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| 9/19/1983 12:00:00 AM

¿SE ACABO EL GOBIERNO NACIONAL?

Rotación de gobernadores somete al gobierno a críticas de entrega a los directorios políticos

¿SE ACABO EL GOBIERNO NACIONAL? ¿SE ACABO EL GOBIERNO NACIONAL?
A las siete de la noche del lunes 15 , después de un fin de semana en el que trabajó intensamente en compañía del nuevo ministro de Gobierno, el presidente Betancur movió la última ficha de lo que él mismo denominó el "ajedrez político" de las gobernaciones. El simil con el ajedrez era en realidad adecuado para un proceso lleno de presiones e intereses que, invariablemente, deja descontentos a muchos. No fue diferente en esta ocasión, aun cuando sorprendió la intensidad de algunas reacciones en contra, tratándose de un Presidente que hasta el momento se las había arreglado para no crear animadversión en sectores políticos de importancia.
Las críticas fueron de diverso orden: que la nómina de gobernadores estaba abiertamente inclinada hacia un grupo político, -en este caso el pastranismo- que los representantes conservadores eran "pesados" de la política mientras que los liberales eran "amateurs"; que muchos de los gobernadores eran clientelistas. que la selección se hizo con miras a las elecciones de mitaca, con el objeto de favorecer al conservatismo. Y como caso curioso, hubo una rotación entre hermanos en la gobernación del Magdalena que fue mal recibida por la opinión pública.
Fuera de estas inevitables reacciones, la atención se centró en una sola crítica de fondo: que Betancur había cambiado el espíritu de su gobierno, dejando atrás una posición independiente y nacional para ceder a consideraciones mecánicas partidistas impuestas por los directorios políticos.
El principal promotor de esta tesis fue el diario "El Espectador" que, por primera vez, usó contra el Presidente el tono y lenguaje agresivos que había utilizado durante la mayor parte de los dos últimos gobiernos. Concretamente se acusaba a Betancur de haber cambiado de la noche a la mañana "el respaldo de un país esperanzado por la mezquina colaboración de un directorio de trastienda, o por la bendición de dos ex presidentes que tienen ahora igual o mayor influencia política que cuando ejercieron el poder". También afirmó el mismo periódico que el Presidente "le habla endosado la viotoria al perdedor, para que la utilizara contra quienes la hicieron posible".
Lo paradójico de todo es que los perdedores tampoco parecían muy agradecidos. El Tiempo, hizo eco de este sentimiento en un editorial en el que anotaba: "En el campo liberal la reacción no hasido entusiasta. Todo lo contrario. El oficialismo se queja, y con razón, de que sus representantes no tienen el 'calibre' de los gobernadores conservadores. A pesar de haber aumentado el número de supuestos oficialistas de tres a ocho y de haberse prescindido de los llamados liberales belisaristas, no se sienten los oficialistas adecuadamente correspondidos ni representados a carta cabal... "
Detrás de todo este sibilino debate, salen a flote dos incongruencias de fondo. No es posible establecer una diferenciación entre el gobierno nacional y el tipo de gobierno que impone el artículo 120 de la Constitución. El concepto de gobierno nacional fue un habilísimo recurso inventado por Betancur para obtener una votación que el partido conservador no hubiera podido obtener a título propio. Pero en la práctica lo que se logró "vender" como una innovación era ya una obligación constitucional, pues desde la creación del Frente Nacional y mientras subsista el artículo 120 con la "participación adecuada y equitativa" del segundo partido, todos los gobiernos han sido y seguirán siendo nacionales. La inclusión de ministros como Roberto Junguito y Jaime Pinzón, que ha sido interpretada como la aplicación de una filosofía independiente y "nacional", no constituye de manera alguna un caso singular. La desvinculación de éstos con la clase política era comparable con la que tuvieron en la administración pasada Eduardo Wiesner y Maristella Sanín, o Luis Carlos Galán (a los 26 años) y José Raimundo Sojo Zambrano en el gobierno de Pastrana, o Rodrigo Botero y Miguel Urrutia en la administración López, o más de la mitad de la administración Lleras Restrepo, que se caracterizó por ser el gobierno de los técnicos.
La única desviación de lo tradicional en el gobierno de Betancur en materia de nombramientos, ha sido el de María Eugenia Rojas en el Instituto de Crédito Territorial, el cual, para realizarse, no requería crear una fórmula política nueva. Tampoco representa un avance en nuestras costumbres políticas que el Presidente de un gobierno nacional gobierne para todos los colombianos, porque todos los presidentes, por mandato constitucional, tienen la obligación de gobernar para todos los colombianos.
En consecuencia el "gobierno nacional", que sirvió su propósito como técnica de mercadeo electoral, no es sustentable como innovación política en la práctica. La polémica real radicaría entonces en la representatividad política de los funcionarios nombrados, y es aquí donde Betancur, como otros presidentes en el pasado, seleccionó entre sus copartidarios personas con mayor peso electoral que los escogidos a nombre del partido liberal.
La segunda incongruencia es inherente al artículo 120 de la Constitución. Este establece la participación "adecuada y equitativa" del segundo partido que le siga en votos al ganador de las elecciones. Sin embargo, para ganar las elecciones en Colombia, y esto lo demostró el propio Betancur, es necesaria la representación burocrática en el gobierno y la retórica oposicionista en la campaña electoral.
De ahí que todos los partidos derrotados en el futuro se verán obligados a inventar slogans como "colaboración personal y técnica", "colaboración con fiscalización" y toda suerte de galimatías que les permitan mantener la cuota burocrática que ofrece el artículo 120, sin la obligación de ser solidarios con la obra de gobierno
Así, pues, lo que sucedió la semana pasada no constituye en modo alguno el desmonte de una modalidad de gobierno nueva, sino simplemente un ajuste rutinario, tal vez prematuro, de rigor en los gobiernos enmarcados dentro de las incongruencias del artículo 120 de la Constitución.

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