S.O.S. por los concejales

Uno de los dos telefonos celulares que estaban a la derecha de Fabio Villa Rodríguez, sobre su escritorio, comenzó a timbrar. El director ejecutivo de la Federación Nacional de Concejos (Fenacon) contestó con rapidez y saludó con un lacónico: "Hola Antonio?". El que llamaba era el concejal Antonio Galán Sarmiento, presidente de Fenacon. Quería confirmar si junto con el alcalde de Ambalema habían sido asesinados, el miércoles en la noche, dos concejales. Villa le dijo que no creía pero que iba a averiguar. Luego hablaron de la crítica situación que están viviendo los concejales del país y que se manifiesta en cifras alarmantes: hasta ese día habían sido asesinados 59 concejales. Esa noche el número subió a 60. Liliana Constanza Supelano, concejal de Gigante, fue asesinada en un supermercado cuando este pueblo huilense todavía estaba llorando la pérdida de Gimber Perdomo Zamora, concejal liberal de este municipio durante 10 años. Renunció a su cargo durante el actual período para dedicarse de lleno a su emisora, Panorama Estéreo. El domingo primero de diciembre, a las 9:30 de la noche, un grupo de sicarios lo interceptó y le propinó seis disparos.

Ese mismo fin de semana Henry David Castro y Jesús Eudoro Cristancho, concejales de Anolaima, fueron encontrados baleados en la zona rural de este municipio. Con ellos fueron cinco los concejales de Cundinamarca asesinados en noviembre. Villa se despidió, terminó la llamada e hizo entrar a su oficina a uno de sus asesores. Le dijo que averiguara lo de Ambalema y a continuación concluyó la frase que había dejado inconclusa para contestar la llamada de Galán: "A los senadores, los representantes, los alcaldes y hasta los diputados las Farc los secuestran, fíjese lo que pasó con los de Cali. A los concejales ni siquiera los secuestran. Para las Farc son desechables. Por eso los matan". La dureza de las palabras de este sociólogo está más que justificada. Desde 1997, un año electoral en el que fueron asesinados 40 concejales, la Federación que agrupa a los 12.064 que hay en el país no había enterrado a tantos de sus miembros con tanta frecuencia. Villa intenta contener esta matanza desde una modesta oficina, la sede de Fenacon, localizada en el segundo piso de un viejo edificio ubicado frente al Centro Internacional de Bogotá, en medio de, se lamenta, "la indiferencia de la opinión pública, a la que no le importa el tema, pese a la cantidad de muertos, y a la apatía de los gobernadores".

Concejos virtuales

Desde el 26 de mayo pasado, el día de las elecciones presidenciales, las Farc tienen en la mira a los alcaldes y a los concejales. Después de esta fecha los mandos regionales de este grupo guerrillero en los departamentos de Huila y Caquetá les ordenaron a unos y a otros que renunciaran. La medida era una retaliación contra la población que le había dado el triunfo electoral en esas zonas a Alvaro Uribe. Quienes no atendieran el llamado de los guerrilleros se convertirían en objetivo militar. Poco tiempo después, dado el impacto en los medios, la comandancia nacional de las Farc se apropió de la idea y ordenó a sus frentes replicarla en todo el país. El resultado fueron 6.000 concejales amenazados, 1.800 de los cuales tuvieron que salir desplazados de sus respectivos municipios para no ser asesinados o porque se quedaron sin dónde sesionar ya que su sede fue volada, como ocurrió en Villanueva y Curumaní. A primera vista parecía que la intimidación armada de las Farc había dado resultado. Pero Fedecon no se quedó de brazos cruzados. En dos ocasiones sus directivos se reunieron con el presidente Uribe para buscar soluciones a este problema. Y el gobierno hizo lo que estuvo en sus manos.

Por una parte flexibilizaron la legislación. De tal forma que los concejos pueden ahora sesionar en una localidad diferente a la propia, sesionar en períodos distintos a los ordinarios (febrero, mayo, agosto y noviembre) para evitar que su concentración en esos meses aumentara su vulnerabilidad a un ataque colectivo y hasta sesionar por medios virtuales. Con estas disposiciones se pretendía evitar la parálisis de los municipios, aunque Villa está en desacuerdo con la última porque "desvirtúa la razón de ser de los concejales, que es el debate y el espíritu colegiado". Por otro lado, el 5 de julio pasado se creó un comité en el Ministerio del Interior encargado de evaluar los riesgos de alcaldes, concejales y personeros y tomar acciones concretas para garantizar su seguridad. Hace poco fueron incluidos en el mismo programa los diputados.

Hasta la semana pasada el comité tenía 1.029 solicitudes de protección de concejales. A los que les sea aceptada se les darán chalecos antibalas o medios de comunicación para tener un contacto directo con las autoridades y denunciar cualquier emergencia. Quienes por fuerza mayor se ven obligados a desplazarse tienen derecho a una ayuda económica temporal, 900.000 pesos, que se les entrega una sola vez. Cuando este dinero se les acaba quedan en una situación muy precaria. Como los concejales no reciben sueldo y se les paga sólo por su participación en las 70 sesiones que tienen al año, la mayoría subsiste gracias a sus ingresos particulares. Al convertirse en desplazados políticos algunos quedan con una mano adelante y otra atrás. Eso explica porqué unos concejales de Florencia están haciendo trapeadores para conseguir recursos y que otro en Neiva venda golosinas en los semáforos para sostener a su familia.

El accionar del comité es similar al de los que cumplen la misma tarea con los periodistas, los defensores de derechos humanos y los sindicalistas. Aunque Villa valora el esfuerzo que se ha hecho hasta ahora para proteger a los concejales, sabe que estos esfuerzos son limitados. Es consciente de que los miembros de Fedecon son muy vulnerables porque son muchos y la mayoría viven en lugares apartados. "No hay cómo brindarles seguridad armada a todos para protegerlos". Por esto, y preocupados por lo que puede ocurrir el año entrante con las Farc, con campaña presidencial por el referendo y elecciones locales de por medio, decidieron tomar cartas en el asunto desde ya. Ante la imposibilidad física de proteger a cada uno de los 12.064 concejales del país van a convocar cabildos abiertos y permanentes por la paz en todos los municipios.

Esto con el fin de que la presencia de la comunidad sirva de garante a la seguridad de los miembros del concejo y para democratizar los debates que le interesan a la comunidad. Al mismo tiempo van a adelantar una campaña internacional para denunciar la persecución de la que están siendo objeto por parte de la guerrilla. Confían en que la suma de presiones de la opinión pública interna y externa convencerá a las Farc de parar esta estrategia criminal de intimidación, que tiene un costo humano y político muy alto. Al fin y al cabo los concejales que han asesinado son civiles desarmados, líderes de sus pueblos, y matarlos no ha resultado un método efectivo para paralizar las administraciones locales. En cambio sí está haciendo naufragar en un mar de sangre uno de los cargos de elección popular más antiguos del país.