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BOGOTÁ

Revocatoria de Peñalosa, seis meses frenada en el CNE

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca le dio 2 días a la autoridad electoral para resolver las recusaciones a sus magistrados, y 10 más para emitir o negar el aval a la revocatoria.

6 de diciembre de 2017

Antes de que termine este año tendrá que definirse el futuro de la revocatoria del alcalde Enrique Peñalosa. Así lo ordenó el Tribunal Administrativo de Cundinamarca al fallar una tutela interpuesta, entre otros, por José Cuesta, ex subsecretario de Gobierno de la alcaldía de Gustavo Petro. Los demandantes pretendían que por la vía judicial se desempantanara el proceso contra el alcalde mayor de Bogotá, que desde hace meses parece congelado en el Consejo Nacional Electoral (CNE), donde, a juicio del tribunal, ha habido una serie de improvisaciones. Por eso, la sentencia que podría destrabar el proceso de revocatoria, también fue un duro regaño a la máxima autoridad electoral del país.  

Con la tutela, los demandantes pretendían que el CNE expidiera la decisión sobre los estados contables del comité Unidos Revocamos a Peñalosa, en donde se debe analizar si se violaron los topes de financiación y otras reglas electorales. De ese documento depende si se convoca o no a las urnas para definir la permanencia de Peñalosa en el Palacio Liévano. 

El pasado mes de junio, el Fondo de Financiación Política del CNE emitió un informe evidenciando supuestas irregularidades como falta de certificados, facturas y presunta violanción en los topes de las donaciones. Hace tres meses, el comité presentó los documentos con los que esperaban subsanar las irregularidades que señaladas. Sin embargo, desde entonces no han recibido respuesta.

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Antes de fallar la tutela, el equipo jurídico del alcalde Enrique Peñalosa presentó sus argumentos. Entre ellos, expuso que aunque la norma fijaba un plazo para que la Registraduría emitiera un dictámen sobre las firmas presentadas para convocar la revocatoria -trámite que ya se surtió-, no se determinaba un término para que el CNE diera o negara su aval a la financiación de la recolección de firmas.

Pero el tribunal no acogió ese argumento. Si bien reconoció que la ley no regula esos tiempos, concluyó que la revocatoria es parte de los derechos políticos fundamentales, y por eso "la decisión ha debido tomarse en un plazo razonable de conformidad con los principio que orientan la función administrativa".

Ahora, ante la oleada de procesos de revocatoria iniciados contra mandatarios de todo el país, y frente a la ausencia de lineamientos claros en proceso que debe llevar a cabo la autoridad electoral, el CNE decidió estudiar cada caso en particular. La determinación dilató las decisiones. A eso se le sumó que cuatro magistrados que tienen que tomar parte en el proceso fueron recusados, y hasta que no se solucione su situación, no pueden seguir con la deliberación.

Esas recusaciones, informan en el CNE, siguen en estudio y son el obstáculo para que la ponencia radicada por el magistrado Emiliano Rivera, en la que acoje el informe de irregularidades del Fondo de Financiación Política, sea votada por la sala plena del Consejo.

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Ante eso, el tribunal asegura que la falta de un procedimiento no debe ser una excusa "para no cumplir (...) con un término razonable para resolver las solicitudes de revocatoria, recusaciones y demás peticiones...". Entre otros argumentos, porque no tiene sentido que por la demora del proceso, una revocatoria termine decidiéndose cuando el mandatario en cuestión esté próximo a terminar su periodo.

En consecuencia, los magistrados encontraron que "el proceso de revocatoria adelantado contra el alcalde (...) ha estado al vaivén de las improvisaciones".

Finalmente, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca le ordenó al CNE que en las próximas 48 horas resuelva las recusaciones pendientes y que luego de eso, en los 10 días siguientes, se pronuncie de fondo sobre el futuro de la revocatoria del alcalde de Bogotá. De momento, los plazos tendrán que cumplirse, luego de que la autoridad electoral decidiera no apelar la decisión que, sin embargo, también puede ser impugnada por Peñalosa.