Se llenó la copa

El presidente Alvaro Uribe tomó una de las decisiones más trascendentales en la historia de la Policía. Cambiar de un solo golpe a toda la cúpula aunque le implicara dar por terminada la carrera policial de cinco generales de la República. No tenía otra alternativa. Desde que llamó nuevamente a la institución al general Teodoro Campo y se saltó la prelación de algunos oficiales se desató una fuerte división interna. Esas profundas diferencias entre los altos mandos crecían con el tiempo y aunque hacían un gran esfuerzo no lo podían disimular. Y en junio la situación empeoró con el escándalo de corrupción que estalló cuando algunos oficiales devolvieron cinco toneladas de cocaína a la mafia en el Atlántico.

Nunca se había llegado a tales extremos de corruptela y, mientras el presidente Uribe guardaba silencio sobre el tema, el general Teodoro Campo se enredó tratando de explicarlo.

Pero el escándalo de la coca revivió en los medios periodísticos casos de corrupción de cinco años atrás y se destaparon otros de menor calibre pero que no dejan de ser preocupantes. Por ejemplo, la Procuraduría formuló pliego de cargos a 29 policías, a quienes se les investiga por el robo de gasolina en Bogotá. La Fiscalía desmanteló una banda de 20 policías que atracaban bancos en la capital del país. Se descubrieron irregularidades en el manejo de la plata que entrega el gobierno estadounidense a la Policía Antinarcóticos. La justicia procesa a 30 policías señalados de pertenecer a la banda 'Los Calvos', sindicada de varios secuestros de industriales y extranjeros. Tres agentes de la Policía fueron capturados por secuestrar a un soldado vinculado al hallazgo de la guaca de dólares en el Caguán. La Fiscalía desmanteló una banda de uniformados dedicada a robar apartamentos. Y los dos últimos edecanes de la Presidencia y el jefe de seguridad del Concejo de Bogotá, oficiales de la institución, tienen que aclarar algunas situaciones irregulares durante el ejercicio de sus funciones.

Cuando aún no terminaban de salir estos casos de corrupción en las primeras páginas de los diarios SEMANA reveló un listado de gastos suntuarios registrados durante los años 2001 y 2002 en la Policía Metropolitana de Medellín que no aparecen justificados por ninguna parte. Son cerca de 800 facturas, en las que figuran compras de 'Besos de Negra' y turrones, estilógrafos Montblanc, discos y esculturas por 52 millones de pesos. Licores por 20 millones y tríos, meseros, asesoría de prensa y mariachis por 13 millones. Alojamiento en hoteles de Medellín por 26 millones. Banquetes y comidas en lujosos restaurantes por 70 millones y en arriendos de apartamentos y misas cantadas otros 32 millones de pesos.

Algunos de estos gastos figuran en los listados de facturas canceladas o por cancelar del grupo financiero de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá.

La mayoría de los recibos están a nombre del capitán Jorge Camargo, jefe financiero de la Metropolitana. Sin embargo estos gastos no figuran en los estados contables del comando. Lo más grave es que los originales de estos recibos, tal y como lo denunció SEMANA en la edición anterior, los guardaba en su casa Myriam Gómez Vega, una funcionaria de la Policía que rompió el compromiso que había hecho con el capitán Camargo de tener los documentos en custodia y permitió que se fotocopiaran.

Mientras la noticia era registrada por las agencias internacionales y el comandante de la Policía en Medellín, general Leonardo Gallego, trataba de responder a las denuncias por las diferentes cadenas radiales, al Presidente de la República se le agotaban las razones para continuar soportando más escándalos en esa institución.

No sólo venía mortificado por la devolución de la coca a los narcotraficantes, por la división interna y los constantes enfrentamientos entre Teodoro Campo y la ministra de Defensa, Marta Lucía Ramírez, sino que ahora le quedaría más difícil pedirles a los colombianos más impuestos para financiar la guerra, mientras algunos oficiales malgastaban millones de pesos en cosas suntuarias.

Así se explica su reacción del martes cuando, en un breve comunicado de la Casa de Nariño dijo: "El Presidente de la República expresa su disgusto por el despilfarro en la Policía de Medellín. Recuerda que la austeridad es norma esencial de este gobierno".

Eran las 8 y media de la mañana y en los corrillos de Palacio ya se rumoraba una nueva crisis que se veía venir en la Policía mientras el general Campo decía que él "creía que la situación no era tan grave como la pintaban" los medios de comunicación, mientras sostenía en una entrevista con La W FM que en cuestión de horas le daría una explicación al país sobre este nuevo escándalo. Al terminar el día le explicó a uno de los asesores presidenciales que "de acuerdo con las primeras indagaciones no estaban involucrados dineros de la Policía y que sólo se trataba de dineros de una colecta entre 120 oficiales que laboraban en Medellín".

Con esta explicación al presidente Uribe se le agotó la paciencia y a las 8 de la noche firmó el decreto que ordenaba las bajas de Campo y Gallego.

Simultáneamente, en Medellín, el inspector de la Policía, general Víctor Manuel Páez Guerra, trataba de explicar en una rueda de prensa que las compras millonarias no se habían cancelado con dineros de la Policía y que por esa razón dichos gastos no aparecían en la contabilidad del comando. Sostuvo, además, que los recibos que registraban esos gastos pertenecían a un archivo particular del capitán Camargo, quien era el encargado de realizar las compras particulares de un grupo de oficiales de la Metropolitana que acostumbran "hacer una vaca" parar reunir fondos y gastar ese dinero en regalos y atenciones a sus superiores, a sus compañeros y a sus amigos. "Hay un sistema generalizado de tiempo atrás en todas las unidades de Policía, que para ciertos eventos sociales, como un cumpleaños o la despedida de un oficial, se hace un evento o bien se le brinda una copa de vino o se le da un detalle. Eso es voluntario, se fija una cuota, todos aportan y la Metropolitana de Medellín tiene más de 120 oficiales", dijo el general Víctor Manuel Páez.

Cuando terminó la rueda de prensa ya él también estaba destituido y la noticia de la caída de toda la cúpula de la Policía le daba la vuelta al mundo.

Eran cinco generales que salían después de 32 años de servicio a la Policía: Teodoro Campo, director; Héctor Darío Castro, subdirector; Luis Alfredo Rodríguez Pérez, director operativo; Víctor Manuel Páez, inspector, y Leonardo Gallego, comandante en Medellín.

En la institución ya se vivía una especie de "conmoción interna" y los más antiguos oficiales estaban sorprendidos frente a la decisión presidencial.

Pero ya no había nada que hacer. Si a Uribe le falló la fórmula de apostarle a Campo para sacar a la Policía de la crisis profunda de corrupción que atravesó todos los niveles, ahora espera acertar con el nombramiento de otra cúpula. El nuevo director, Jorge Daniel Castro, es un general que ha estado 30 años de su vida al servicio de la Policía y tiene ahora el reto de demostrar que el presidente Uribe no se equivocó con su nombramiento.

Mientras tanto el primer mandatario le pidió al nuevo ministro de Defensa, Jorge Alberto Uribe Echavarría, "implementar todas las decisiones que se requieran para garantizar la transparencia y austeridad en la Fuerza Pública". El procurador, Edgardo Maya, anunció que pondrá en conocimiento del nuevo Ministro todos los asuntos de corrupción en las Fuerzas Militares.

Sin embargo es posible que el contralor general, Antonio Hernández Gamarra, se le adelante. Este pasado fin de semana puso a trabajar a todo el grupo de auditores de gastos reservados para presentarle al país el más completo informe sobre el manejo que le viene dando a estos dineros la Policía Nacional. Públicamente anunciará esta semana el hallazgo de graves irregularidades en Medellín y solicitará el levantamiento de la reserva en el pago de los informantes para verificar su autenticidad.

El Contralor fue el primero que no creyó la versión de la Policía, según la cual el dinero con el que compraron joyas, óleos, besos de negra y pagaron banquetes y alojamiento en hoteles de Medellín salió del bolsillo de 120 oficiales de la Policía. A manera de ejemplo dijo que si él, como particular, compra un libro para un regalo, no tiene porqué poner en los recibos que fue con fondos de la Contraloría. "La explicación no es clara", sostuvo.

Cuando se sepa la versión de los 120 oficiales que supuestamente aportaron de su bolsillo para las compras podrá conocerse si el escándalo de los gastos reservados de la Policía está resuelto o apenas comienza.