SOÑAR NO CUESTA NADA

La noticia dejó a muchos con la boca abierta. Aunque las posiciones que ha venido asumiendo el candidato conservador Alvaro Gómez Hurtado parecían haber copado buena parte de la capacidad de sorpresa de sus simpatizantes, la propuesta planteada por él hace algunas semanas sobre la elección popular de los jueces fue recibida con un sentimiento generalizado de "esto es demasiado". Y lo era. Tanto que muchos observadores políticos se sonrieron y optaron por explicarse las cosas asegurando que se trata de maniobras del candidato conservador destinadas a "mojar prensa" aunque sea con declaraciones audaces, actitud esta que estaría justificada por la apatía con la cual los colombianos vienen observando el proceso de las candidaturas. Incluso entre los mismos alvaristas muchos consideran que, por no tratarse de una propuesta a corto plazo, el candidato está hablando en un sentido futurista y ni siquiera considera posible promover una reforma en tal sentido en su propio gobierno, si llega a ser elegido.
Pero de cualquier manera, la propuesta mereció la semana pasada un editorial de El Tiempo. Con lo cual el objetivo de producir impacto se habría cumplido, aunque los comentarios no hayan sido precisamente elogiosos. En efecto, el editorialista del diario bogotano aprovechó la oportunidad para señalar que "semejantes coqueteos progresistas o seudoprogresistas de parte del candidato conservador sólo sirven para demostrar la inconsistencia de sus opiniones". La respuesta de Gómez al día siguiente pareció darle la razón a quienes no se habían tomado muy en serio la propuesta: "Cuando yo insinuo hacia un futuro distante la posibilidad de que se escojan los jueces por votación popular estoy utilizando un revulsivo para despertar la conciencia pública". Gómez calificó más adelante su propuesta como "lejanísima hipótesis" y en los demás párrafos de la carta se dedicó a analizar la crisis actual de la justicia.
Y es quizá en esto último, que podría parecer trillado y retórico, en lo cual el candidato parece estar poniendo el dedo en la llaga. Si bien es cierto que resulta traida de los cabellos la propuesta de elegir popularmente a los jueces, no lo es menos que se está imponiendo una revisión general del sistema jurídico colombiano según lo reconocen todos los sectores del país, incluyendo a Gómez, al editorialista de El Tiempo y al procurador Carlos Jiménez Gómez.
El jefe del Ministerio Público había venido cuestionando desde hacia varias semanas al poder judicial, al que había calificado de "feudalista Y clientelista".
La tesis del Procurador derivaba hacia una propuesta para que se cambie el sistema de vigilancia sobre los jueces y sobre sus subalternos. En el mismo sentido se pronunciaron la mayoría de los juristas consultados por SEMANA. La opinión generalizada entre ellos es la de que "el problema no radica en quién elige a los jueces, sino más bien en quién los vigila ".
Aunque pocos desconocen que existen fenómenos de clientelismo y de feudalismo en el actual sistema de designación de los jueces, nadie considera que puedan desaparecer por el hecho de que los jueces se escojan por votación popular. De hecho el clientelismo está íntimamente ligado con los procesos electorales. Actualmente la designación de los jueces de cada región del país corre a cargo de los respectivos tribunales superiores, cuyos magistrados son a su vez nombrados por la Corte Suprema de Justicia. Los magistrados de la Corte se designan por el sistema de cooptación. Esto quiere decir que cuando uno de ellos muere o se retira (en forma obligatoria, a los 65 años) su sucesor es elegido por los miembros que continúan en la Corte. Para el ex ministro Felio Andrade Manrique, parte de la solución estaría en el sistema que se trató de imponer con la reforma de 1979, que tumbó la Corte: "Ese sistema era mucho mejor que el actual, ya que los jueces eran nombrados por los magistrados con base en listas enviadas por el Consejo Superior de la Judicatura".
El jurista Alfonso Gómez Méndez está en buena parte de acuerdo con esto: "Es necesario crear un organismo que sea parte de la rama judicial, pero que sea diferente a los tribunales, para que se encargue del nombra miento de los jueces. Así, los tribunales no tendrían que cumplir la doble función de nombrar a los jueces y de sancionarlos, ya que esto resulta un poco absurdo".
En efecto, el problema parece radicar en el hecho de que los mismos que nombran, son los encargados en un momento dado de sancionar. Cuando un juez es denunciado por alguna irregularidad, la investigación del caso queda en manos de la Procuraduría. Este organismo puede recomendar una sanción, pero al final, el que decide es el Tribunal Superior respectivo .
Nadie piensa sin embargo que estos cambios determinen de por sí una mejora sustancial de los problemas que atraviesa la rama jurisdiccional. Cada vez que se toca el tema, se recuerda que existen cuestiones de infraestructura insuficiente más allá del problema mismo de la corrupción o de los eventuales favoritismos. Hace año y medio, cuando ejercía el Ministerio de Justicia Rodrigo Lara Bonilla, un juez de Barranquilla le envió una carta en la cual cuestionaba su interés por sistematizar y computarizar la justicia. El juez le pedía, a cambio del computador que Lara ofrecía, un ventilador para que las altas temperaturas del despacho judicial resultaran medianamente tolerables.
Llevar el debate a niveles como el de la elección popular de jueces equivale a seguirlo manteniendo al nivel de los computadores, cuando lo que toca en términos prácticos es comenzar al nivel de los ventiladores.