Una resolución de la Fiscalía eliminó los grupos Gaula. Alertan por el riesgo de impunidad, y no hay cómo denunciar delitos como extorsión

“Buscamos que un fiscal recibiera la denuncia para adelantar los actos urgentes y rescatar al cabo, pero no fue posible; días después lo torturaron y asesinaron”, reveló un investigador que conoció el caso del cabo Jersey Alexánder Quintero, secuestrado y asesinado mientras pretendía comprar un carro el pasado 8 de noviembre, en Bogotá.

El cabo Quintero ahorró 10 millones de pesos para su carro. Estaba en curso de ascenso y cumplió la cita con los supuestos vendedores en el sur de la ciudad. Resultaron ser integrantes del Tren de Aragua que lo secuestraron, torturaron y asesinaron. Su cuerpo fue abandonado en un paraje del municipio de Soacha.

El militar, de 26 años, oriundo de Puente Sogamoso, Santander, casado y padre de una niña, se habría salvado, dicen sus compañeros, de no ser por una “falla administrativa” en la Fiscalía: la puesta en marcha de una resolución firmada por la fiscal Luz Adriana Camargo que provocó un revolcón en las unidades Gaula de todo el país.

Cuando secuestraron al cabo Quintero, los investigadores del Gaula pisaron el acelerador para lograr su rescate, pero era necesaria la participación de la Fiscalía, un fiscal que entregara las órdenes de policía judicial: allanamientos, interceptaciones o vigilancias, pero no fue posible, ningún fiscal, en actos urgentes, asumió la responsabilidad.

Los investigadores llegaron a las Unidades de Reacción Inmediata (URI), pero les informaron que no había fiscales de Gaula, no podían recibir la denuncia y así adelantar los actos urgentes, que tenían que buscar en otro lado. La misma escena se repitió tres veces. El resultado: el militar fue asesinado esperando que un fiscal ordenara las investigaciones.

Lo que en la Fiscalía calificaron como una “falla administrativa” tiene en luto a la familia del uniformado. Fue la consecuencia de la resolución que el pasado 9 de octubre firmó la fiscal Camargo y que básicamente acabó con las unidades Gaula como se conocían y que tanta efectividad entregaban en casos de secuestro y extorsión.

La resolución 0298 es el resultado, según la Fiscalía, de un estudio detallado producto de las visitas a todas las seccionales y que advierte cómo los delitos de secuestro y extorsión están asociados, “en su mayoría”, a grupos armados organizados (GAO) y a grupos de delincuencia organizada (GDO). Argumentaron entonces la necesidad de atacarlos de manera articulada y “no caso por caso”.

“Que si bien los Gaula están adscritos a la Delegada para la Seguridad Territorial, lo cierto es que las investigaciones que adelantan son de conocimiento de la Delegada contra la Criminalidad Organizada, específicamente de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales, de modo que los Gaulas deben formar parte de esta última”, señala la resolución.

Los fiscales que integraban los llamados grupos Gaula fueron repartidos. Los especializados llegaron a la dirección de Crimen Organizado, los seccionales y locales terminaron en otras unidades y actividades completamente diferentes, como violencia intrafamiliar o hurtos.

La resolución es clara, los fiscales especializados conocerán solo los hechos que tengan relación con los GAO y GDO, el resto de denuncias, que según los fiscales es el 90 por ciento de casos como extorsiones carcelarias, sexting o el tío tío (simular a familiares), se remitirán a las seccionales de acuerdo con el lugar de ocurrencia. El problema, dicho por los propios funcionarios de la Fiscalía, es la carga laboral y la especialidad de los fiscales.

En las seccionales, los fiscales tienen en promedio 1.000 expedientes y son pocos los expertos en atender casos de extorsión y secuestro. “No es igual que un fiscal de hurtos asuma y resuelva un caso de extorsión”, señalaron los funcionarios que hablaron con SEMANA.

Lo mismo pasa con los fiscales especializados que llegaron a la dirección de Crimen Organizado. Tuvieron que asumir los expedientes que quedaron de las desaparecidas unidades Gaula, desde los grandes casos hasta las extorsiones de barrio. Sesenta fiscales recibieron más de 1.700 procesos cada uno, algunos en etapa de juicio.

“También estos fiscales deberán ir a juicio, entonces ¿quiénes van a impulsar las indagaciones y el trabajo con los componentes de la Naval, el Ejército, el CTI y la Policía? Las víctimas quedarán desamparadas. El delito de extorsión es el de mayor crecimiento a nivel nacional y el secuestro va en aumento”, dice una carta de Asonal remitida a la fiscal Luz Adriana Camargo.

La Fiscalía explicó que se trata de un proceso de reestructuración, de “poner en orden la casa” y que en las seccionales se crearán grupos con fiscales expertos en casos de Gaula, “seguramente los mismos que estaban”, para que atiendan las investigaciones por extorsiones que no tengan relación con las organizaciones criminales de alto impacto.

Eso es justamente lo que no se entiende, de acuerdo con los fiscales que hablaron con SEMANA. “¿Por qué eliminar las unidades Guala que estaban en las seccionales, si piensan volverlas a crear?”. Aseguran que bastaba con incluir o crear un grupo especial para atender casos de GAO y GDO, sin suprimir lo que estaba. “Esa transición fue la que terminó sentenciando a muerte al suboficial del Ejército”, señalaron los investigadores.

La misma resolución advierte que los casos de urgencia que requieren de actuaciones inmediatas serán asumidos por las Unidades de Reacción Inmediata, URI. Esos fiscales adelantarán los actos urgentes y luego remitirán los procesos a los fiscales de Gaula, cuando se revivan esas unidades en las seccionales o a los especializados, según la competencia.

Fuentes de la Fiscalía aseguraron que la reestructuración busca mejorar las formas de investigación, pues cientos de casos tenían vínculos o coincidencia en los hechos y autores, lo que estaba generando desgaste en los procesos de investigación. “Se han filtrado los procesos y se encuentran elementos que repetían el trabajo”, además de expedientes sin vocación de éxito, que requieren de otras medidas, más de Gobierno que de investigación.

El caso del cabo Quintero fue una falla fatal en la implementación de la resolución. La Fiscalía lo reconoce, incluso advierten que se tomaron los correctivos necesarios y se dejaron unos turnos de disponibilidad de fiscales para atender actos urgentes en hechos de secuestro y extorsión.

SEMANA conoció las cifras de extorsión y secuestro en todo el país, con un aumento sostenido en los últimos dos años, siendo 2025 el de mayor incremento, principalmente en el secuestro. La delincuencia común, de acuerdo con esas cifras, sería la responsable, con más participación en estos delitos. Se pasó de 313 casos en 2024 a 527 en lo corrido de este año.

“Las cifras contradicen el análisis que hicieron desde la dirección de Crimen Organizado de la Fiscalía, no es cierto que la mayoría de los delitos de secuestro y extorsión están relacionados con organizaciones criminales conocidas como GDO o GAO”, dijeron los investigadores que hablaron con SEMANA y que advirtieron un caos en la atención de estos casos.

La resolución está en marcha, y aunque la Fiscalía insiste en que se trata de una estrategia efectiva de investigación, “para algunos es difícil de digerir”, son los investigadores quienes extrañan la forma y los resultados que se estaban dando. El asunto de fondo es que una reestructuración en los Gaula está poniendo en juego la libertad y la vida, como ocurrió con el cabo Quintero.