RACHA DE FUGAS

Varias fugas espectaculares de prisioneros y urticantes denuncias de la Procuraduría General de la Nación sobre violación de derechos humanos en las cárceles, han hecho volver al país los ojos sobre esos establecimientos donde 25.617 colombianos "calientan cemento" por diversos delitos.
Las fugas, que en los últimos dos años habían sido episodios contados con los dedos de la mano, reaparecieron como una epidemia a partir del tercer mes de este año, hasta el punto de que el viceprocurador Jaime Ossa las calificó, en conversación con SEMANA, de "racha", comparable a las de suicidios que, de cuando en cuando, golpean la sensibilidad de la sociedad.
En marzo, 99 presos de la cárcel de Florencia, salieron a la calle detrás de los guerrilleros del M-19 que se tomaron esa capital. De ellos, la mayoría regresaron voluntariamente y por eso los expertos prefieren no contabilizar este éxodo en el renglón de las fugas.
Sólo seis presos continúan hoy prófugos después de este episodio. De Riohacha se volaron luego 22 presos.
Una verdadera fuga masiva, cuya investigación determinó la detención en el mismo recinto del propio director de la cárcel y-pliegos de cargo contra seis guardianes.
El día del guardián, aprovechando los festejos propios, siete individuos se evadieron, con complicidad, esta vez no de los guardianes, sino de agentes de la policía. Vinieron después dos casos espectaculares. El de Iván Darío Murcia y dos presos más que se fugaron de la Modelo de Bogotá, en operación ya perfectamente esclarecida por los investigadores y en la cual dos guardianes resultaron comprometidos. Se presume que recibieron tres millones de pesos por su colaboración. El otro caso es el de José Vicente Baquero, pez gordo del narcotráfico, que se evadió en Villavicencio, en el momento de ser trasladado al hospital. Según altas fuentes de la Procuraduría, a raíz de este hecho, fueron suspendidos de sus cargos un juez de instrucción penal militar, el director de la cárcel y el médico legista, a quienes se acusa de complicidad. Inclusive la contralora del departamento está vinculada a la investigación por haber presionado para que a Baquero se le dieran facilidades, circunstancia ésta que hizo posible la fuga. "Baquero era un privilegiado, era el preso más contemplado de todas las cárceles del país", afirmaron a SEMANA las mismas fuentes.
Al lado de estos casos de fuga "física", se puede considerar una clase de fuga que podría llamarse "legal", como la liberación de los 45 narcotraficantes capturados en los laboratorios del Yarí. La Procuradunía formuló denuncia penal por prevaricato contra el juez de la localidad de Puerto Rico (Caquetá), quien los dejó ir, a pesar de que existía la conlfesión, por lo menos de uno de ellos, sobre la autoría del montaje de esos laboratorios, los más grandes encontrados en el país.
Y como si todo lo anterior fuera poco, a estos casos se suman en las últimas semanas, la rebelión de los policías presos en la cárcel especial de la institución. Los hechos, sangrientos, y paradójicos por el carácter de ex servidores de la ley de sus protagonistas, están siendo investigados por la Procuraduría Delegada para la Policía Nacional.
¿A qué se debe la racha de fugas? "Las cárceles son cajas de cartón donde uno encierra tigres", explica el Director General de Prisiones, Bernardo Echeverri Ossa, quien se lamenta de la falta de seguridad física de muchas de las 188 cárceles nacionales y de las municipales existentes en los 987 municipios del país.
"Los evadidos de Riohacha rompieron en 15 minutos la muralla, que era construída de ladrillo arenoso, fácil de excavar con cualquier ladrilló afirma el director.
No obstante lo anterior, la inseguridad de las cárceles es, sobre todo, un fenómeno atribuíble al elemento humano, compuesto fundamentalmente por los guardianes. Actualmente hay 4.343 guarcranes que no alcanzan a cumplir con la vigilancia y la remisión de presos. Se necesitarían otros 700 hombres para que, trabajando en varios turnos, suplieran las mínimas necesidades en este aspecto, sin contemplar otros requerimientos en materia de estudio, trabajo y recreación de los reclusos. Estos factores sirven de escudo a los guardianes en aquellos casos de fuga con complicidad. Los guardianes ganaban hasta enero del 83 $8.000, prácticamente el sueldo mínimo. En esa fecha tuvieron un reajuste del 300% y quedaron con un salario de $24.000, incluídas las primas. A pesar del aumento, estos sueldos hacen que los guardianes sean vulnerables al soborno, especialmente al proveniente de los presos por narcotráfico. Y hay que tener en cuenta que a 31 de mayo pasado, había en las diferentes cárceles colombianas 2.273 presos sindicados de narcotráfico, es decir, un 10% del total de la población carcelaria. El soborno cuenta, además, con un caldo de cultivo de vieja data: los guardianes tienen la costumbre de cobrar por llamadas telefónicas, cambios de celda, entrevistas.
EL HORROR
Pero es el horror de la vida en nuestras cárceles lo que seguramente explica en forma más inmediata los deseos de fuga de los recluídos. Sobre esta llaga fue sobre la que puso el dedo una comisión de la Procuraduría, que durante un mes visitó varias cárceles nacionales y cuyo informe presentó la semana pasada en forma sobrecogedora el viceprocurador Jaime Ossa. Según este funcionario, si se fuera a calificar, de uno a cinco, el estado de bienestar de las cárceles colombianas, éstas se "rajarían" con un dos. Y algunas, como la de San Quintín en Bello, sacarían un menos cero.
En un balance general hecho a SEMANA Ossa resumió así las condiciones generales de las cárceles colombianas: "Aspecto fisico verdaderamente lamentable, hacinamiento penoso, tratamiento inhumano a los presos, absoluta falta de higiene, carencia de el sistencia jurídica y médica ausencia de medicamentos, paradójicamente alimentación aceptable, condiciones r,ecreativas nulas, talleres sin elementos de trabajo, no hay dormitorios ni colchones ni camas ". La comisión, que visitó las cárceles de La Picota, Modelo de Bogotá, Mujeres de Bogotá, Distrital, Barne de Tunja, Cúcuta, Villavicencio, Acacías, Bellavista de Medellín, Rionegro, Marinilla y San Quintín de Bello--esta última, un verdadero "espectáculo kafkiano que clama al cielo", según Ossa--, cayó por sorpresa a los establecimientos, en una práctica que nunca antes se había dado en el país.
Uno de los resultados más espectaculares fue el descubrimiento de calabozos inmundos, donde se practicaba el aislamiento de presos, en costumbre totalmente reñida con el Código Penitenciario. Varios directores de cárceles cayeron y los calabozo fueron demolidos.
Los resultados de estas visitas no hicieron sino confirmar un informe confidencial del Comité Internacional de la Cruz Roja, del pasado 12 de diciembre, que dio cuenta de otras visitas de expertos internacionales de esta entidad a 14 cárceles colombianas, e el lapso del 13 de julio al 14 de agosto de 1983. La Cruz Roja, en conclusiones conocidas por SEMANA, asegura, entre otras cosas, que más de la mitad de las instalaciones sanitarias de las cárceles no funcionan, que en algunas los presos duermen agrupa dos más de 50 por salón, en el suelo en total promiscuidad, que los precios de las cafeterías son un 50% más altos que en la calle, que la corrupción es moneda corriente y que algunos presos políticos denunciaron haber sido sometidos, antes de ser entregados a las autoridades judiciales, "interrogatorios con los ojos vendados, descargas eléctricas, inmersión de la cabeza, golpes y amenazas de muerte".
Interrogado sobre este último aspecto, el viceprocurador Ossa rectificó diciendo: "la tortura está desapareciendo, sin lugar a duda. Antes, continuamente nos llegaban quejas y memoriales sobre torturas. Pero desde junio de 1983, no ha habido ni uno".-