Un crimen común

El sacrificio del señor Jaime Garzón sería totalmente en vano si hoy consideramos que su homicidio no fue más que un acto callejero y que ninguna relación tuvo con el grave conflicto social que vive el país", dijo Eduardo Mesa, el fiscal que había tenido a su cargo la investigación del crimen del famoso humorista y periodista.

Las palabras de Mesa hicieron eco del sentimiento de indignación de la opinión pública la semana pasada luego de que el juez séptimo de la justicia especializada, Julio Roberto Ballén, dictaminara que el crimen no podía ser conducido por su despacho y debía pasar a la justicia ordinaria debido a que no se había tratado de un acto terrorista.

Ballén refutó los argumentos del fiscal, quien en enero, al cerrar la investigación, calificó el crimen como un homicidio con fines terroristas, acusó de ser el autor intelectual a Carlos Castaño, jefe de las Autodefensas Unidas de Colombia, a Juan Pablo Ortiz, alias 'El Bochas', y a Edilberto Antonio Sierra, alias 'Toño', como autores materiales.

Según los argumentos del fiscal el crimen debía ser juzgado por la justicia especializada porque concurrieron tres agravantes: que la víctima estaba en indefensión, que la finalidad fue terrorista y que se trataba de un periodista. No obstante, para el juez Ballén, no se probó en el expediente que a Garzón "le fue segada su vida por razón o causa de su profesión de periodista, sino por móviles diferentes". En su fallo el juez aceptó que la Fiscalía comprobó que, en efecto, Garzón había sido asediado por Castaño, le había interceptado sus comunicaciones, lo había acusado de ser miembro diplomático de la guerrilla y que, incluso, lo había amenazado de muerte. Pero el juez sostuvo que ese asedio no fue por su oficio de periodista sino por sus labores de mediación en los secuestros ejecutados por las Farc y sus gestiones de paz con el ELN.

Así mismo, Ballén argumentó que el crimen no fue un acto terrorista porque fue en horas de la madrugada en una calle solitaria donde no había personas que hubieran podido ser víctimas del atentado y no se usaron "medios capaces de causar estragos", como bombas, explosivos o cilindros de gas. Es decir, que fue una venganza personal contra Garzón por ayudar a liberar secuestrados o mediar en los procesos de paz.

Por estas razones el juez devolvió el caso a la justicia ordinaria. Puede suceder que el juez al que se le asigne el proceso no comparta los términos del juez especializado y también se declare impedido, lo que llevará el proceso a la Corte Suprema de Justicia para que determine quién debe llevar el caso. "Este trámite puede demorarse entre nueve meses y un año", dijo Alirio Uribe, del Colectivo de Abogados, representante de la parte civil en el asunto. Sólo entonces comenzaría el juicio de un asesinato que ya lleva tres años en la impunidad.

El fiscal Mesa y los abogados de la parte civil dijeron que era insólito pensar que el crimen de Garzón no era un episodio del conflicto armado sino que se trató de una retaliación personal.

Además, como no se descarta que el crimen haya sido motivado por la información que el humorista tenía sobre corrupción en el Estado, fueron muchas las organizaciones nacionales e internacionales que han protestado enérgicamente por este último giro. Entre ellas Reporteros Sin Fronteras, que se había hecho parte civil en el proceso en julio de este año.

El caso Garzón se había convertido en un símbolo de la defensa de la libertad de prensa en Colombia y, según los expertos en el tema, esta decisión puede sentar un precedente pésimo para la investigación de crímenes contra otros periodistas. Un hecho más preocupante aún si se tiene en cuenta que en los 29 casos de comunicadores asesinados en razón de su oficio desde 1995, documentados por la Fundación para la Libertad de Prensa, en la gran mayoría no han sido condenados los responsables. Y los pocos condenados son sólo autores materiales.