Armas, traición y complot

Hacia las 9:30 de la mañana, un retén de la Policía de Carreteras detuvo un campero blanco sobre la ruta entre Barranquilla y Santa Marta. Al inspeccionarlo los policías encontraron un arsenal de guerra que los dejó boquiabiertos.

Escondidos había 26 fusiles de asalto AR-15, 30 miras láser, 37 visores nocturnos, ocho silenciadores, chalecos antibalas, 14 cascos tácticos, radios de comunicaciones, entre otro material. Todos, elementos nuevos y de última tecnología, pero sin números de identificación que permitieran establecer su origen.

El conductor fue detenido, y el armamento transportado a Santa Marta, donde la policía dio una rueda de prensa. Extraoficialmente, informaron que el grupo paramilitar conocido como los Pachenga, que actúa en la Sierra Nevada, sería el destinatario del cargamento. La noticia no tuvo repercusión, pues ocurrió un lunes festivo con el país pendiente del coronavirus. Sin embargo, tres días después ese arsenal volvió a ser noticia.

En una entrevista con la W Radio, el general retirado venezolano Clíver Alcalá reconoció al aire que el armamento incautado iba para la “liberación de Venezuela” y que él mismo coordinó su ingreso. El oficial contó que esas armas eran parte de un contrato entre él y Juan Guaidó, con asesoría norteamericana, para una operación contra Nicolás Maduro. Según él, en el contrato aparecían las firmas de Guaidó y del asesor político J. J. Rendón.

También contó que esas armas iban para un hombre conocido como Pantera, un militar venezolano bajo su mando que coordinaría la operación. “Ninguna autoridad colombiana conocía de la operación contra Venezuela. Ni el presidente Iván Duque ni las Fuerzas Militares. Ellos solo se enteraron hace 48 horas”, dijo Alcalá, quien, antes de cortar abruptamente la entrevista, afirmó que él había buscado a las autoridades colombianas y a la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) para contarles que él era el responsable del arsenal. Esa declaración tuvo lugar minutos después de que el Gobierno de Estados Unidos le puso precio a la cabeza de Maduro.

Lo dicho por Alcalá despertó escepticismo. En una operación clandestina, los golpistas nunca ponen la firma. Por otra parte, con 26 fusiles de asalto nadie tumba una dictadura militar que tiene un ejército de 200.000 hombres, tanques y aviones. Esas armas servirían más para un atentado que para una revolución.

Narcodictador

En rueda de prensa, el fiscal general de Estados Unidos, William Barr, afirmó más temprano que la Justicia de ese país les formulaba cargos por narcotráfico al presidente de Venezuela y a 15 funcionarios. Señalan al líder de encabezar una organización de tráfico de drogas conocida como el Cartel de los Soles, llamada así por las insignias de los generales de ese país.

Con afiches que recuerdan los anuncios contra Pablo Escobar y sus socios, los estadounidenses ofrecieron una recompensa de 15 millones de dólares por información para capturar a Maduro. Esa figura suena extraña, pues, por lo general, las recompensas se brindan por información para dar con fugitivos. Maduro, en cambio, sale todos los días en televisión, duerme en el Palacio de Miraflores y no se está escondiendo. Por otros funcionarios del régimen prometen 10 millones de dólares por cabeza: Diosdado Cabello, Tareck El Aissami, y los generales retirados Hugo Carvajal y Clíver Alcalá, el mismo de la entrevista en la W Radio.

Este es el afiche de recompensa por 15 millones de dólares que ofrece el Gobierno de Estados Unidos por Nicolás Maduro.

Esos montos permiten dimensionar la gravedad de las acusaciones contra Maduro. Basta recordar que por el Chapo Guzmán, el narco más buscado del mundo, ofreció 8 millones de dólares. Al precio por Maduro solo lo superan los 25 millones por el líder de Al Qaeda, Osama bin Laden. En los afiches no aparecen Iván Márquez y Jesús Santrich, aunque están mencionados en el indictment y su cabeza tiene precio.

La acusación que presentó el Departamento de Justicia ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York por “conspiración de narcoterrorismo” revela algunas de las pruebas, principalmente, contra Maduro. Lo señalan de negociar toneladas de la droga con las Farc y de haber enviado 250 toneladas en una década. “Bajo el liderazgo de Maduro y otros, el Cartel de los Soles no solo enriqueció a sus miembros y su poder, sino que también inundó a Estados Unidos con cocaína y ocasionó efectos dañinos y adictivos a los usuarios”, afirma el documento.

Además, afirma que el propio Maduro, primero como canciller y después como presidente, hizo acuerdos con países centroamericanos para abrir rutas aéreas y marítimas hasta Estados Unidos. “Los cargamentos eran enviados hacia el norte desde la costa venezolana usando embarcaciones rápidas, botes de pesca y barcos cargueros. Los cargamentos por aire eran despachados desde pistas de aterrizaje clandestinas en el estado Apure”.

Agrega que “se buscaba producir grandes cantidades de cocaína para ser vendida a traficantes a cambio de millones de dólares; interferir en las investigaciones de tráfico de drogas y casos de investigaciones pendientes en Venezuela y otros lugares; y ayudar a proveer a las Farc armas militares, incluyendo ametralladoras, municiones, lanzacohetes y equipos explosivos”.

“En conexión con un esquema de lavado de activos de la conspiración narcoterrorista. Maduro Moros y otros aceptaron lavar millones de dólares de las Farc comprando equipos para la extracción de aceite de palma con ganancias de la droga, los cuales se usarían para apoyar la operación de cultivos de palma africana en Apure que parecerían legítimas. Acerca de este esquema, hacia diciembre de 2006, Venezuela anunció acuerdos con firmas de Malasia relacionadas con la extracción de aceite y con la exploración de petróleo en Venezuela”, cuenta uno de los apartes, en el que señalan al líder de lavar al menos 5 millones de dólares para las extintas Farc.

También afirma que el mandatario venezolano estuvo en reuniones con las Farc. Una de ellas en 2008, cuando con Diosdado Cabello y Hugo Carvajal les ofrecieron más armas a cambio de más cocaína. “Maduro abusó de su autoridad como canciller para asegurar que la frontera entre Venezuela y Colombia permaneciera abierta y así facilitar el tráfico de drogas”, afirma.

El fiscal general de Estados Unidos, William Barr, durante la rueda de prensa en la que anunció los cargos contra Maduro y sus colaboradores.

Otra reunión clave habría ocurrido en 2014, en una base militar en Caracas, entre Maduro e Iván Márquez. El primero habría aceptado seguir dándoles armas a las Farc (en plena negociación con el Gobierno Santos) a cambio de que la guerrilla entrenara una milicia armada en Venezuela. Según el indictment, el Cartel desvió armas para el Ejército venezolano y las entregó a Márquez, quien efectivamente entrenó a la milicia. “Maduro también le dijo a Marín Arango (…) que la milicia no debería ser asociada con el Gobierno, lo que permitiría una negación plausible a los funcionarios (…) Durante la entrega, Cabello Rondón y otros discutieron el hecho de que las armas eran un pago parcial por cocaína que las Farc les habían entregado a los miembros del Cartel de los Soles”.

Asimismo, el documento menciona a los sobrinos de Cilia Flores, esposa de Maduro, capturados hace tres años por la DEA. “Durante las reuniones grabadas Campo Flores y Flores Freitas explicaron que estaban en ‘guerra’ con Estados Unidos, describieron el Cartel de los Soles, discutieron una conexión con un ‘comandante de las Farc’ e indicaron que buscaban conseguir 20 millones de dólares producto de las drogas para apoyar la campaña de la primera dama (…) en conexión con la elección de finales de 2015 para la Asamblea Nacional”.

Los otros

El esquema involucra al ministro de Defensa, Vladimir Padrino, al presidente del Tribunal Supremo, Maikel Moreno, y a varios ministros y exministros, funcionarios antidrogas y hasta al jefe de la oficina de criptomonedas.

Cabello y El Aissami aún están con Maduro. Aparecieron con él cuando respondió que las acusaciones eran un nuevo intento del imperialismo por derrocarlo, una nueva forma de golpe de Estado, dijo, con elementos de racismo.

Carvajal y Alcalá son otra historia. El primero fue jefe de inteligencia de Hugo Chávez, cónsul en Aruba y diputado por el partido oficialista. Desde 2017 se separó del chavismo y en 2019 se sumó a las voces que calificaron de ilegítimo a Maduro. Apresado en España por drogas, escapó el año pasado antes de que ese país aprobara su extradición a Estados Unidos. Sigue prófugo.

Alcalá es igual de turbio. Tiene profundas conexiones con el chavismo. Él mismo controló la región militar donde funciona el Arco Minero del Orinoco, de la que se han beneficiado los uniformados por la extracción ilegal de oro. Por años fue el enlace de Hugo Chávez para la entrega de armas a la guerrilla de las Farc.

En 2013 empezó a alejarse, y cuando pasó al retiro, comenzó a criticar al régimen. En 2014 el exmagistrado venezolano Eladio Aponte lo señaló por narcotráfico, y en 2018 lo hizo Walid Makled, empresario acusado de tráfico de drogas, que permanece preso –con muchos privilegios– en Venezuela. Ya entonces Alcalá vivía en Barranquilla.

Poco después de conocido el decomiso del arsenal, el Gobierno venezolano lo acusó de dirigir una operación contra Maduro. Según la narrativa oficial, las armas servirían para asesinar a líderes siguiendo un plan financiado por Estados Unidos y apoyado por “la oligarquía colombiana”.

En la entrevista con La W, Alcalá dijo estar dispuesto a enfrentar a la justicia y que nadie puede cobrar la recompensa de 10 millones de dólares, pues estaba en su casa. El ministro de Información de Maduro, Jorge Rodríguez, afirmó que “Estados Unidos pasó factura a Alcalá por no concretar magnicidio contra Maduro”. Le respondió el encargado de Negocios para la Oficina Externa de Estados Unidos para Venezuela, James Story. “No tenemos una relación con él, nunca he hablado con él, está inventando cosas y por supuesto (Tarek William) Saab está tomando esto como una oportunidad para amenazar al presidente Guaidó de nuevo”.

La jugada interna

Todo indica que Maduro optará por atrincherarse y cohesionar a los suyos con que la revolución está en peligro y no solo su cabeza. Ello, en un escenario inédito: el crudo Merey cotiza a menos de 10 dólares –menos de la mitad de su costo de producción–, la escasez de gasolina es severa y el racionamiento estricto, la cuarentena pone en jaque la economía y la subsistencia de los más vulnerables que no tienen reservas para soportar el encierro, y un sistema de salud colapsado incapaz de evitar muertes por coronavirus.

Analistas pronostican que ello conducirá a más represión, en dos sentidos. Por una parte, a los actores de la oposición y, por la otra, a la sociedad que desafíe la autoridad, en un territorio militarizado como respuesta a la covid-19. Mientras tanto, las traiciones están a la orden del día. De los acusados solo cinco tienen recompensas. El resto del entorno presidencial, de hecho, permanece sin tocar. ¿Hay allí un mensaje para que entreguen a Maduro?

Este arsenal cayó en un retén de la Policía de carreteras el 26 de marzo en la vía entre Santa Marta y Barranquilla. El exgeneral venezolano Clíver Alcalá dijo ser el responsable de ese material.

Cualquiera pensaría que no es casual que todo haya explotado el mismo día. No es claro si el anuncio de la recompensa por Maduro y su corte fue una reacción y una cortina de humo para ocultar el incidente de las armas, Alcalá y la ‘conspiración’.

Alcalá llevaba dos años en Barranquilla y no es fácil entender cómo la inteligencia colombiana no detectó la operación de las armas. Tampoco es claro por qué, a pesar de que confesó ser el dueño del cargamento, la Fiscalía no lo requirió por tráfico de armas. El viernes el exgeneral coordinó con la DNI su entrega y ese mismo día salió en un avión de la DEA a Estados Unidos. Más allá de las dudas, solo queda claro que la acusación contra Maduro cierra más el cerco sobre él y su régimen.

Por ahora solo hay especulaciones sobre la intención de Estados Unidos. Pero algunos elementos sí están claros. 1) El indictment no tendrá efectos reales, a menos que se trate de la antesala de una invasión. 2) Esa invasión parece muy poco probable por las implicaciones geopolíticas ante Rusia, China e Irán. 3) La acusación, más que intenciones militares, tiene intenciones políticas. Para ser reelegido Trump necesita ganar Florida, donde la comunidad cubana es solidaria con la venezolana en el rechazo al socialismo.