Un año más: el nuevo plazo para restituir el espacio público del edificio Aquarela en Cartagena

La restitución del espacio público ocupado de forma irregular, según las ordenes de las autoridades, se ha convertido en un verdadero novelón que parece no tener fin y al que cada vez le añaden un capítulo más, sin que logre concretarse nada, a pesar que desde el año pasado se habla de una inminente demolición.

Ahora este viernes, el alcalde William Dau Chamat anució la firma de un convenio interadministrativo tripartito, con el Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (FNGRD) y el Ministerio de Cultura para ejecutar la orden de cumplir con la demolición de obra ordenada por la inspectora de policía de la Unidad Comunera de Gobierno No. 2 del Distrito de Cartagena, y ratificada ese mismo año por la Secretaría del Interior y Convivencia.

El objetivo del convenio es que las tres partes unan esfuerzos institucionales, técnicos, administrativos, jurídicos y financieros para “garantizar la integridad urbanística y la protección del espacio público” de esta zona de la ciudad, luego de los años de polémica y discusión por la afectación que la estructura genera al entorno del Centro Histórico.

Dau explicó que en el plan de trabajo quedó establecido después de varios meses de trabajo y reuniones jurídicas, que contaron con el apoyo de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, que permitieron establecer las competencias y las líneas de apoyo de cada uno de los firmantes en la implementación de la medida correctiva.

El plazo de ejecución del nuevo acuerdo es de un año, que se cuenta desde la suscripción del acta de inicio y el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución, aunque podrá prorrogarse siempre y cuando cuente con justificación y así conste en un documento suscrito por las tres partes.

El costo del convenio es de $585.972.635, de los cuales, la Alcaldía de Cartagena aportará en especie $387 millones para asistencia técnica y administrativa, el FNGRD hará un aporte inicial de $149 millones correspondientes a actividades técnicas, logísticas, operativas, jurídicas, financieras, administrativas y de gestión; y el Ministerio de Cultura $48.838.752 equivalentes a asistencia técnica.

“El Distrito aportará $259 millones través de la Oficina para la Gestión del Riesgo y $128 millones por medio de la Secretaría de Infraestructura. Estos recursos tendrán destinación específica, es decir, no podrán ser usados para otra cosa diferente a lo establecido en el convenio. Cartageneros y Cartageneras, tengan la certeza que estaremos vigilantes para que se cumplan los plazos”, explicó Dau.

La Historia

El caso del edificio Aquarela ha dado para mil enredos y múltiples declaraciones en los últimos tres años, desde que la Unesco anunció que la construcción podría poner en riesgo el Plan Especial de Manejo y Protección de monumentos que son patrimonio –que ese organismo de Naciones Unidas venía exigiéndole a Colombia desde 1984– al haberse levantado en la la parte posterior del Castillo de San Felipe.

Recientemente, en las decisiones de las autoridades competentes fue declarada infractora la Promotora Calle 47 SAS, constructora de Aquarela (que también anunció hace unos meses acciones legales contra el Estado), por violar las normas establecidas en el artículo 135, numerales 3 y 8 del Código Nacional de Policía y se le ordena restituir los 619,59 metros cuadrados en un término de 2 meses, según señaló la alcaldía.

Ante este panorama, en el marco del convenio existente desde 2020 entre la Alcaldía Mayor de Cartagena y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (ANDJE), Dau solicitó un concepto jurídico a la Agencia, el cual arrojó que ambas resoluciones ya cumplieron el plazo para darles cumplimiento y la acción que procede es demoler, tal como lo establece el artículo 194 del Código Nacional Policía y Convivencia Ciudadana.

Por esta razón, el Alcalde Dau en articulación con la ANDJE solicitó acompañamiento técnico y económico a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres para que, desde la experiencia y conocimiento, asista a la Alcaldía en la evaluación y ejecución de la medida correctiva ordenada en la Resolución No. 001, teniendo en cuenta los posibles escenarios de riesgo que puedan presentarse ante una emergencia de colapso de la edificación y garantice los recursos presupuestales para implementar la medida.

El convenio incluye unas reuniones mensuales o cada vez que alguna de las partes lo solicite, para aprobar y/o modificar el plan de operación, donde se definen las actividades a ejecutar en cumplimiento del mismo y vigilar el plan de operación. Como resultado de esto, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres deberán establecer la mejor forma de aplicar la demolición sin afectar el patrimonio de los cartageneros y la Nación.