Tribunal revoca fallo en caso de Judith Pinedo y la condena a 12 años de cárcel por venta de playa

No, no había terminado el ‘culebrón’ del lío jurídico por la venta de un terreno en la zona de playa en El Laguito, en Cartagena, en el año 2009. Cuando se pensaba que el caso, que tiene como protagonista principal a la exalcaldesa de la ciudad (2008-2011), Judith Pinedo, había quedado cerrado con el fallo de octubre pasado, en el que el juez promiscuo segundo de Turbaco, Alfonso Meza de la Ossa, la absolvió de cualquier responsabilidad y la declaró inocente, el caso se reactivó este lunes cuando el Tribunal Superior de Cartagena revocó esa decisión y la condenó a 12 años de cárcel por el hecho.El nuevo fallo también recae sobre cuatro personas más. Entre estas, la actual gerente de la Andi en Bolívar, Vivian Eljaiek, quien en el momento de la venta era la secretaria de hacienda distrital. Además, fueron condenados Luis Restrepo Pineda, gerente del Hotel Dann; Darío Torregroza Lara, contratista; y Rafael Ceballos Calvo, ingeniero.Así la historia de este polémico caso completó más de una década de enredos legales y después de deliberaciones en audiencias recientes, el Tribunal de Cartagena señaló que era preciso recovar la sentencia de 17 de octubre del 2020, proferida por el Juzgado de Turbaco. Por lo que condenó a Pinedo y a Eljaiek a 150 meses de prisión y a pagar una multa de 1.400 salarios mínimos legales vigentes.Luis Édgar Restrepo, por su parte, fue condenado a 100 meses de prisión y el pago de 1.025 salarios mínimos. Darío Torregroza a 120 meses de prisión y una multa de 1.025 salarios mínimos legales vigentes; mientras que sobre Ceballos fueron ordenados 100 meses de cárcel y una multa de 1.139 salario mínimos.Según el Tribunal, los ahora condenados usaron acciones ilegales para vender un terreno de playa, acción que está prohibida. Esto “comprobado, como de hecho lo está”, fue realizado “mediante Escritura Pública No. 408 del 23 de febrero de 2009 el Distrito de Cartagena, representado por Judith del Carmen Pinedo Flórez, vendió al Hotel Dann, cuyo gerente era Luis Edgar Restrepo Pinedo, con la intervención previa de Vivian Eljaiek Juan, como secretaria de hacienda, Darío Giovanni Torregroza Lara, en calidad de contratista y Rafael Enrique Ceballos Calvo, en condición de avaluador del bien enajenado”, resumió el fallo.La nueva decisión contradice lo expresado hace unos meses por el juez de Turbaco, quien señaló que el bien objeto de la denuncia nunca fue una playa si no un baldío de la nación y, de acuerdo a las leyes pertinentes, pasó a ser del Distrito de Cartagena, y partiendo de esas consideraciones es que se debía tomar la decisión jurídica.En ese momento, Pineda, conocida como la María Mulata, le dijo a SEMANA que el lote en cuestión como no es un bien de uso público ni tiene imposibilidad de ser transferido la decisión anunciada está enmarcada en la norma y que “la decisión tomada en el año 1999 por las personas a cargo se ajustaron a la legislación y a la disposición que ordenó que esos bienes pasaran a los municipios o distritos y a partir de ese mandato legal se hizo el mandato de propiedad, como se encuentra en la matrícula inmobiliaria, lo que permitió la transacción posterior”. Además, la exalcaldesa insistió en que el proceso siempre ha tenido un origen político.La historiaTodo empezó cuando Pinedo fue denunciada por William García Tirado, representante a la Cámara en ese momento, por su presunta responsabilidad en la venta de la playa a la promotora inmobiliaria del Hotel Dann, en la zona conocida como ‘El Polígono de las velas’, en el barrio El Laguito.Los precedentes al hecho se explican porque en 1999 la ciudad recibió de la Nación cientos de terrenos baldíos para ser escriturados a nombre del Distrito. Y en el 2006, el Concejo Distrital facultó a la administración para vender estos baldíos con el fin de obtener recursos para inversión social. Según el ente investigador, Pinedo y Eljaiek realizaron la venta pasando por alto el concepto de la Dirección General Marítima (Dimar) que categorizaba el terreno como un bien de uso público al tratarse de una zona de baja mar.Frente a eso la defensa de Pinedo ha argumentado que el conflicto, en concreto, versó en que la Fiscalía consideraba el terreno como de uso público, una playa, tal como lo conceptuó en su oportunidad la Capitanía de Puerto, por lo tanto, no se podía vender. Sin embargo, “este fue declarado baldío mediante Escritura Pública # 3570 de 8 de noviembre de 1999, la cual fue registrada en fecha 7 de diciembre de 1999 en la oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Cartagena ”.Además, los apoderados de Pinedo señalaron que, en el conocido como polígono Las Velas era poseído u ocupado, desde hacía muchos años, por los propietarios del hotel Las Velas, hoy hotel Dann y en dicho terreno se encuentra construida el área de piscinas. Por ello, en el año 2009, el distrito, mediante la Secretaría de Hacienda, lo vendió.En este punto lo que se planteó por parte de la Fiscalía y el demandante es que el lote estaba en la playa que fuera ocupada por Juan Diego Useche representante de Sunset Beach, pero según Pinedo “en el juicio se probó que el bien no es el mismo ocupado por Juan Diego Useche, y que los 243,5 metros cuadrados declarados baldío en 1999 y enajenados legalmente en el año 2009, se encuentran ubicados en la piscina del hotel Dann. Al punto de que la Fiscalía al inicio de este proceso pidió restablecer el derecho y tumbar la piscina (Petición negada)”.A disposiciónEn septiembre del año pasado la Fiscalía había pedido cárcel para Pinedo. Pero el juez de Turbaco la absolvió de los delitos de peculado por apropiación y contrato sin cumplimiento de los requisitos legales. La decisión, sin embargo, fue apelada por la contraparte por lo que pasó al Tribunal Superior de Cartagena.Ante el nuevo fallo, el abogado Enrique del Río, apoderado de Pinedo, señaló que la exalcaldesa se pondrá a disposición de las autoridades. Pero, insistió en la inocencia de su defendida y, en diálogo con El Universal, señaló que ya interpuso un recurso de impugnación especial, para que la Corte Suprema de Justicia realice una correcta valoración de jurídica y probatoria.La condena contra la María Mulata generó múltiples reacciones, entre estas las de grupos ciudadanos que la clasifican como una persecución política por realizar “una administración transparente, honesta” y que “luchó contra la pobreza”.No obstante, otros, como Juan Useche, declarado como víctima en el proceso, cree que se ha hecho justicia y que “triunfó la verdad”. “Realmente se vendió un terreno de playa y fui desalojado para perfeccionar ese delito, hubo un daño a mi establecimiento y a mi familia”, dijo en declaraciones a medios locales.