¿Rabo de paja?

Hay revuelo en Santander por un contrato que firmó la gobernación con Julio César Ardila, ex alcalde de Barrancabermeja, para que preste servicios como asesor de paz y derechos humanos. Las inquietudes por esta designación, hecha la semana pasada, tienen que ver con una investigación de la Fiscalía por las presuntas relaciones de Ardila con grupos paramilitares del Magdalena Medio.

El ex alcalde fue vinculado con esas organizaciones luego de que en abril del año pasado aparecieron cinco cuerpos cerca de Barrancabermeja, entre ellos el del periodista Emeterio Rivas. La Fiscalía dijo en ese momento que esas muertes fueron planeadas por los paramilitares. El periodista Rivas fue un fuerte crítico de la gestión de Ardila y días antes de su muerte, desde su programa radial, denunció unos contratos de obra que, aunque supuestamente no se cumplieron, fueron pagados a personas vinculadas con las autodefensas.

Por estas muertes la Fiscalía dictó órdenes de captura por homicidio y concierto para delinquir con fines de paramilitarismo contra Ardila y tres de sus más cercanos colaboradores en la alcaldía. Luego de dos meses de estar prófugo Ardila se entregó y estuvo encarcelado durante tres meses. A fines del año pasado un fiscal de segunda instancia revocó las medidas de aseguramiento. En la Fiscalía informaron que siguen recogiendo pruebas para evaluar si continúan la investigación y que Ardila sigue vinculado al proceso por los dos cargos. Aun si la Fiscalía resuelve acusarlo será un juez quien determine si cometió o no los delitos de los que se le sindica.

Sin embargo, la polémica que despierta el ex alcalde va más allá del proceso en la Fiscalía. Su mandato, de enero de 2001 a diciembre de 2003, coincide con la época en que los paramilitares han dicho que consolidaron su control de la ciudad petrolera tras arrebatárselo a la guerrilla. En diciembre de 2001 los paras prepararon la recordada inauguración de un parque al que iban a llamar Fidel Castaño, para festejar un año de su llegada a la ciudad. La fiesta se aguó y la placa conmemorativa que ya estaba lista se quedó sin instalar cuando el diario El Tiempo denunció lo que estaba pasando.

"Todo fue un montaje político, dijo Ardila a SEMANA sobre las investigaciones de la Fiscalía. Utilizaron un falso reinsertado para que nos señalara, pero después se supo que le habían pagado. Además era una persona que sufría problemas mentales; por eso se ordenó nuestra libertad de forma inmediata". Como soporte de esta afirmación el ex alcalde presentó copia de una denuncia ante el CTI en la que se asegura que uno de sus funcionarios le entregó dineros al supuesto testigo en su contra.

Acerca de las dudas en su gestión, Ardila dijo que "hay temas que van más allá de lo que maneja un alcalde y que están a cargo de los organismos de seguridad nacional", y agregó que paradójicamente cuando se lanzó a la alcaldía la gente lo señalaba de ser de izquierda por su anterior trabajo como defensor del pueblo local.

Sin embargo, varias organizaciones defensoras de derechos humanos con trayectoria en el departamento cuestionan su contrato. "Mientras no estén aclarados estos hechos ante la justicia no debió aceptar", afirmó Pablo Arenales, de la organización social Codhes. "Con esta decisión tengo dudas de para quién es el proyecto de paz de la gobernación y cuál es su estrategia", dijo Yolanda Becerra de la Organización Femenina Popular.

Según el gobernador del departamento, Hugo Heliodoro Aguilar, Ardila no será un comisionado de Paz, como se ha querido presentar, pues se trata sólo de una orden de prestación de servicios por cuatro meses para que haga una investigación sobre alternativas de diálogo con grupos al margen de la ley. Se trata de aprovechar su experiencia como alcalde y defensor del pueblo. "Por vincular a una persona que no tiene ningún impedimento legal, y que tiene derecho al trabajo, no se puede cuestionar una política de paz", dijo a SEMANA. Para Aguilar, ésta es tan eficiente que, por ejemplo, una ciudad antes sitiada como lo era Barrancabermeja "hoy vive un clima de paz y tranquilidad".

Las autoridades judiciales tienen en sus manos resolver esta controversia, que tiene en ascuas a muchos santandereanos. Para ellos un tema tan sensible como la paz, en un departamento como el suyo, debe estar exento de cualquier tipo de dudas.