Procuraduría abrió investigación contra el alcalde de Puerto Carreño por sobrecostos en contrato

La Procuraduría General de la Nación abrió una investigación disciplinaria contra Jair Esteban Beltrán Hinojosa, quien es el actual alcalde del municipio de Puerto Carreño, capital del departamento de Vichada. Según señala el Ministerio Público, lo hizo por “posibles sobrecostos en un contrato para la adquisición de mercados durante la emergencia sanitaria generada por la covid-19″.La razón del proceso se debe a que aparentemente habrían ocurrido algunas irregularidades respecto a la planeación, celebración y ejecución de un contrato de adquisición de kits de asistencia nutricional, dirigida a la población vulnerable de la zona rural y urbana de Puerto Carreño, que había sido afectada por la covid-19.En la investigación, además del alcalde de Puerto Carreño, también se encuentran Katty Zulay Yánez González, secretaria de Desarrollo Social, y Keiner Fabián Elaica Chaparro, almacenista de este municipio.Al abrir esta investigación disciplinaria, el ente de control pretende verificar la conducta de los involucrados y determinar si es constitutiva o no de falta disciplinaria y esclarecer los motivos por los cuales se realizó. Asimismo, el organismo de control busca conocer las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que se dieron las conductas y verificar la responsabilidad de las personas investigadas.El ente de control mencionó que la práctica de las pruebas será apoyada por la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales, la cual deberá presentar un informe al Ministerio Público que permita establecer si en el contrato que fue celebrado por la Alcaldía de Puerto Carreño “se incurrió en sobrecostos y en caso positivo, señalar el valor del mismo y cuántos mercados o kits alimentarios se habrían podido comprar con la diferencia encontrada”.La Procuraduría explicó que Jair Esteban Beltrán Hinojosa, Katty Zulay Yánez González y Keiner Fabián Elaica Chaparro tienen derecho a tener un defensor y a solicitar ser oídos en diligencia de versión libre y espontánea hasta antes que se profiera el fallo de primera instancia.Otras investigaciones del ente disciplinarioEl pasado 30 de octubre la Procuraduría General de la Nación profirió pliegos de cargos contra el gobernador de Arauca, José Facundo Castillo Cisneros y otras tres personas, pertenecientes a su administración. Esto por presuntas irregularidades en la liquidación del contrato firmado para la construcción del coliseo José Eustasio Rivera, en el municipio de Saravena, conductas ocurridas en su mandato anterior, de 2012 a 2015.Las otras tres personas que también están cobijadas por el pliego de cargos son el exsecretario de Educación del departamento, Temístocles Perea Pedroza; el supervisor del contrato, Óscar Iván Díaz Rodríguez, y la representante de la firma interventora Inar Group Ltda., Ligia Inés Ramírez Rodríguez.Según indica la investigación del ente disciplinario, al parecer se habría suscrito el acta de liquidación bilateral y ordenado el pago del saldo final del contrato, sin que los trabajos se hubieran realizado y ejecutado totalmente. Para el Ministerio Público la conducta de los cuatro funcionarios habrían vulnerado los principios que rigen la contratación estatal. El comportamiento del gobernador José Facundo Castillo Cisneros fue calificado por el órgano de control como una falta gravísima cometida a título de culpa grave.El gobernador de Arauca fue capturado recientemente. El fiscal del caso argumentó ante un magistrado del Tribunal Superior de Bogotá que era necesario enviar a prisión José Castillo, insistiendo en que el funcionario es un riesgo para el proceso y, en especial, para su comunidad.“Son conductas eminentemente dolosas, sin ningún respeto a la moral y sin escatimar esfuerzos económicos. La forma en la que actuó el gobernador es una violación directa a las normas de la contratación pública. Afectó la seguridad donde la comunidad está totalmente vulnerada, donde la presencia de esta estructura criminal está al servicio de José Facundo Castillo Cisneros, y cualquier acto que ellos hagan en contra de sus intereses va a afectar su seguridad”, explicó el fiscal en la solicitud para enviar a la cárcel al gobernador.