Relaciones peligrosas

Los organismos de inteligencia tienen en sus manos una grabación interceptada a las Farc en la cual dos guerrilleros sostienen una conversación que comprometería al teniente coronel (r) de la Policía Edgar Bejarano Chávez, quien fue el hombre de confianza del general Luis Ernesto Gilibert durante los últimos años.

Contrainteligencia de la Policía ya tenía los ojos puestos en el coronel Bejarano luego de escuchar la versión de un testigo que vive en la zona del Tequendama, al suroccidente de Cundinamarca. En esa región, que abarca municipios como La Mesa, Anapoima, San Antonio del Tequendama, Apulo, Tocaima y Mesitas del Colegio, opera el frente 42 de las Farc, comandado por Ernesto Orjuela Tovar, identificado en la guerrilla con el alias de ?El Negro Antonio? o ?Antonio López Herrera?. Según la versión de la persona que colaboró con Inteligencia de la Policía el coronel Bejarano se mueve como pez en el agua y es respetado por los campesinos de la zona que con frecuencia lo ven por esa, su tierra natal.

El casete ya fue conocido por el director de la Policía, general Luis Ernesto Gilibert. SEMANA tuvo acceso a algunos apartes de las conversaciones en las que los dos hombres, identificados por Inteligencia como guerrilleros de las Farc, mencionan al coronel Bejarano Chávez (ver recuadro).

Según las labores de Inteligencia una persona identificada como ?Santos?, que se menciona en una de las conversaciones, sería Santos Montañez Viracachá, a quien el Ejército señala como jefe del grupo de secuestros del frente 42 de las Farc. Las autoridades desconocen cuál es el grado de familiaridad entre el ex oficial de la Policía y las Farc, pero aseguran tener evidencias de algunas reuniones que Bejarano ha sostenido con Santos Montañez.

Lazos familiares

Esta grave denuncia no es la única que ha involucrado a Bejarano en los últimos días. Además la Policía ha investigado los negocios privados de una hermana suya, también miembro de la institución.

Una fuente policial consultada por SEMANA sostuvo que el alto mando de la Policía conoció los negocios de la capitana, que fueron denunciados por varios oficiales de la Policía. Según ellos Fabiola Bejarano Chávez poseía el 50 por ciento de las acciones de la firma Intevec Ltda., que presta servicios de seguridad a empresas nacionales y a particulares y atendía sus funciones policiales desde la empresa familiar, ubicada en la calle 52 No.69-29 en el barrio Normandía, al noroccidente de Bogotá.

Según la información registrada en la Cámara de Comercio la capitana le cedió las acciones a su esposo, el teniente (r) Arnoldo Duarte en 1999 y en la institución aseguran que gracias a su parentesco con el coronel Bejarano la capitana jamás recibió siquiera un llamado de atención.

Pero la vida del coronel Bejarano se le complicó aún más cuando el ministro de Defensa, Gustavo Bell, recibió una comunicación de la NAS, la oficina que desde la sede de la embajada estadounidense en Bogotá maneja los recursos entregados por ese país para la lucha contra el narcotráfico. El explosivo documento denunciaba la desviación de recursos para antinarcóticos por parte de 21 oficiales. Entre ellos se encontraba Bejarano Chávez, secretario privado del general Gilibert en el momento de la denuncia. Cuando el escándalo estalló, el director de la Policía le dijo a la prensa: "El tema de Bejarano no se trata de cheques o entrega de dineros. Parece que estaba utilizando su cargo para lograr prebendas del sector de narcóticos. Eso lo tenemos que establecer plenamente. De todas formas frente a él ya se tomaron las decisiones que se debían tomar y está retirado de la Policía Nacional".

El señalamiento del general causó revuelo en el interior de la Policía porque la mayoría de los oficiales retirados por petición de la embajada de Estados Unidos se habían comprometido con él a no polemizar públicamente sobre la denuncia. A cambio, si salían bien librados después de aclarado el escándalo, serían reintegrados a la institución. Sin embargo algunos oficiales retirados aceptaron hablar con SEMANA, pidiendo la reserva de sus nombres, y dieron algunos datos reveladores. Aseguran que las autoridades estadounidenses jamás hablaron del desvío de dos millones de dólares como se ha denunciado públicamente. Cuentan que fue en octubre de 2001 cuando se recibió la primera comunicación del gobierno estadounidense en la que informaban que aparentemente existían unas compras ficticias por 500.000 dólares en la Dirección Antinarcóticos. Unas semanas después, llegaron inspectores norteamericanos a Colombia y con facturas en mano visitaron conjuntamente con la Policía los establecimientos comerciales y no encontraron nada irregular. Con base en esta información se levantó un acta que a la fecha no ha sido contestada por la embajada.

En 2001 el presupuesto designado por el gobierno estadounidense a la NAS en Colombia era de 37 millones de dólares al año, de los cuales 31 millones de dólares eran manejados por la NAS y los seis restantes por la Policía Antinárcoticos en gastos como papelería, combustible para carros, alimentos, protocolo, etc. De acuerdo con estos gastos ninguna orden de pedido podía superar los 2.500 dólares y cada una era revisada minuciosamente por los funcionarios de la embajada. Después de la visita de los inspectores estadounidenses el general Gustavo Socha Salamanca decidió enviarle una carta a Luis Moreno, el entonces jefe de la NAS en Bogotá, en la que le solicitaba que así como la Policía Antinarcóticos tenía que rendir cuentas de cada dólar que se gastaba, a él le gustaría conocer el plan de gastos de la NAS y su justificación. Todo parece indicar, según fuentes de Antinarcóticos, que éste fue el inicio de un enfrentamiento entre la NAS y la Policía que aún no ha llegado a su final.

¿Pero en toda esta historia por qué fue retirado de la Policía la mano derecha del general Gilibert y él qué tenía que ver en la Dirección Antinarcóticos si su cargo era el de secretario privado del director general? Los oficiales que aceptaron hablar con SEMANA aseguran tener documentos que prueban el envío de 62 órdenes firmadas y enviadas por el coronel Bejarano al director administrativo de Antinarcóticos. En éstas solicitó recursos para la Dirección a nombre del general Gilibert. Según los oficiales la Dirección de la Policía aún no ha presentado el soporte de estos gastos.

"Se trata de algunas manzanas podridas", había dicho Gilibert cuando se vio obligado a separar de sus cargos a los 21 oficiales. Puede que las investigaciones que hoy se adelantan le den la razón. Pero las nuevas denuncias que han surgido ?que además son de tan diversa índole? y que comprometerían a oficiales del rango de Bejarano podrían estar revelando una situación mucho más grave. Y como dijo un ex alto mando de la institución, la Policía bien puede estar atravesando una crisis tan severa como la que vivió en 1994 cuando tuvieron que ser retirados 11.000 de sus miembros.