Otra investigación en contra de Uber

Además de anunciar la sanción económica contra Uber, Pablo Arteaga, superintendente ad hoc de Puertos y Transportes, también informó que la entidad presentó una denuncia formal ante la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) para que investigue a la plataforma por posible competencia desleal.

No era un dato menor. Se trata de una denuncia que podría darle un golpe de mano a la firma que ha tenido muchos problemas en Colombia por operar sin la debida autorización.

Semana.com pudo establecer que en la SIC hay indagaciones preliminares, calificadas como ‘reservadas’ en la Delegatura de Protección de la Competencia de la Superintendencia de Industria desde hace varios meses.

Las investigaciones arrancaron tanto por las denuncias de la Supertransporte, como por indagaciones de oficio de la propia Superindustria.

Estas indagaciones, según pudo establecer este medio, “son reservadas y tienen por objeto determinar si empresas Uber de Colombia, USA y Holanda han violado o no las normas de protección de la libre competencia económica y/o las normas de protección de la sana y leal competencia”.

Los resultados de estas investigaciones podrían cambiar el curso de la relación entre los representantes de esa plataforma tecnológica -que no es empresa de transporte- y el Ejecutivo.

Tras conocerse la sanción económica que impuso la Supertransporte, Uber se pronunció. “Uber ha estado presente por más de dos años en Colombia y esta investigación, cuyo resultado se conoce informalmente apenas este lunes, es la primera y la única que ha cursado sobre nuestra operación en el país”.

Semana.com consultó con fuentes de esa compañía para saber si tienen conocimiento respecto a las investigaciones que está adelantando la SIC. Los voceros aseguraron que “no han sido notificados oficialmente de ninguna de estas indagaciones”.

Cabe destacar que es la primera vez que uno de los órganos de control esgrime el argumento de la competencia desleal.

En su comunicado oficial, Uber indicó que continuará operando en Colombia. Agregaron, además, que “atenderán las acciones legales en curso”. Una vez más, hicieron un llamado de atención “sobre la necesidad de resolver el vacío regulatorio sobre las plataformas que facilitan el servicio privado de transporte”.

Pero, como siempre, el Gobierno tiene la palabra, aunque no ha podido regular un sistema que, poco a poco, se extiende en el país y que se ha la palabra la tiene convertido, para el resto del gremio del transporte, en un problema.