Los escándalos de corrupción suelen caracterizarse por los artronómicos valores de los contratos y por las millonarias tajadas que se reparten. Sin embargo, la Superintendencia de Industria y Comercio acaba de detectar otra modalidad de supuestos desfalcos, en la que la estrategia era cazar los pequeños contratos.
La investigación comenzó porque el área administrativa de la misma Fiscalía General de la Nación encontró sospechoso que varias empresas llegaran con una propuesta casi idéntica para un contrato de 149 millones de pesos para la dotación a los brigadistas de la entidad. El tema fue alertado a la Superindentencia de Industria y Comercio, que investigó y lo que descubrió fue una cantidad de firmas que le hacían conejo a las contrataciones de bajo costo. Estas empresas perseguían objetos como el suministro de materiales de construcción y ferretería, pinturas, material de alumbrado, material didáctico y de formación profesional, entre otros.
Correos electrónicos, documentos y chats de Whatsapp hacen parte de las evidencias que tiene la SIC para abrir pliego de cargos contra un total de 23 firmas que se habrían cartelizado para quedarse -mediante acuerdos que atentan contra la libre competencia- con por lo menos con 101 contratos entre el 2014 y el 2017. Entre las entidades que fueron víctimas de estos supuestos ‘robos hormiga‘ están la Fiscalía, la Policía Nacional, la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, el Inpec, Medicina Legal, Invima, la Rama Judicial, el Departamento Administrativo de la Presidencia, el SENA, la Arenáutica Civil, la Gobernación de Cundinamarca, la Alcaldía de Bogotá, el Consejo Superior de la Judicatura y la Gobernación de Antioquia.
De a poquitos, según la SIC, lograron quedarse con 73.000 millones de pesos en contratos.
La modalidad que habrían utilizado consistía en que el proponente interesado en quedarse con la lictación, se comprometía con sus competidores a crear una "bolsa". El acuerdo radicaba en que a cambio de que nadie ofertara más bajo, el ganador acordado alimentaba ese fondo con el dinero que se ahorraba por cuenta de hacerle el quite a la puja con su competencia.
Mientras la dinámica de la contratación estatal permite entregarle el contrato al proponente más barato, las empresas se ponían de acuerdo para no ofertar por debajo. Y a los perdedores se les pagaba con dinero de una llamada "bolsa". La Superindustria estableció que los pagos que salían desde la bolsa se hacía a través de cuentas de cobro fachada que se presentaban por supuesta prestación de servicios de transporte u otros.
La Superindustria levantó pliego de cargos a las 23 empresas por cartelización sistemática al encontrar que este carrusel empresarial hizo parte de un mecanismo sistemático y estructurado con el propósito de suprimir o eliminar a la competencia. Con este sistema se habría logrado que el Estado pagara más por los mismos productos y servicios y que, además, ese sobreprecio fuera repartido entre todos los proponentes involucrados en la colusión o cartelización.
"Se trata de una práctica que perjudica a todos los colombianos (recursos públicos) solo para beneficiar a los pocos empresarios que participaron con presunta ilegalidad en los procesos de selección afectados", dijo la entidad. La investigacón no involucra a ningún funcionario público, según la entidad, se trata de corrupción privada en los que la víctima es el Estado colombiano.
De ser encontradas responsables, las empresas se exponen a sanciones que van hasta los 100.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes, es decir unos 78.124 millones. A las personas naturales vinculadas, las sanciones les pueden llegar hasta los 2.000 salarios mínimos, es decir, unos 1.562 millones de pesos. La SIC compulsa copias a la Fiscalía para que investigue, si hay lugar, las conductas penales en las que pudieron haber incurrido. Se estima que a los implicados les puedan caber delitos como prácticas restrictivas de la competencia en procesos de contratación estatal, el cual contempla una pena de 6 a 12 años de cárcel.
Los afectados con pliego de cargos son:
RICARDO MÉNDEZ MORA
COLOMBIA FERRELÉCTRICA S.A.S.
TECNIGRUP S.A.S.
WILZOR S.A.S.
TECNOLOGÍA MODULAR S.A.S.
AMERICANA DE INFLABLES Y SUMINISTROS S.A.S.
ADRIANA MARÍA OCHOA DE HURTADO “DOTACIONES Y SUMINISTROS CHANA”
ALMACÉN EL DEPORTISTA S.A.S.
ARTES GRÁFICAS LITOEMPASTAR S.A.S.
COMERCIALIZADORA INTEGRAL BDT S.A.S.
COMERCIALIZADORA SUMITEC KARCH LTDA.
DELGADO Y VERGARA S.A.S.
DIVISER S.A.S.
MARÍA EUGENIA OJEDA LEÓN “COMERCIAL DEPORTIVAS HERIDA”
INDUSTRIAS OFFILINE S.A.S.
INVERSIONES RIME S.A.S.
INVERSIONES Y CONTRATOS ND S.A.S.
LUIS FERNANDO RAMÍREZ GÓMEZ “FERDIESEL”
MARÍA TERESA GIL HERNÁNDEZ
GRUPO EMPRESARIAL SPORTECH S.A.S.
SUMINISTROS MAYBE S.A.S.
SISTERED E.U.
DISTRIBUIDORA BOMBICOL S.A.S.
CAROLINA ESTHER GONZÁLEZ MARRUGO
HERMES DAVID ARÉVALO PISSA
FABIÁN SCHNEIDER FRANCO UMAÑA
ANA MARÍA MÉNDEZ VELÁSQUEZ
LUIS MIGUEL PERILLA BARAJAS
WILLIAM CAICEDO
MIRIAM EUGENIA SALAZAR GARCÍA
REINALDO BUITRAGO RODRÍGUEZ
ARMANDO IDARRAGA LÓPEZ
OSCAR DIEGO TOBÓN AMÓRTEGUI
LADY ROCIÓ BRICEÑO DÍAZ
JOSÉ RAÚL CRUZ QUINTERO
MARÍA FLORALBA PÉREZ VERGARA
CARLOS ARTURO SÁNCHEZ
JUAN RAFAEL RUIZ CUARTAS
RODOLFO MÉNDEZ MORA
NÉSTOR JAIME CARDONA MORALES
CARLOS ALEXANDER PAREDES RAMÍREZ
LUZ MARINA MEJÍA PÉREZ
ERNESTO ANTONIO BOHÓRQUEZ BALLÉN
LUIS FERNANDO ARROYAVE RAMÍREZ