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   El coronel Carlos Feria, jefe de la Casa Militar de la Presidencia de la República, es uno de los oficiales con más poder en el país. Por su trabajo, que consiste en garantizar la seguridad del presidente Gustavo Petro, tiene acceso a información privilegiada de las agencias del Estado.
El coronel Carlos Feria, jefe de la Casa Militar de la Presidencia de la República, es uno de los oficiales con más poder en el país. Por su trabajo, que consiste en garantizar la seguridad del presidente Gustavo Petro, tiene acceso a información privilegiada de las agencias del Estado.

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Urgente | Coronel Feria, pese a las evidencias, se declaró inocente por prueba de polígrafo a la que fue sometida Marelbys Meza

El jefe de protección de la Presidencia ordenó, según la Fiscalía General, trasladar a Meza hasta la sala en la que se le realizó la prueba del polígrafo. “No tuvo justificación”.

29 de noviembre de 2023

Para la Fiscalía General, existen suficientes pruebas y documentales para sostener que el coronel Carlos Alberto Feria ordenó el 30 de enero de 2023 que Marelbys Meza fuera trasladada en un vehículo oficial hasta el Edificio Galán, ubicado en pleno centro de Bogotá, en inmediaciones a la Casa de Nariño, para ser sometida a una prueba de polígrafo.

Esto después de que fuera señalada por su entonces empleadora, Laura Sarabia, la poderosa jefa del Gabinete de Gustavo Petro, de haber participado en el robo de una maleta llena de dinero que estaba en su apartamento. Para el delegado de la Fiscalía General, lo que vino después fue una clara vulneración de los derechos fundamentales de la niñera.

“Por haber dispuesto una serie de actividades que generaron un desmedro en la voluntad y autonomía de la señora Marelbys Meza desde el momento mismo en que la empleadora de Marelbys le anuncia que debe presentar prueba de polígrafo con la orden del coronel Carlos Alberto Feria Buitrago, el jefe de la protección presidencial”, agregó el fiscal.

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Las pruebas documentales y testimoniales indican que a Marelbys Meza no solamente se le practicó un procedimiento en contra de la ley, sino que además los agentes de policía que estaban con ella le “arrebataron el teléfono celular” para acceder a información que, según ellos, podía arrojar luces sobre el robo.

“Esta situación implicó un desmedro en la voluntad de Meza, ya que por la necesidad de preservar su trabajo y demostrar su inocencia toleró acudir a tal convocatoria, y así se materializó la vulneración de la autonomía. Que incluso manifestó su sentimiento de inferioridad ante el poder de su empleadora, pues no se opone a someterse a la prueba contestando las preguntas e incluso llegando a soportar que le arrebataran su celular cuando lo tenía desbloqueado”.

Para el fiscal no existe justificación de lo que ocurrió en la tarde de ese 30 de enero. “Usted (coronel Feria) estuvo al frente y dispuso las acciones encaminadas a contactar el organismo investigativo y adelantar así las indagaciones (...) “Permitió el uso de los equipos de poligrafía de uso irregular, ya que estos son destinados para el estudio de seguridad de funcionarios o empleados que van a ingresar al servicio de la jefatura”.

Por estos hechos, la Fiscalía General le imputó los delitos de peculado por uso, abuso de la función pública y constreñimiento ilegal al coronel Carlos Alberto Feria y al capitán Elkin Augusto Gómez Gutiérrez. Mientras que el intendente Jhon Alexander Sacristán Bohórquez fue vinculado además por el cargo de sistema informático agravado. Tras la pregunta de la jueza 79 de control de garantías, todos se declararon inocentes.

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A primera hora, la jueza rechazó la petición para que el proceso contra los tres policías pasara a Justicia Penal Militar. Esto al considerar que no se cumple ninguno de los requisitos puestos de presente por la Corte Constitucional.

“De entrada se puede advertir la vulneración al derecho a su intimidad”, advirtió la jueza en el análisis de la decisión. “Con todo respeto, pero es que acá es una extralimitación de funciones, ya toca esa vulneración a derechos fundamentales y es allí cuando según los criterios de la Corte Constitucional ya no habría nexos entre conducta delictiva y el servicio”.