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Tráfico humano

Colombia es usada como trampolín por una mafia que ha ingresado, en menos de un año, cientos de chinos para llevarlos ilegalmente a Estados Unidos.

13 de octubre de 2002

Para las autoridades de inmigración no podía ser coincidencia que tanto chino quisiera venir a Colombia de paseo. A principios de marzo llegaron 21 en un mismo vuelo y todos traían la misma ruta: Madrid-París-Bogotá. De la capital no conocieron absolutamente nada pues tomaron de inmediato un vuelo con destino a Cali. Y del Valle sólo recuerdan los paisajes de la carretera que conduce a Buenaventura, en donde las autoridades les perdieron la pista.

Dos días después los chinos aparecieron en unas lanchas en alta mar cuando fueron detenidos por la Armada Nacional. Lo único que dijeron antes de ser deportados era que la tripulación de un barco que había quedado en recogerlos los haría pasar por marineros y que iban a alcanzar su propio 'sueño americano'.

Mas chinos

Con ese antecedente, dos meses después la llegada a Bogotá de otros 17 chinos hizo que en el aeropuerto El Dorado se prendieran las alarmas. Venían sin visa pero con un permiso de tránsito. Las autoridades de inmigración esta vez no creyeron el cuento de que venían a conocer las bellezas de Colombia. Decidieron no admitirlos y a la aerolínea no le quedó otra alternativa que hospedarlos en un hotel, en donde permanecieron custodiados hasta que los regresaron a París al día siguiente.

Pero seguían llegando chinos y chinos a Colombia. El DAS en Norte de Santander reportó en septiembre pasado la retención de un grupo de orientales con pasaportes falsos. Eran 23 chinos que llegaron a Cúcuta por carretera y que venían desde el sur del país. Se trataba de siete mujeres y 16 hombres que habían pagado 10.000 dólares por cabeza a cambio de la promesa de ser pasados con pasaportes japoneses a Venezuela para luego embarcarlos hacia Estados Unidos. Al final, cuando una fiscal no alcanzó a judicializar el caso, el DAS se vio obligado a dejarlos libres. Los 23 chinos se perdieron sin importarles dejar tirados sus pasaportes y todas sus pertenencias.

Ante tantos casos de chinos indocumentados la oficina de migración del DAS resolvió tomar cartas en el asunto. Nombró a nueve detectives, que se dedicaron de día y de noche a tirar de la madeja hasta que la red fue desmantelada.

Después de siete meses de seguimiento le cayeron a Michael Lueng Lo, quien sostiene, ante la incredulidad general, que nació hace 33 años en Bogotá. Lo que sí le creen es que es cinturón negro en karate y que en los últimos cinco años viajó 40 veces a ciudades como París, Quito, Francfort, Houston, Lima y Panamá.

El DAS lo califica como el jefe de una banda china dedicada a un tráfico que trae, como si se tratara de ganado, a miles de seres humanos que atraviesan el mundo para buscar una entrada 'segura' a Estados Unidos.

Para conocerlo mejor los sabuesos jugaban billar con él hasta altas horas de la madrugada y hubo ocasiones en que lo vieron gastar hasta 20.000 dólares en una noche de casino en Bogotá. Mientras los siete hombres del DAS se dedicaban a grabar sus conversaciones en cantonés y mandarín y a filmar cada uno de sus movimientos las dos mujeres detectives comían con frecuencia en el restaurante de la esposa de Michael, Shia Chou Chung, conocida como 'Susy'. "Creo que no voy a poder probar más comida china en muchos años", le dijo una de las detectives a SEMANA.

Los esfuerzos de los investigadores dieron resultado. Son 14 chinos a quienes se les decomisaron pasaportes falsos ecuatorianos y portugueses, 13 sellos de migración de México y Panamá, 17 celulares, dos revólveres sin salvoconducto y cheques de cuentas extranjeras. Los investigadores poseen datos suficientes para afirmar que existe un tráfico encubierto de pasaportes y permisos ilegales de chinos. Y aseguran que utilizan el territorio colombiano como 'el hueco' para llegar a Norteamérica. Esa industria, que juega con las ilusiones de miles de aspirantes al sueño americano, se convirtió para los responsables en una pesadilla judicial que tiene una condena en Colombia de seis a ocho años de prisión. Pero nada garantiza que el país no siga siendo utilizado como ruta en ese infame tráfico humano.