestión. Ordóñez se interpuso a todas las causas libertarias que la religión católica considera pecaminosas. En esa lista estaban el aborto, la eutanasia, el matrimonio de parejas del mismo sexo, la adopción gay, la dosis personal y otros. Para sus enemigos, el problema no era que él no creyera en esas causas, sino que utilizara el poder de la Procuraduría para impedir ejercer estos derechos.  Por cuenta de eso, epítetos como “cavernícola”, “reaccionario”, “fanático” y otros lo acompañaron durante su periodo.

No menos controvertido fue su papel de jefe de la oposición. Algunos le atribuyen el origen de su animadversión con el presidente a que este le habría ofrecido ternarlo para su reelección y luego le habría puesto conejo. Esa por lo menos es la versión de Ordóñez, la cual Juan Manuel Santos niega categóricamente. Pero independientemente de ese malentendido, el hecho es que su posición frente al gobierno al proceso de paz fue una declaratoria de guerra abierta comparable solamente a la de Álvaro Uribe.

 El procurador fue el palo en la rueda de prácticamente cualquier iniciativa gubernamental. Algunas veces tenía razón pues para volver realidad el proceso de paz se requirió torcerle el pescuezo a la normatividad vigente. Probablemente no podía ser de otra forma, pues unos guerrilleros que han combatido en el monte por 50 años no se iban a someter a las leyes del sistema contra el cual se rebelaron. En las coyunturas históricas excepcionales, se requieren mecanismos de transición también excepcionales. Sin embargo, han sido tantos los ajustes extraconstitucionales que se han llevado a cabo y ha sido tan trascendental su alcance que quizá se necesitaba tener un perro guardián.

El procurador desempeñó ese rol. En la etapa inicial de su gestión jugó un papel importante en lo que se refiere a la función disciplinaria. A pesar de ciertas inconsistencias en las sanciones, persiguió la corrupción a diestra y siniestra y fue más allá que todos sus antecesores. Destituyó a más de 1.500 alcaldes y 82 gobernadores. Si se tiene en cuenta que en el país hay 1.123 municipios y 32 departamentos, la cifra es altísima. Sin embargo, ha arrojado una gran sombra sobre esos resultados que en ambas responsabilidades, la de cruzado contra la corrupción y la de vigilar los excesos del Ejecutivo, se le fue la mano, y no solo en el contenido sino en el tono. Esto último fue aún más grave con respecto a sus relaciones con la Casa de Nariño. Ordóñez dejó de ser el defensor de las instituciones para convertirse en el enemigo del presidente de la república.

Su lenguaje se volvió agresivo y denotaba animadversión personal. Calificó al presidente de “culipronto”, le dijo que había “perdido la vergüenza” y que se “amarrara los pantalones”. Esta semana aseguró que el país estaba “naufragando en coca” y que la suspensión de las fumigaciones era producto de un pacto con las Farc. Y cuando se estaba aprobando el Marco Jurídico para la Paz aseguró que el gobierno quería meterles a los colombianos esa norma con “vaselina”. Pero no solo fue así con Santos. Al exalcalde Gustavo Petro le dijo que se la estaba “fumando verde”. A los académicos de izquierda militantes de las Farc les pidió “salir del clóset”, a los periodistas los acusó de escribir sus artículos y estigmatizarlos entre “pase y pase”. Esos excesos le dieron popularidad en la Colombia antisantista, pero se la quitaron del todo en la santista.  

Pero el procurador no perdió su cargo por sus excesos verbales ni por su fundamentalismo religioso, sino por la forma como aseguró su reelección, es decir, por clientelismo. El espíritu de la Constituyente de 1991 era eliminar las reelecciones. Este principio quedó incorporado en todos los cargos importantes, menos en el de la Procuraduría. Los miembros de la comisión que redactó ese tema en la constituyente se sorprendieron cuando se dieron cuenta de que en el texto final la palabra Procuraduría no quedó incluida en el artículo que prohibía las reelecciones. Le atribuyen esa desaparición a la mano del entonces procurador Carlos Gustavo Arrieta, quien estaba interesado en ese momento en ser reelegido, cosa que finalmente no sucedió. Independientemente de esa versión, el hecho es que el único funcionario que podía reelegirse en Colombia era el procurador hasta que se corrigió este error en la reforma de equilibrio de poderes el año pasado.

La razón por la cual demandaron la elección de Ordóñez fue que entre los magistrados que votaron para ternarlo y los congresistas que lo hicieron para elegirlo había algunos a los cuales él les había nombrado familiares. En un país clientelista como Colombia, el cruce de favores por puestos es el pan de cada día y muchas veces es difícil de probar la causa-efecto. Sin embargo, el ‘yo te elijo, tú me eliges’ está prohibido en el artículo 126 de la Carta Política, que dice que los funcionarios públicos no podrán nombrar ni postular a quienes hubieren intervenido a su vez en su postulación o designación, ni a personas que tengan con estos vínculos familiares. Esa norma y las pruebas contundentes obligaban al Consejo de Estado a tomar la decisión.

Ante esta realidad jurídica, el verdadero manejo político no estuvo tanto en la destitución como en su aplazamiento. Sobre todo si se tiene en cuenta que hay una norma constitucional que establece un límite de seis meses renovables para tomar esa decisión. Como el tema era una papa caliente, los magistrados, muchos de los cuales habían sido compañeros de trabajo suyos cuando formaba parte del Consejo de Estado, agonizaron entre destituirlo y dejarlo. Ordóñez pataleó tanto como Petro para dilatar su proceso.

En todo caso la decisión llegó, un par de años tarde, pero en la fecha menos oportuna, porque al coincidir con la campaña del plebiscito, el fallo tiene un sabor politiquero y gobiernista. Más aún si se tiene en cuenta que llegó pocos días después de que Santos tuvo una salida en falso al hacerle un llamado público al Consejo de Estado para que no dilatara más esa sentencia. Esa circunstancia ha hecho que la salida del procurador deje la impresión, por un lado, de presiones presidenciales y, por otro, de servilismo de un alto organismo de la Rama Judicial ante la Casa de Nariño.

 Esto le sirvió a Ordóñez para presentarse como un perseguido político y decir que su salida no fue más que el cumplimiento del primer acuerdo de los pactos de La Habana. Esa denuncia no es cierta –basta saber que le faltaban cuatro meses–, pero hizo mucho daño. Nadie que conozca a Humberto de la Calle o a Sergio Jaramillo se los puede imaginar negociando secretamente la cabeza del procurador con Timochenko e Iván Márquez. Pero el ciudadano de a pie, que no tiene por qué saber ni cómo son los protagonistas ni cómo funcionan los intríngulis en La Habana, puede fácilmente haber creído que eso es así al haber sido la noticia del día en todos los medios de comunicación.

Dadas sus ambiciones políticas, Ordóñez probablemente no hubiera podido encontrar una mejor salida que la destitución. Esta le permite martirizarse no solo como víctima de las Farc y de un gobierno arbitrario, sino también por su ideología de derecha. Ese libreto le gusta mucho no solo al uribismo, sino a algunos sectores del Partido Conservador, cuyos representantes apoyaron al procurador el día de su caída.

Lo que sigue es su candidatura presidencial. Como no es considerado militante activo de ninguno de esos dos partidos, tiene pocas posibilidades de que le ofrezcan una candidatura oficial de alguno de ellos. En el Centro Democrático ya hay una fila india de tres y en el conservatismo cada una de sus facciones tiene aspirantes que se sienten con derecho a no ser desplazados. Por lo tanto, su única alternativa es una candidatura por firmas. Eso no tendría mayores problemas. De ahí que su llegada a la primera vuelta puede ser una posibilidad real.

La que sí no parece real es la posibilidad de que llegue a la segunda vuelta. No solo por falta de organización política, pues es una precandidatura hasta ahora sin equipo, sino también por aspectos particulares de la polarización nacional. En un país tan dividido como Colombia, un político puede llegar lejos cuando la mitad del país lo odia y la otra mitad lo adora. Ordóñez solo cuenta con una fracción de la mitad de esa ecuación. Sus contradictores, que son la mayoría, lo detestan, pero los que lo apoyan lo hacen con distancia. No hay una pasión positiva que compense la negativa. Uribe también genera odios, pero sus seguidores lo idolatran. Es por eso que el expresidente aún en minoría en el Congreso es un factor político importante en el país.

No muchos procuradores pasan a la historia pues al ser un cargo dedicado a la función disciplinaria no siempre despierta grandes emociones. El más recordado en el último siglo es Mario Aramburo, quien en 1970 se inmortalizó por tener el valor de amonestar al presidente Carlos Lleras por supuesta participación en política. Ordóñez seguramente pasará a la historia por ser el más controvertido. Hizo lo mismo que Aramburo pero prácticamente todos los días durante los últimos años.