Tutela: Contraloría deberá desalojar su sede

Las esperanzas puestas en la acción de tutela interpuesta por el sindicato de la Contraloría General de la República para buscar unos meses más de permanencia en la que fue, hasta el pasado 31 de diciembre, la sede nacional del organismo de control fiscal se esfumaron este martes con la negativa de la juez primera de Ejecución de Penas, Raquel Aya Montero, de otorgar medidas cautelares. 

En definitiva y ante la premura de los hechos, la Contraloría deberá completar su desalojo de las oficinas que mantenía en el edificio del centro comercial Gran Estación II. Una mudanza parcial se deberá adelantar este miércoles a la edificación donde funciona el Ministerio de Justicia, que albergará solamente 470 de los 2.300 funcionarios del organismo.

La cúpula de la entidad trabajará desde allí y los demás estarán repartidos en otras oficinas del Estado, donde serán acogidos temporalmente. En el edificio de la cartera, por lo pronto, se adelantan las últimas labores para abrir el espacio necesario para albergar el trasteo.

Según fuentes consultadas por Semana.com, no se concedieron las medidas preventivas pretendidas porque la juez -que había pedido un permiso de cinco días, con la consecuente dilación de la decisión- no consideró suficientes los hechos como para demostrar la violación al derecho al trabajo de los empleados de la entidad.

El presidente del sindicato de la Contraloría, Carlos Saavedra, manifestó a este portal que el trasteo vulnera los derechos de los funcionarios, además de los de la ciudadanía, que no podrá tener un acceso fácil a la entidad. 

La acción judicial, sin embargo, sigue su curso. El juzgado tiene hasta el 13 de enero para resolver la acción de tutela de fondo, sobre la que se prevé será negada. Por lo pronto, ese despacho solicitó la declaración del fiscal general, Eduardo Montealegre; el contralor general, Edgardo Maya, así como los representantes del sindicato y los arrendatarios de la sede. 

Previamente, la Fiscalía había hecho serias advertencias a la Contraloría de no renovar el polémico y multimillonario contrato de arrendamiento, herencia de la excontralora Sandra Morelli -a quien se le adelanta un proceso judicial por estos hechos-, porque el inmueble y sus dueños son investigados por tener presuntos nexos con dineros ilícitos.

El juzgado también tendrá en cuenta los argumentos de la acción de tutela presentada por el defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora, que fue negada y cuya apelación es estudiada actualmente por un juez de garantías de Bogotá.

Siguen labores

Por su parte, la Contraloría divulgó un comunicado de prensa en el que se advierte que a pesar de la polémica por el cambio de sede, el organismo de control fiscal no para de trabajar. 

Los funcionarios se mantienen a las afueras de la sede de Gran Estación. 

“Se aprobó la figura del teletrabajo para los servidores públicos de la Contraloría General a partir de la fecha en labores que puedan ser objeto de esta actividad. La entidad ya había superado una prueba piloto con algunos funcionarios, que finalizó el año anterior” señala el texto.

Agrega además que las 32 sedes, en cada una de las capitales de los departamentos, funcionan y prestan sus servicios a través de los 2.200 funcionarios que allí laboran.

Así mismo, informaron que a partir de mañana y hasta el próximo viernes capacitarán en la sede de una caja de compensación a 1.100 funcionarios en temas de presupuesto, responsabilidad fiscal, contratación pública, estructura sistema financiero, entre otros, en lo que se considera una estrategia para que la entidad no cometa detrimento fiscal. Es decir, cancelar salarios a empleados que en la práctica están ‘parados’.

Finalmente, la Contraloría informó que a partir del 26 de enero cerca de 1.100 funcionarios se trasladarán a varias sedes de entidades estatales para dar inicio al cronograma de trabajo previsto para el 2015.