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Por los hechos del Palacio de Justicia, Plazas Vega fue condenado en segunda instancia a 30 años de prisión. | Foto: Archivo

JUSTICIA

Procuraduría objetó dictamen del CTI sobre testigo del Palacio de Justicia

El Ministerio Público considera que hubo fallas en el análisis grafológico realizado por el CTI que determinó que no hubo suplantación de testigo.

9 de mayo de 2012

La Procuraduría General de la Nación objetó por “errores graves” el dictamen grafológico del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía sobre la firma de Édgar Villamizar, testigo en el caso del Palacio de Justicia.
 
Según el estudio de un perito del CTI, hubo correspondencia manuscritural entre las firmas analizadas, según lo cual se descarta una presunta suplantación del testigo, considerado clave en el caso.
 
No obstante, el Ministerio Público objetó el dictamen por tres aspectos: por vicio de legalidad, porque el documento analizado es “desconocido por los sujetos procesales”.
 
También por “insuficiente análisis”, pues no se examinó “todo el material obrante”. Y por último, por “fragilidad de los fundamentos técnicos”, pues, según la entidad, el análisis “fue generalizado y no avanzó al detalle”.
 
Para la Procuraduría, las fallas “imponen la necesidad de un nuevo peritaje”.
 
El análisis había sido ordenado por un juez de Bogotá para descartar que el cabo en retiro Édgar Villamizar, testigo en el caso del Palacio de Justicia, hubiera sido suplantado ante la Fiscalía, tal y como lo indicó él mismo en febrero pasado.
 
El testimonio de Villamizar, entregado a la Fiscalía en el 2007, da cuenta de que el 7 de noviembre de 1985 alguien le preguntó al coronel Plazas qué hacían con las personas que estaban vivas, a lo que respondió: “Cuelguen a esos hijueputas”.
 
En abril pasado, el Ministerio Público también se había pronunciado sobre el caso del Palacio de Justicia, cuando pidió la absolución de Plazas Vega.
 
Por los hechos del Palacio de Justicia el 6 y el 7 de noviembre de 1985, Plazas Vega fue condenado por el Tribunal Superior de Bogotá, en segunda instancia, a pagar 30 años de prisión.
 
El fallo, que generó una ardua polémica, encontró al coronel (r) Plazas Vega responsable por la desaparición forzada de dos víctimas y determinó otras medidas, como ordenar a las Fuerzas Militares pedir perdón en un acto público.
 
La determinación judicial fue objeto de demanda de casación por parte la Procuraduría y de la defensa.