¿Qué viene en el caso Uribe? Experto penalista explica

SEMANA: En términos prácticos, ¿qué implica que el juez haya equiparado la indagatoria que se adelantó ante la Corte con la imputación del sistema penal acusatorio?José Luis Moreno (J.L.M.): Implica que la investigación adelantada en contra de Álvaro Uribe Vélez ya no se encuentra en indagación preliminar. En la indagación, la Fiscalía General de la Nación habría podido proferir una resolución de archivo si consideraba que el supuesto fáctico era atípico o formular la imputación si de los elementos materiales probatorios y evidencia física se infería razonablemente que el expresidente era autor o partícipe de los hechos por los que se le acusan.Ahora bien, la decisión del juez conlleva a que la investigación se encuentre en la siguiente etapa a la indagación preliminar. Es decir, el exsenador se encuentra vinculado formalmente al proceso que se adelanta en su contra y, por consiguiente, el fiscal deberá continuar con el trámite procesal respectivo.SEMANA: ¿Qué consecuencia trajo la decisión del juez sobre las pruebas que había recolectado la Corte?J.L.M.: En principio, la decisión del juez no trajo ninguna consecuencia, ya que las pruebas recolectadas por la Corte Suprema de Justicia, bajo el marco normativo de la Ley 600 de 2000, pasarían a convertirse en elementos materiales probatorios, los cuales deben ser analizados por la Fiscalía. La Fiscalía determinará cuáles de estos serán esenciales para soportar la teoría del caso y, en consecuencia, fijar las que llevará a juicio. Debemos tener en cuenta que en el sistema penal acusatorio (Ley 906 de 2004) solo es prueba la practicada y admitida en juicio, contrario a lo que ocurría en el régimen anterior que se manejaba en la Corte.SEMANA: ¿Todas estas evidencias serán parte del proceso que se adelante en la jurisdicción ordinaria?J.L.M.: Si la Fiscalía decide continuar con el caso, los elementos materiales probatorios o evidencia física con los que cuente podrán ser parte del juicio. Sin embargo, primero deberán cumplir con las exigencias de conducencia, pertinencia, utilidad y racionabilidad que se evalúan en la audiencia preparatoria. En esta etapa procesal pueden ser inadmitidas, rechazadas o excluidas. De igual forma, el ente acusador está en la facultad de decidir qué elementos materiales probatorios o evidencia física lleva a juicio para sustentar su teoría del caso.SEMANA: ¿Cuáles son los caminos que puede tomar la Fiscalía ahora?J.L.M.: La Fiscalía puede continuar con el proceso formulando acusación o terminar el proceso solicitando la preclusión, o, en su defecto, podría presentar un principio de oportunidad o llegar a un acuerdo con el exsenador. Esto último es muy poco viable porque Uribe Vélez ha asegurado desde el inicio del proceso que es inocente y que no ha actuado por fuera del marco de la legalidad. La decisión sobre qué camino tomar debería depender del análisis que el ente acusador haga de los elementos materiales probatorios. Dicho esto, la Fiscalía tiene 90 días para formular la acusación o 120 días si se presenta un concurso de delitos, circunstancia que se da en el presente caso.SEMANA: ¿Podrían las víctimas (Iván Cepeda, Eduardo Montealegre y Jorge Perdomo) solicitar antes de que se cumpla este término una audiencia para pedir que se le imponga al expresidente Uribe una nueva medida de aseguramiento? ¿Se abriría la puerta para que el expresidente pierda su libertad?J.L.M.: Con la decisión del juez, el expresidente mantuvo su libertad, ya que se consideró que la detención preventiva decretada cuando el caso se regía por la Ley 600 de 2000, sí afecta la estructura y los principios rectores de la Ley 906 de 2004. Por esta razón no se extendió o mantuvo dicha medida que impuso la Sala Especial de Instrucción de la Corte.Por otro lado, según la jurisprudencia de la Corte Constitucional (Sentencia C-469 de 2016), las víctimas o su apoderado pueden solicitar la imposición de la medida de aseguramiento si el fiscal del caso no lo hace. Si eso llegara a suceder, el juez deberá evaluar las razones por las que la Fiscalía no la solicitó y decidir sobre su procedencia, de acuerdo con el cumplimiento de los preceptos legales y constitucionales para el decreto de la misma.SEMANA: ¿Y esta solicitud puede darse antes de que la Fiscalía decida qué camino tomar?J.L.M.: Sí, ellos la pueden solicitar en cualquier momento sin ningún inconveniente. Eso sí, deben sustentar la existencia de las causales para que se imponga la medida de aseguramiento.SEMANA: ¿Cuánto podría tardar el proceso?J.L.M.: En promedio, entre dos y cinco años, teniendo en cuenta la congestión judicial, la complejidad del caso y los factores externos e internos que imposibilitan una pronta justicia.