Las firmas mueven la democracia

Las redes sociales no son la única moda de la campaña para 2018. Los candidatos están fascinados también con la modalidad de recoger firmas para inscribir su aspiración. El último en formalizar un comité promotor fue Gustavo Petro, el viernes pasado, pero ya se le habían adelantado otros competidores de primera línea: Sergio Fajardo, Clara López, Alejandro Ordóñez, y una larga lista que, por ahora, va en diez.

Los comités, inscritos ante la Registraduría, se dedicarán durante los próximos meses a reunir firmas de ciudadanos, pues se necesitan 386.148 para hacer viable la postulación. Puesto que en los procesos de recolección se repiten nombres, se anulan las de quienes cometen errores y se presentan falsedades, cada uno debe apostarle a una cifra mayor para asegurarse de cumplir el requisito. Solo en materia de candidaturas presidenciales cerca de 5 millones de colombianos participarán con su apoyo a los aspirantes si se calcula que cada uno le apunta a 500.000 firmas. Y habrá que agregar varios intentos de inscribir listas al Congreso que también optarán por el respaldo ciudadano.

El bolígrafo y la rúbrica están activos en muchos otros frentes. La campaña que busca un referendo contra la corrupción, liderada por Claudia López y Angélica Lozano, ya superó la cifra de un millón de firmantes. Y varios miles de ciudadanos más han puesto en marcha procesos de revocatoria de alcaldes y gobernadores en todo el país: más de 100 municipios. Todos ellos por medio de las firmas ciudadanas. Igual sucede con las siete consultas populares ya realizadas en municipios que le han dicho No a la explotación de minerales, mientras 44 más están en fila para seguir la misma senda. La búsqueda de firmas está de moda.

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Varias razones explican la proliferación de ‘firmatones’ en todo el país. La principal es la pérdida de legitimidad y eficacia de los partidos políticos. En la última encuesta Invamer-Gallup para la gran alianza de SEMANA, Caracol y Blu Radio, hay más colombianos que se consideran independientes o sin partido que los que se declaran miembros de cualquiera de estos. El famoso aval partidista, tan apreciado en otras elecciones presidenciales, ahora solo sirve para llegarle a un sector de los votantes que puede no resultar suficiente para alcanzar la segunda vuelta. Incluso algunos aspirantes que han hecho sus carreras públicas en el seno de un partido están considerando sumarse al grupo de candidatos inscritos por firmas.

Apelar a estas en lugar de los avales sirve para múltiples objetivos. Algunos candidatos, como Clara López y Juan Carlos Pinzón, acuden a las rúbricas porque no cuentan con el apoyo de sus partidos, el Polo Democrático y La U. Otros, como Sergio Fajardo, porque es una forma de enviar un mensaje de independencia frente a los partidos y una fórmula para reclamar confianza en que cambiarán las formas de hacer política. Incluso a alguien con una larga trayectoria partidista, como Humberto de la Calle en el liberalismo, le han planteado la opción de reunir firmas para no cargar con el desgaste que afecta a las toldas rojas. Y unos más, como Alejandro Ordóñez o Gustavo Petro, simplemente porque no tienen un partido formal que los avale.

El hecho es que la elección presidencial de 2018 puede pasar a la historia por tener más aspirantes inscritos por “grupos significativos de ciudadanos”, como se denomina la figura legal, que por el aval de un partido. Si se tienen en cuenta los esfuerzos por reunir firmas para revocar a alcaldes y gobernadores, hacer cabildos abiertos o propiciar referendos, se concluye que la participación de los ciudadanos en política se encuentra en un momento de transformación. La Registraduría tiene en sus manos 206 procesos respaldados por iniciativas ciudadanas.

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La Constituyente del 91 introdujo las formas de participación directa con el objetivo de fortalecer la democracia. El presidente de la época, César Gaviria, consideraba que el tránsito de las instituciones representativas a las de participación directa era una columna vertebral de un revolcón histórico. Sin embargo, durante 25 años el uso de todas estas recetas dejó un balance insatisfactorio. Solo hubo un referendo (convocado por Álvaro Uribe en 2003) y un plebiscito (el de la paz, en octubre de 2016), muy pocas consultas populares y los intentos de revocatorias de alcaldes y gobernadores se ahogaron en medio de normas exigentes que, en particular, hacían casi imposible alcanzar el umbral de participación.

Muchos consideraron que esos requisitos hicieron fracasar el tránsito hacia la democracia participativa. Y en los últimos años el Congreso los ha flexibilizado. Una primera reforma disminuyó los umbrales necesarios para la revocatoria del mandato de los mandatarios locales, y una segunda –la que adoptó mecanismos especiales para tramitar los acuerdos entre el gobierno y las Farc– modificó, por una vez, el umbral. La flexibilización de las reglas es una de las razones por las que ahora, después de tanto tiempo, se activaron los mecanismos de participación ciudadana.

El impacto no es menor. Algunos especialistas ven con buenos ojos que por fin se apliquen normas constitucionales que prácticamente habían sido letra muerta. Pero también hay gran preocupación por la posibilidad de que el auge desmedido de las convocatorias con todo tipo de intereses desvirtúe su naturaleza. En las democracias avanzadas existen formas de apelar directamente a los ciudadanos, pero una cosa es que complementen las funciones que desempeñan las instituciones representativas y otra, muy distinta, que las reemplacen.

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Ante la pérdida de credibilidad de los partidos y del Congreso, la política puede buscar en la participación directa un sustituto que carece de algunas de las propiedades fundamentales de los mecanismos de representación. En particular, la responsabilidad política por las decisiones y la capacidad de articular intereses. En el caso de las consultas sobre minería y explotación de petróleo, la sumatoria de procesos locales conspira contra la visión general contemplada en la Carta Política, donde el subsuelo es de la Nación y donde hay un impacto macroeconómico, fiscal y de inversión sobre todos los colombianos. En el de las revocatorias de alcaldes, su desbordamiento se está convirtiendo en una fórmula de revancha política para los derrotados en las elecciones y puede poner en jaque la estabilidad de los alcaldes y gobernadores. Las candidaturas presidenciales y al Congreso –en número excesivo– se pueden convertir en la estocada final contra los partidos.

No por coincidencia ya algunas voces solicitan al Consejo Nacional Electoral reglamentar de nuevo los procesos de revocatoria para evitar la incertidumbre generalizada en los periodos de los alcaldes y gobernadores. Sobre todo en un panorama de debilidad de los partidos, que hace que en muchos casos –como en los de Petro y Peñalosa en Bogotá– los elegidos solo alcancen un porcentaje minoritario de la votación y desde que se posesionan tienen a una mayoría en contra muy tentada a revocarlos.

Lo cierto es que las firmas y la participación directa están en auge. Son la nueva política, de mano de las redes sociales. Los políticos consideran más fácil conseguir una rúbrica que un voto –“una firma no se le niega a nadie”, dicen– y los ciudadanos pueden llenar planillas sin adquirir mayores responsabilidades. Lo cual implica todo un desafío. Porque el apogeo de la democracia directa puede darle a lo público un oxígeno que le hace mucha falta, pero un desbordamiento caótico puede empujarla a un salto al vacío.