“Ser sapo no paga”: Carlos Lehder, los Nule y otros casos

Las series de abogados de Estados Unidos han creado una falsa idea dela justicia. Como se sabe en el sistema acusatorio de ese país casi todo se puede negociar. El proceso está basado en la oralidad, lo cual hace que los juicios produzcan espectaculares transmisiones en directo. Además genera una cadena de delaciones que más que el castigo de un sujeto particular busca desarticular toda la red criminal.

En Colombia, la implementación del sistema acusatorio le dejó al país lo primero, pero no lo segundo. Los procesos penales, antes anquilosados en arrumes de expedientes, ahora son seguidos por millones de personas en los medios. Para la muestra puede apreciarse la expectativa que ha creado el caso del juicio por la muerte del joven Luis Andrés Colmenares.

El país está lejos de tener lo segundo. Se suponía que el sistema penal acusatorio estaría basado en la posibilidad de la Fiscalía de negociar con los implicados. Sin embargo, hasta ahora no se han obtenido los resultados esperados.Mientras en Estados Unidos el 92 por ciento de los procesos se terminan anticipadamente por cuenta de estos mecanismos, en Colombia los principios de oportunidad y los preacuerdos no llegan ni al 4 por ciento.

La presión mediática, el desconocimiento de los jueces y el reclamo dela sociedad por castigos más severos han hecho que estas fórmulas se satanicen y se consideren una forma de impunidad. Esta apreciación equivocada ha generado problemas. Las confesiones evitan tener que ocupar el sistema judicial por años para probar algo que el implicado puede decir en unas horas. Por lo anterior, son la forma más expedita de obtener información valiosa para desmantelar las redes criminales.

El principal escollo que encuentran estos acuerdos es la creencia equivocada de que no se deberían hacer con quienes son culpables, cuando es al contrario. Los inocentes nunca confesarán, precisamente porque no participaron en los hechos y esperan probar su inocencia en el juicio.

Adicionalmente, algunos de los mecanismos que deberían agilizar estos procedimientos los están obstruyendo. En primer lugar, con el objetivo de lograr una condena más alta en muchos casos se imputan no un delito sino una serie de cinco o seis. Esto hace que aún después de una negociación las condenas terminen siendo muy altas, por lo cual algunos sindicados culpables prefieren arriesgarse a desvirtuar en el juicio algunos delitos.

Esta situación, por ejemplo, fue una de las justificaciones que dio el ex comisionado de Paz, Luis Carlos Restrepo, para fugarse. Como se recordara por cuenta de la falsa desmovilización del bloque Cacica la Gaitana al ex funcionario del gobierno Uribe le imputaron tráfico de armas, peculado por apropiación, prevaricato, fraude procesal y concierto para delinquir. Ese ramillete de delitos fue calificado de desproporcionado por el uribismo.

Algo similar sucede con los delitos relacionados con los contratos públicos, donde casi siempre se terminan imputando seis o siete delitos (interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación, violación del régimen de inhabilidades e incompatibilidades, concierto para delinquir, prevaricato y concierto para delinquir) por la celebración de un mismo contrato. Estos procesos que suelen ser muy largos y complejos enfrentan otra particularidad.Con el fin de dar resultados rápidos se ha vuelto usual que cada uno de los protagonistas de estos escándalos tengan varios procesos, lo cual genera incertidumbre a la hora de negociar.

La historia de Carlos Lehder abrió el debate, pero en Colombia hay otros casos que demuestran que a veces simplemente “ser sapo no paga”. Estos son algunos casos:


1. Carlos Ledher

El extraditado narcotraficante siente que la justicia norteamericana le puso conejo. Esta semana se hizo pública una carta suya dirigida al presidente Santos en la que pide ayuda para su caso. Ledher dice que tiene 70 años y “merece morir en Colombia”. Cuenta que aunque fue condenado a prisión perpetua, en 1991 negoció su condena a cambio de colaborar en el juicio contra el exdictador de Panamá Manuel Noriega. Para esa crucial tarea, el narcotraficante firmó un acuerdo de dos puntos con la justicia. El primero establecía que le cambiarían su sentencia a una pena menor a 30 años. El segundo era que bajo ninguna circunstancia tendría un castigo superior al de Noriega. Hoy este último está libre y Lehder fue “resentenciado, sin abogado y por correo, a 55 años de prisión”.

2. Emilio Tapia

El polémico contratista cordobés fue la pieza clave para destapar el carrusel de la contratación de Bogotá. Su testimonio fue determinante para poder condenar a Iván Moreno en el proceso en la Corte Suprema. En parte gracias a lo que el “sopló” vincularon al proceso al exsecretario de salud Héctor Zambrano, a más de cinco concejales, al abogado Álvaro Dávila y a los funcionarios del IDU. A pesar de que había negociado con la justicia recibir algunos beneficios por esa ayuda, la semana pasada fue condenado a 17 años de cárcel por el delito de cohecho e interés indebido en la celebración de contratos. Esto es lo mismo o de pronto más de lo que habría recibido si no hubiera dicho nada. Aún le queda un proceso por lavado de activos.

3. Los primos Nule

Cuando comenzó el proceso del carrusel de la contratación, Miguel, Guido y Manuel Nule se fueron del país. Durante la fiscalía de Guillermo Mendoza, las autoridades colombianas fueron a buscarlos para que se convirtieran en los testigos estrella del proceso por el desfalco que había sufrido la capital. Según cuentan sus allegados, les prometieron que podían estar en una casa fiscal en Panamá y que no serían detenidos mientras se adelantaba el juicio. Agregan que les prometieron un principio de oportunidad, es decir, la extinción del proceso penal a cambio de su colaboración. Sin embargo, una vez en Bogotá, la vida se les complicó, pues fueron recluidos en La Picota. Al fiscal Germán Pabón, que llevaba el proceso, lo declararon insubsistente. Y luego la Fiscalía tumbó el principio de oportunidad, pues consideró que los primos no habían cumplido los compromisos de entrega de dinero que este exige. Los Nule fueron condenados a 14 años de cárcel por peculado y a ocho por fraude procesal, falsedad en documento privado, concierto para delinquir y cohecho.

4. Juan Camilo Salazar

El ex viceministro de Agricultura fue el primero de los involucrados en Agro Ingreso Seguro que recibió una condena. Salazar nunca reconoció abiertamente su responsabilidad, pues, según cuentan sus allegados, siempre se declaró inocente. Tanto que dijo en varias entrevistas que si pecó “fue por exceso de confianza” y “falta de diligencia”. Salazar decidió hacer un preacuerdo con la Fiscalía con la condición de que quedara claro que no había actuado con dolo, es decir, con la intención de cometer el daño. Agregó que también quería que fuera evidente en su condena que no se había enriquecido por cuenta de Agro Ingreso Seguro y que su colaboración había sido clave para recuperar 15.000 millones de pesos de ese escándalo. Un juez lo condenó a 10 años de cárcel. Tiempo después le rebajaron la pena siete años.

5. Camilo Bula

Según reveló un confidencial de SEMANA, la Fiscalía está preocupada por el proceso del ex liquidador de bienes de la Dirección Nacional de Estupefacientes Camilo Bula. El funcionario se había convertido en el testigo clave de ese escándalo y por eso el ente investigador le había concedido un principio de oportunidad que había dejado su pena en ocho años. Bula entregó nombres y datos exactos de cómo los políticos habían hecho uso de los bienes que manejaba ese organismo. Sin embargo, el Tribunal Superior de Bogotá, en una decisión que tomó por sorpresa a quienes lideran el proceso, aumentó su condena a 18 años. Por eso, la Fiscalía ha notificado que coadyuvará en el recurso de casación que los abogados de Bula han interpuesto ante la Corte Suprema de Justicia para que se revise su caso.

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