Sí hay coca, Ministro

Vaya usted al Putumayo y búsqueme un arbusto de coca. No hay uno", dijo el ministro del Interior, Fernando Londoño, en una entrevista al diario El Tiempo hace una semana. Pero el Ministro al parecer estaba mal informado. En una pequeña parcela al borde de la carretera que une los municipios de Orito y Valle del Guamuez las declaraciones del segundo político más poderoso del gobierno causan sorpresa entre un grupo de seis raspachines que arrancaban las hojas de un pequeño sembradío. "Mire no más la coca y detrás de la loma vamos por más. El Ministro debería venir acá antes de hablar".

Más allá de los cálculos del ministro Londoño sobre la cantidad de cultivos ilícitos, el Putumayo enfrenta este año una disyuntiva que marcará el futuro de la guerra y de la inversión social en este departamento de 350.000 habitantes. O fumigación o erradicación voluntaria de las hectáreas de coca. Cada vez más la administración de Alvaro Uribe se inclina mayormente por los aviones antinarcóticos que por los técnicos del Plan Nacional de Desarrollo Alternativo (Plante).

El 27 de diciembre pasado, sin mayor explicación, dos funcionarios de Bogotá llegaron a las oficinas del Plante, tomaron los archivos y cerraron con candados las puertas. De un momento a otro el centro de operaciones de la entidad estatal a cargo de los programas de erradicación de cultivos ilícitos en el Putumayo clausuró hasta nueva orden.

"Desde que se posesionó el nuevo gobierno no tenemos directrices de Bogotá. Nadie le puso más atención al Putumayo", afirmó uno de los 17 funcionarios que ya está buscando otro empleo. Esta decisión es más extraña cuando se tiene en cuenta que esta oficina asistía el manejo de los 400.000 millones de pesos que el Estado decidió invertir en el departamento entre 2001 y 2003. El cierre de esta oficina ha despertado reacciones en las zonas cocaleras. "Ya no hay representantes del gobierno central en los consejos municipales de erradicación y los campesinos ya están empezando a desconfiar de los compromisos del Estado", expresó un directivo de una ONG que opera en Villagarzón.

Además coincidió con la fuerte oleada de aspersión aérea de glifosato sobre el Putumayo desde septiembre hasta fin de año. Según el general Jaime Vera, director de la Policía Antinarcóticos, en 2002 se fumigaron en esa región unas 72.000 hectáreas, más del doble de las 32.000 de 2001. Esto ha significado un aumento de más de 500 por ciento con respecto a las hectáreas asperjadas en 2000, primer año de aplicación del Plan Colombia. "El Plante le da legitimidad al Estado. Sin ellos sólo queda el glifosato como respuesta del gobierno a los cultivos ilícitos", dijo otro funcionario que trabaja con el Plan Colombia en el Bajo Putumayo.

Sin Plante y con más fumigaciones, tanto los campesinos cocaleros como los dirigentes locales y los técnicos que dirigen los programas de erradicación voluntaria, han empezado a preocuparse. "La estrategia del nuevo gobierno es una: la fumigación por encima de todo", afirmó Iván Gerardo Guerrero, gobernador del Putumayo. "Esperamos que la erradicación manual sea una política de Estado contra la droga y no de gobierno", dijo Guerrero en clara alusión a la nueva administración.

¿Cambio de politica?

A diferencia de la mayoría de colombianos, para los putumayenses el cuatrienio de Andrés Pastrana fue sinónimo de presencia del Estado. Con una inversión total de unos 130.000 millones de pesos por año, el componente social del Plan Colombia se sumó a las estrategias de interdicción y de fumigación en la lucha antidrogas. Así, de la mano de Gonzalo de Francisco, ex consejero presidencial para la seguridad nacional, los recursos del Estado y la cooperación internacional empezaron a llegar a las parcelas de los cocaleros en forma de unos pactos sociales de erradicación.

Dos años después estos acuerdos entre el Estado y los campesinos se convirtieron en uno de los argumentos más fuertes de los que critican el volumen de ayuda al Putumayo. "Aunque la intención fue buena, no hubo planeación. Los pollos se enfermaron, los novillos eran caros y el gobierno se demoró", dice Guillermo Morán, un habitante de Santana, el corregimiento de Puerto Asís donde se firmó el primer pacto en diciembre de 2001. No obstante, en lo que técnicos y campesinos concuerdan es en que el Estado cumplió. "No se puede pensar sólo en área erradicada. Los pactos le devolvieron legitimidad a un Estado inexistente y visto como un enemigo por los cocaleros", dice Oscar Gaviria, directivo de Maloca, una ONG putumayense.

Tras los problemas de los pactos los recursos de la cooperación internacional, financiada por U.S. Aid, agencia de ayuda del gobierno estadounidense administrada por Chemonics, una multinacional de cooperación internacional, se trasladaron a varios programas de erradicación, entre los que se destacan el de Iniciativas Locales para la Erradicación Temprana, Pildaet, y el Raíz por Raíz, destinado a cabildos indígenas.

Un año después de que los programas empezaran sus operaciones las hectáreas erradicadas, de manera voluntaria y con verificación del Plante, han alcanzado a 14.000 (ver gráfico). Desplegados por los nueve municipios cocaleros del Putumayo, los programas Pildaet han sustituido con éxito los pactos y han subsanado sus deficiencias. En vez de compromisos voluntarios Pildaet exige que todas las familias de una misma vereda se comprometan a erradicar a cambio de ofrecerles asistencia para algún proyecto productivo.

Así, las 'veredas libres de coca' se han convertido en un modelo de erradicación voluntaria de pequeños cultivadores que ya empieza a mostrar resultados tangibles. "Catorce mil hectáreas en un año es mejor que lo logrado por peruanos y bolivianos", afirma un experto local.

Unas 11 familias de campesinos cocaleros, dueñas de 40.000 hectáreas, se han acogido a los programas y han optado por cultivar maíz y yuca, montar una porqueriza, criar borugas y pollos, llenar un estanque de cachamas o explotar maderables como el achapo o el amarillo. "Por 30 años pedimos una carretera para sacar nuestros productos y Pildaet nos la dio y erradicamos", dice José Pejendino, el líder comunal de la vereda Alto Mecaya, en Villagarzón.

Otras asociaciones de familias arrancaron la coca a cambio de canoas y motores fuera de borda, como en la vereda Las Palmas, de Puerto Caicedo, o por puentes colgantes sobre los caudalosos ríos de la Amazonia, como varias juntas de acción comunal de la zona rural de Mocoa. "Prefiero ganar poquito pero vivir sin problemas", sentencia Arizmendi Pérez, un colono afrocolombiano de Puerto Caicedo, mientras transporta unos plátanos por el río Putumayo. Para otros campesinos conseguir el consenso de sus vecinos ha sido lo más difícil. "Sólo hay seis personas que no quieren arrancar la coca y por eso no vamos a poder salir de esto", se queja Omar Parra, presidente de la junta Comunal de la vereda El Topacio, de Orito.

No obstante, sólo una de cada cinco familias cocaleras del Putumayo es beneficiaria de los programas de erradicación voluntaria de U.S. Aid. Según testimonios de funcionarios de las ONG locales, hay listas de espera de veredas con ganas de vincularse pero los recursos se terminaron. Lo que les espera a estos campesinos que dejaron la coca atrás parece depender más de una decisión política de Bogotá que de cuántos sacos de maíz logran producir en la misma parcela que hace un año tenía cultivos ilícitos.

El diablillo de los numeros

Sea mediante erradicación voluntaria o por glifosato, lo cierto es que la guerra contra los cultivos ilícitos en Putumayo se está ganando. Según el Sistema de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (Simci), el único censo satelital cuyos resultados siguen los gobiernos colombiano y estadounidense, las hectáreas de coca cayeron de 66.000 a 47.000 entre 2000 y 2001. Aunque los resultados oficiales del año pasado serán publicados por el Simci en un mes, se prevé que las hectáreas podrían caer a unas 30.000. Esto es, una reducción de la mitad de la coca en dos años. La meta que De Francisco asumió al inicio del Plan Colombia podría estar a punto de cumplirse.

Por otro lado, la Policía Antinarcóticos dijo a SEMANA que de acuerdo con un reconocimiento aéreo efectuado el pasado 13 de enero, "se pudo establecer que en el Putumayo existen 1.297 hectáreas de coca de diferentes edades". Más que dirimir cuál de las fuentes oficiales tiene razón el problema de fondo es que de la cantidad de cultivos ilícitos depende la continuidad del apoyo del gobierno a esa región.

Desde finales del año pasado el tema del fracaso del modelo mixto de erradicación voluntaria y forzosa del Putumayo ha estado rondando los círculos oficiales que manejan la política antidrogas. El crecimiento de los cultivos en regiones como el Catatumbo y la zona cafetera ha disparado las alarmas en el gobierno. El resultado sería una reducción de los recursos al sur del país para enfocarlos a detener el deterioro de estas nacientes áreas cocaleras. En vez de acabar con el Putumayo coquero el camino es evitar nuevos Putumayos en el centro y oriente del país.

Si el objetivo es acabar los cultivos, es claro que tanto la fumigación como la erradicación voluntaria y los programas sociales están aportando. El temor a ser fumigados es una razón importante de los campesinos para erradicar su coca; sin embargo, si la respuesta del Estado sólo viene en forma de químicos, "habrá que volver a coger semilla, meterse más adentro del monte y echar machete".