¿Castigo para quienes paguen por sexo?

En la mañana de este viernes, la congresista Clara Rojas radicó un proyecto de ley que dará mucho de qué hablar y con seguridad despertará polémica. La iniciativa de la representante liberal contempla que quienes paguen por servicios sexuales a personas en situación de prostitución sean sancionadas con multas que pueden llegar hasta los 23 millones de pesos.

“Entre el 60 y el 70 por ciento de las personas que ejercen la prostitución son personas de estratos del 1 al 3, migrantes y desplazadas por la acción de grupos armados al margen de la ley. Estas cifras fueron dadas a conocer en una audiencia pública que realizamos en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes”, dijo Rojas en Blu radio al explicar su iniciativa.

El proyecto sin duda tiene razones suficientes y un fin noble pues, según explicó la representante, ese tipo de multas lo que buscan es desestimular esa práctica a la cual se ven forzados por diferentes circunstancias una gran cantidad de mujeres y menores de edad. De acuerdo con Rojas, de ser aprobado, la idea es que las sanciones vayan aumentando gradualmente.

“Después de la entrada en vigencia de la ley, cada dos años se irá aumentando el número de salarios mínimos con los que se penalizará a quienes paguen por servicios sexuales. De manera que lo que se busca es crear en el imaginario colectivo, de manera progresiva, una cultura que desincentive esta práctica”, explicó.

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Esto quiere decir que de ser aprobada la iniciativa, los infractores pagarían el primer año en que entre en vigencia una multa cercana a los tres millones y medio de pesos. Entre el tercer y quinto año las sanciones serían de ocho salarios mínimos mensuales. Para el noveno año de vigencia sería de 32 salarios mínimos, unos 23 millones de pesos de hoy.

El proyecto de Rojas contempla que con los recursos que eventualmente se recolectarían por concepto de las sanciones se creará el Fondo Nacional de Atención y Apoyo a Personas en Situación de Prostitución –FONASP-, el cual estaría bajo la tutela del Ministerio de Salud y Protección Social.

Los dineros serían utilizados para financiar programas y proyectos de esas víctimas de explotación sexual y población vulnerable, albergues para víctimas de prostitución, la apertura de centros de reinserción que generen opciones laborales y mecanismos de protección para las víctimas de prostitución, trata de personas, proxenetismo. 

La iniciativa también contempla que a través del Ministerio de Vivienda, las víctimas de la prostitución puedan ser tenidas en cuenta en las listas prioritarias para acceder a los programas de vivienda de interés social.