Senado aprueba la eliminación de casa por cárcel para corruptos

Después de varios intentos fallidos, fue aprobado en cuarto y último debate el proyecto de ley que elimina la casa por cárcel para los servidores públicos que sean condenados por actos de corrupción y delitos contra la administración pública. Este proyecto hace parte del paquete anticorrupción que fue aprobado en las mesas técnicas que hicieron los partidos y el Gobierno en 2018.

Ahora que fue aprobado por la plenaria del Senado, el proyecto pasa a conciliación con la Cámara y tiene grandes posibilidades de pasar, porque hace parte de los proyectos que prioriza el Gobierno en su decreto de sesiones extraordinarias, que inician este 17 de diciembre hasta el próximo 20. "Estamos listos en Cámara para la conciliación. Fue incluido en el decreto de sesiones extras, así que no hay excusa para no sacarlo esta semana", aseguró la representante Juanita Goebertus (Verde).

Este proyecto corresponde a la pregunta 2 de la Consulta Anticorrupción que proponía “eliminar la casa por cárcel a los corruptos y prohibirles contratar con el Estado”. Así que la senadora Angélica Lozano, una de las promotoras de la consulta que obtuvo 11 y medio millones de votos, celebró la aprobación del proyecto.

Tal como dice la senadora Lozano, quienes sean condenados por corrupción no podrán estar en sitios de reclusión especiales. En caso de que se necesiten condiciones especiales de seguridad irán a "pabellones especiales dentro de las cárceles", según explicó la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez.

Además, contempla la terminación unilateral del contrato por actos de corrupción sin indemnización por parte del Estado. “Tiene elementos importantes como (...) extender las inhabilidades a las personas jurídicas, cuando se trata de grupos económicos. Actualmente, lo permite para las empresas individualmente, ahora se extiende a los grupos”, dijo la ministra del Interior. En un ejemplo concreto, si el caso de Odebrecht hubiera ocurrido después de esta ley todo el grupo económico habría quedado inhabilitado para contratar con el Estado.

El debate se estaba empantanando. El senador Rodrigo Lara (Cambio Radical) aseguraba que el proyecto tenía un mico porque acababa con la figura de la caducidad administrativa. Esto generó un contrapunteo entre el senador Lara, la ministra del Interior, y la senadora Angélica Lozano. “Si no hay voluntad política para sacarlo, entonces hay que decírselo a la opinión pública. Senador Lara, usted ha estado en la Fiscalía en las mesas de concertación (...) No es ningún populismo punitivo, no es cierto que se esté terminando la caducidad de los contratos”, explicó Gutiérrez.

La senadora Lozano le dijo a Lara que no se podía “jugar a dilatar”, porque solo restaban seis meses -hasta junio de 2020- para aprobar el proyecto anticorrupción, el mismo que se hundió en la pasada legislatura. “No nos llamemos a engaño, aquí no se acaba la caducidad. Respaldo a la ministra del Interior”, dijo la senadora del partido Verde.

Fue Lozano quien desenredó la pita, al aclarar que ese parágrafo al que se refería el senador Lara fue eliminado, justamente por las razones que fueron expuestas por él.

Así las cosas, es probable que este proyecto se convierta en ley durante esta semana. Si esto no pasa, de todas formas la conciliación se puede hacer en el primer semestre de 2020.