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| 11/10/2002 12:00:00 AM

¿Quién tiene la culpa?

Todo el mundo se rasga las vestiduras por la salida de Gilberto Rodríguez pero este debate tiene más de farisaico que de jurídico.

Si Gilberto Rodriguez Orejuela hubiera querido salir de la cárcel y recibir el año 2002 junto a su familia lo habría podido hacer perfectamente porque ya tenía derecho a la libertad condicional. La misma providencia firmada por el juez de Tunja, Pedro Suárez Vacca, así lo dice: "Encontramos que Gilberto Rodríguez Orejuela cumple con la pena impuesta de prisión mayor de tres años; además que las tres quintas partes de 183 meses y 13 días equivalen a 110 meses y 22 días; a la vez que este sentenciado completa al día de hoy, sumados los guarismos de pena física paga y pena redimida, un total de 124 meses y 24 días; con lo que supera el tiempo exigido". Esto en castizo significa que el ex jefe del cartel de Cali hacía 14 meses hubiera podido salir de la cárcel. Quizá prefirió no dejar solo a su hermano Miguel, hasta que pudieran salir juntos. Y la helada y severa prisión de Cómbita fue el detonante que los llevó a tramitar finalmente su libertad condicional.

O sea que la polémica desatada esta semana por la libertad del confeso narcotraficante se habría vivido con mayor escándalo aún hace más de un año e, igualmente, se hubiera buscado con lupa a los culpables.

No ha pasado un solo día en que el ministro del Interior y de Justicia, Fernando Londoño, no salga a señalar que el juez de Tunja es el culpable. El último episodio fue el revuelo que causó cuando dijo que Suárez "ejerció su profesión en Cali y se destacó como miembro muy obsecuente del bufete de abogados al servicio del cartel de Cali".

Cuando los periodistas le pidieron más detalles Londoño respondió que estaban "analizando con mucho cuidado, día por día, su paso por el Valle del Cauca".

La reacción del juez Suárez fue inmediata: "No sé por qué lo dirá el señor Ministro. Lo cierto es que yo ni siquiera conozco Cali, nunca he litigado, el que ha litigado creo que es él".

Todo el mundo busca un culpable mientras los ministros y el propio presidente Alvaro Uribe sostienen una y otra vez que la historia no debe repetirse.

Pero si se revisa la historia de la justicia penal en el país podría aparecer el responsable de lo que está sucediendo.

La 'reformitis'

Algunos aseguran que la culpa es de los códigos penales, que se han venido reformando al vaivén de las amenazas y las presiones de la mafia. Otros, a quienes el ex ministro de Justicia Jaime Giraldo Angel califica de "cínicos y desvergonzados", responsabilizan a la política de sometimiento a la justicia que él impulsó en 1990. "Yo tengo mucha ira por lo que dicen. Se les olvidó que la política de sometimiento a la justicia se acabó en 1991 cuando la Asamblea Nacional Constituyente tumbó la extradición; y fuera de eso en el Congresito no sólo se aprobaron una serie de beneficios a personas que ni siquiera se habían sometido a la justicia sino que se incrementaron las rebajas de pena por trabajo y estudio".

Pero, como si esto fuera poco, se hizo otra reforma al Código Penal en 1993. Esta vez la iniciativa fue del fiscal Gustavo de Greiff. En ésta se incrementaron de nuevo los beneficios. Se llegó a conceder una rebaja de hasta siete sextas partes de la pena. Es decir, el Estado le quedaba debiendo años al condenado.

Esa ley quedó intacta hasta mediados de 2000, cuando el fiscal Alfonso Gómez Méndez presentó las reformas a ambos códigos, el Penal y el de Procedimiento. Algunas de las normas allí contempladas desataron una pelea jurídica y hasta política entre el Fiscal, el gobierno de Andrés Pastrana y el Congreso.

En el polémico debate, que hoy muy pocos recuerdan, se discutió el texto de los artículos 72 y 72 A, que estaban en el código vigente y que establecían que "el juez podrá conceder la libertad condicional al condenado a la pena de arresto mayor de tres años, cuando haya cumplido las dos terceras partes de la condena, siempre que su personalidad, su buena conducta en el establecimiento carcelario y sus antecedentes de todo orden, permitan suponer fundadamente su readaptación social". O sea que, con base en este artículo, el juez tenía la potestad de conceder la libertad según los antecedentes. Es decir, evaluaba la peligrosidad o no del preso antes de dejarlo libre. Además excluía entre otros delitos, como secuestro y terrorismo, a los delincuentes condenados por Ley 30 (narcotráfico) y por enriquecimiento ilícito. Hoy no es así. Con el actual Código al juez ya no se le da la facultad de distinguir entre un gran capo de la mafia y una mula del narcotráfico. El artículo 64 del Código que hoy rige dice: "No podrá negarse el beneficio de la libertad condicional atendiendo a las circunstancias y antecedentes tenidos en cuenta para la dosificación de la pena". Con este artículo, aplicado al pie de la letra, el juez de Tunja se defiende con el argumento jurídico de que a él no le correspondía conocer los antecedentes de Gilberto Rodríguez Orejuela, sino evaluar y constatar sus horas de estudio, trabajo, buen comportamiento en la cárcel y que haya cumplido las tres quintas partes de la condena, sin tener en cuenta que se trataba de dejar libre a quien ha sido señalado por décadas como el capo de los capos del cartel de Cali.

Ese controvertido artículo tiene su historia. En junio de 2000 fue objetado por el gobierno Pastrana en un debate en el que terminaron enfrentados el ministro de Justicia Rómulo González, el fiscal Alfonso Gómez Méndez y los congresistas.

Cuando el ministro tomó la palabra les dijo en un tono casi desesperado: "Les ruego tener en cuenta, señores senadores, la inconveniencia que el gobierno encuentra al aprobar esta reforma. El proyecto es demasiado favorable en materia de punibilidad, que puede conducir a una impunidad generalizada en este país, fuera de la que ya existe".

El ministro de Justicia salió derrotado. No sólo una mayoría de congresistas aprobó la libertad condicional sino que la defendieron a capa y espada.

Uno de ellos fue el senador Roberto Gerlein, quien dijo: "A mí me parece que el gobierno en estas observaciones a este artículo se ha vuelto avaro, gruñón, cicatero, cruel, porque esa forma de actuar es una forma de expresar crueldad, de tener un corazón duro? yo le digo al Congreso que no le apruebe esa objeción al gobierno porque revuelca la dignidad humana", concluyó el senador.

Este artículo, que defendió el Congreso en 2000, le permitió a Gilberto Rodríguez Orejuela quedar libre. Según el ex ministro de Justicia y actual senador Andrés González, le abrió las puertas no sólo a Rodríguez Orejuela sino que les permitirá salir de la cárcel a muchos delincuentes. "Una de las razones que explica la actual crisis frente a los Rodríguez es el boquete que se abre con este artículo del Código Penal al permitirse la aplicación de la condena condicional al delito de narcotráfico, hecho excluido desde 1997. Yo sugiero medidas inmediatas para estos hechos tan graves y no se debería descartar un decreto de conmoción", señaló el ex ministro.

El debate de tecnicismos jurídicos sólo lo entienden los juristas, mientras la opinión pública se muestra indignada. Más cuando, en el caso de Miguel Rodríguez Orejuela, a última hora haya salido a flote la condena por intento de soborno que le hizo al juez Humberto Cruz Casallas en 1995, o sea siete años después.

Además de denunciar ante el Tribunal Nacional el ofrecimiento de un millón de dólares que le hicieron a nombre de Rodríguez Orejuela, el juez Cruz condenó al jefe del cartel de Cali a 23 años de prisión por encontrarlo culpable de haber enviado 150 kilos de cocaína a Costa Rica, delito que jamás había confesado. Es más, Cruz compulsó copias a la Dirección Regional de Fiscalías de Bogotá para que se investigara penalmente a Gilberto Rodríguez por el mismo delito. No obstante este despacho no actuó.

Sólo hasta la semana pasada, cuando la salida de Gilberto Rodríguez se hizo inminente, se conformó a toda carrera un equipo de fiscales para que tratara de establecer mérito suficiente, basándose en la sentencia del juez Cruz de 1995, para impedir que saliera. No alcanzaron porque el hábeas corpus no les permitía estirar más su tiempo de prisión.

Dentro de todos los huecos que ha ido dejando la justicia la actuación del juez Cruz Casallas es digna de destacar. No se dejó comprar, impuso la pena más alta a Miguel Rodríguez, pidió que investigaran a su hermano y gracias a su fallo la justicia pudo impedir a última hora la salida del menor de los hermanos.

La postura de Cruz revela, por contraste, el mar de discusiones inútiles en las que de tanto en tanto se embarca el país. Entre los dardos que van y vienen, y las culpas que todos se echan entre sí, lo que queda claro es que este debate tiene mucho de farisaico y poco de auténtico.

Todos saben que la culpa de que Gilberto Rodríguez Orejuela esté hoy libre es de todos. O de ninguno, que es lo mismo. Desde comienzos de la década del 90 jueces, fiscales, ministros, congresistas y litigantes, con notables excepciones, han dejado que en Colombia una cultura de leyes laxas les permita a los delincuentes cumplir penas ridículas frente al tamaño de sus crímenes.

Pero el asunto va más allá de culpas personales. La verdad es que el poder del narcotráfico, a través de la violencia y la intimidación o de la corrupción, ha terminado, en ocasiones, por doblegar la voluntad de la sociedad y de los gobiernos. De esa realidad política es que surgen situaciones vergonzosas como la que ha vivido el país en la última semana con el episodio de los Rodríguez Orejuela.

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