Ultima oportunidad

El gobierno destapo de manera sorpresiva la carta que se va a jugar en la crisis las Empresas Municipales de Cali (Emcali). El lunes pasado la Superintendencia de Servicios Públicos, que está a cargo de la empresa desde cuando la intervino hace tres años, dio a conocer una resolución en la que ordena su liquidación. De inmediato la noticia causó un revuelo enorme. Sin embargo, cuando la Superintendencia explicó bien el alcance de la resolución, quedó claro que ésta no era tan irrevocable como parecía al principio. Aunque suene paradójico, la figura de la liquidación era el último recurso que quedaba para precipitar una solución a la crisis.

Esto es así por la situación de la empresa, que tiene deudas muy grandes con el sector financiero y los generadores de energía. De otro lado, Emcali se embarcó en un crédito externo para construir una planta de tratamiento de aguas, se colgó en los pagos y el gobierno nacional le tuvo que prestar la plata para atenderlos. Sus finanzas también se han debilitado por cuenta de un contrato de compra de energía con una termoeléctrica (TermoEmcali), que la obliga a desembolsar 130.000 millones de pesos al año sólo para tener disponible una planta de generación que no necesita. Y como si esto fuera poco, Emcali tiene una convención colectiva que le impone unos sobrecostos laborales elevados y un pasivo pensional gigantesco (hay, por ejemplo, un grupo de trabajadores que se puede jubilar a cualquier edad con sólo 15 años de servicio).

Hoy en día la empresa tiene utilidades operacionales por cerca de 140.000 millones de pesos anuales, suma que no le alcanza ni remotamente para servir sus deudas. Para lograr esto último tendría que generar excedentes adicionales por 600.000 millones de pesos al año.

El pasado 9 de agosto el presidente Alvaro Uribe propuso, como solución para Emcali, constituir un fondo de capitalización social. Esta será la primera aplicación de su política de democratización y manejo social de los servicios públicos, que planea aplicar también en otras empresas. Para armar el fondo tiene que renegociar con todos los acreedores para bajar las deudas de forma que sean pagables. Una vez logrado esto, las acreencias se trasladarían al fondo, que es a una especie de patrimonio autónomo, y se irían pagando con los excedentes de la empresa. En una segunda etapa, los usuarios y los trabajadores podrían hacer aportes voluntarios a los planes de inversión y recibir una rentabilidad. Y todo esto se haría sin convertir a Emcali en una sociedad por acciones, algo muy importante para el sindicato, que siempre ha temido su privatización.

Para que el esquema funcione todos los acreedores, sin excepción, se tienen que dar un lapo considerable. Los trabajadores tendrían que acceder a modificar la convención y los socios de TermoEmcali a reestructurar el contrato de compra de energía. ¿Por qué habrían de hacerlo? Básicamente porque la alternativa, que es la liquidación, es peor para todos. Por eso es que la resolución de la Superintendencia empuja a las partes a llegar a una solución. Si se ponen de acuerdo se revoca la decisión de liquidar.

El gobierno ha dicho que si los acreedores y los trabajadores ponen de su parte aportará al fondo la plata que Emcali le debe a la Nación. El alcalde de Cali, Jhon Maro Rodríguez, también ha ofrecido recursos para sacar la empresa adelante. Aún así, la solución no es nada fácil. Primero hay que mejorar la eficiencia operativa, una tarea que apenas comienza pues en años anteriores habían reinado la politiquería y el desgobierno. Además hay que poner de acuerdo a mucha gente en pocos meses.