Uribe, segundo tiempo

Los colombianos llevaron a Álvaro Uribe Vélez a la Presidencia porque creían que era el hombre que podía cumplir con dos misiones: derrotar a las Farc y acabar con la politiquería. Uribe entró con el dinamismo de un gobernante independiente a quien le sobraba capital político para tomar decisiones impopulares y dolorosas, pero necesarias para sacar al país de la postración en la que se encontraba.

Con un liderazgo fuerte, el Presidente jugó su primer tiempo decidido a cumplirles a los ciudadanos. Pronto se vieron una mejoría sustantiva en los índices de seguridad, una meritocracia en marcha que prometía desterrar el clientelismo, reestructuraciones en empresas estatales, como Telecom y Ecopetrol -a las que por muchos años nadie se les había medido- y un primer paso para solucionar la crisis acumulada de las pensiones. También consiguió un mayor respaldo internacional para la lucha antiterrorista y consolidó la alianza con Estados Unidos para mantener el vigor de un Plan Colombia, que además de combatir el narcotráfico se había extendido a combatir la guerrilla.

Como lo dijo esta revista en su momento, al finalizar el primer año del gobierno Uribe, había vuelto la esperanza. Esa mayor confianza en el futuro ayudó a despertar a la economía de su letargo, y aunque esa no fue la única razón de la reactivación, los efectos económicos de este renovado optimismo se sienten hasta hoy.

La percepción de que el país renacía convirtió a Uribe en el Presidente más popular en mucho tiempo. Desde que se realizan encuestas nunca antes un mandatario colombiano había alcanzado niveles del 80 por ciento de favorabilidad al terminar su segundo año de gobierno.

Uribe tomó entonces una decisión de alto riesgo y resolvió invertir este enorme respaldo ciudadano en legitimar su campaña para la reelección. Por eso, en parte, algunos de sus grandes propósitos, en este segundo tiempo que comienza ahora, están perdiendo foco. La defensa de la democracia en la que se empeñó está flaqueando en puntos álgidos. Tiene un afán desmedido de conseguir resultados aun a costa de saltarse las reglas de juego democrático y ha mostrado debilidad en su negociación con los paramilitares. Y su compromiso de transformar a fondo las relaciones entre el Ejecutivo y los partidos políticos está desdibujándose.

El estilo presidencial tampoco le ha ayudado. Es cierto que su fuerte liderazgo es bienvenido, porque a la gente le gusta que esté pendiente de que las cosas se hagan. Reconforta saber que hay un líder comprometido a quien le importan los problemas de los ciudadanos del común. Sin embargo, su preocupación por controlar cada minucia hace que el gobierno en su conjunto pierda el norte, y de paso contribuye a desinstitucionalizar el país, al irrespetar conductos regulares quitándoles piso a sus propios subalternos, y a gobernantes locales. No es sino observar un sábado de consejos comunales para darse cuenta de ello.

Hay demasiado Presidente y poco gobierno. Esto está debilitando la institucionalidad democrática, y en poco tiempo puede comenzar a afectar el respaldo al gobierno. Ya se perciben los primeros síntomas preocupantes en lo político, en lo económico y en la seguridad democrática.

¿Contra la politiquería?

En el terreno de la política el presidente Uribe anunció el fortalecimiento de los partidos como parte de su plan para hacer una democracia más robusta. La reforma política, que les cerró opciones a las operaciones avispa, pasó con un buen empujón del Ejecutivo. Una interlocución moderna con los partidos de gobierno y de oposición implicaba una discusión de los grandes temas, y también un gobierno de coalición que tuviera una amplia representación. Así pareció conducir las cosas al principio, cuando conservadores y noemicistas, entre otros, entraron al gabinete, asegurando una mayor gobernabilidad.

Pero el ánimo reeleccionista transformó el panorama. El gobierno se ha ido cerrando, quedándose cada vez más solo con los amigos. Es lo que suele suceder al final, cuando los gobiernos pierden aliados por el desgaste de estar en el poder. Pero a los dos años de mandato es arriesgado para la gobernabilidad cerrarse tanto.

De otra parte, el diálogo político con los contrincantes liberales o con los aliados conservadores ha venido siendo reemplazado por una repartija burocrática. Uribe dijo en su 'manifiesto democrático' que "para salvar al Seguro Social, al Sena, al Bienestar Familiar, al Sisbén y la educación pública, cero politiquería". Pero en algunas de estas entidades ya ha comenzado a mostrar laxitud frente a las presiones de los políticos. Varios cargos regionales en Icbf, por ejemplo, ya se están entregando abiertamente a cuotas políticas. Los grandes logros en el Sena, que duplicó sus cupos, se ven ahora amenazados porque está volviéndoles a dar espacio a los amigos de los parlamentarios. Y para un puesto que maneja tantos contratos como es el de gerente de Invías se escogió a una cuota conservadora, más por su partido que por sus méritos profesionales.

Mientras el Presidente siempre invita a los parlamentarios a acompañarlo en sus propósitos de acabar con el clientelismo, y las primeras leyes las sacó sin repartir prebendas, desde que se puso a andar el proyecto de reelección inmediata, las cosas cambiaron. Se han hecho comunes las llamadas y visitas de los ministros a los congresistas, y a los 'acuerdos programáticos' sólo les queda el nombre. Este fue el caso del pacto que se hizo con el Partido Conservador, que quedó reducido a un intercambio de puestos por votos. Les dio más prebendas que a los mismos uribistas.

Es que en el juego político de partidos, paradójicamente a quien menos ha tratado como tal es a su propia bancada. Algunos de los parlamentarios uribistas sienten que el Presidente los ha dejado a la deriva y sólo los convoca para trabajar en equipo antes de las votaciones decisivas. Varios congresistas oficialistas no perciben un liderazgo ideológico del Ejecutivo. "El gobierno le coquetea a todo el mundo menos a nosotros", dijo una congresista uribista. Con ello corre el riesgo de perder a sus aliados naturales en la tarea de conformar mayorías parlamentarias.

El propósito presidencial de fortalecer la democracia también se ha visto debilitado porque cada vez el gobierno recurre más a los 'atajos'. Se salta las normas y conductos institucionales existentes para lograr lo que quiere. Esa tendencia ya se vio incipiente desde el principio del gobierno, cuando dejó al general Jorge Enrique Mora en la comandancia de las Fuerzas Armadas más allá de su tiempo reglamentario o cuando llamó de nuevo al general Teodoro Campo al servicio activo para que dirigiera la Policía, con lo que creó un cisma institucional del cual aún la entidad no se recupera.

En la estrategia antiguerrillera también se han buscado las salidas rápidas. Así por ejemplo, ha respaldado capturas masivas de sospechosos. Tanto es así que en una tarjeta plastificada con los puntos clave de la seguridad democrática, que el gobierno reparte a diestra y siniestra, figuran las capturas masivas como una estrategia de seguridad, con lo que se metió en el ámbito de la justicia. Estas capturas no sólo se han prestado para abusos a ciudadanos inocentes, sino que les han restado apoyo de la población civil a las Fuerzas Militares, una condición esencial para legitimar el Estado democrático en los territorios antes dominados por las guerrillas.

Por último, es claro que el mayor brinco a las reglas del juego que pretende dar el gobierno de Uribe es impulsar un proyecto de reelección inmediata. Esta iniciativa representa un cambio mayor de la institucionalidad colombiana. Implica no solamente que el Presidente se pueda candidatizar en 2006, sino que lo pueda hacer en condiciones de equidad con otros competidores. Para ello se necesitaría reglamentar nuevas condiciones de financiación de campañas, acceso a los medios de comunicación, permiso para que los funcionarios puedan hacer proselitismo, etc. El gobierno no parece interesado en preparar el desarrollo de ninguna de estas normas. Que sea el mismo Presidente quien esté promoviendo la desinstitucionalización, para intentar quedarse en el poder, deja mucho que desear de su compromiso con la democracia. (El hecho de que Uribe nunca quiera mencionar en público la palabra reelección, y aluda a ella como "el temita ese", no quiere decir que no sea obvio que sin su interés, no podría ser reelegido).

El desdén por las instituciones ha traspasado las barreras nacionales, y ha causado daño a las relaciones internacionales. Lo que hizo Uribe con la mano, como lograr una condena de la OEA al terrorismo y una mayor colaboración de casi todos los países vecinos, puede estarlo borrando con el codo, con sus salidas en falso. Nadie puede esperar ganarse la opinión europea poniendo en duda la seriedad de organizaciones tan respetadas en ese continente como Amnistía Internacional. Y cuando se cuenta con un aliado tan estrecho en la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo como Estados Unidos, resulta algo incongruente hacer oídos sordos a sus críticas de que es escandaloso sentarse a negociar con narcotraficantes sin una exigencia perentoria de que, como condición previa, dejen el negocio. Por último, no es posible llevar adelante una política exterior profesional cuando se reparte el servicio diplomático entre parientes de los políticos, idóneos o no, como si se tratara de cualquier instituto sin importancia.

Aplazar y aplazar

En materia económica, las prioridades también han perdido fuerza, por el afán reeleccionista y porque se ha quedado corto en el calado de las reformas.

Cuando Uribe llegó a la Presidencia su mandato en materia fiscal era claro: poner la casa en orden. Eso significaba resolver los apuros de plata de la Nación en el corto plazo y avanzar en soluciones de fondo a problemas viejos, como el de la megadeuda pensional que había acumulado el país en las últimas cuatro décadas. Ambas tareas resultaban fundamentales para sanear las maltrechas finanzas públicas, pero implicaba pisar muchos callos.

Nadie puede decir que en el primer frente, el de tapar el hueco fiscal de cada año, el gobierno haya dejado de hacer la tarea. Con tres reformas tributarias a cuestas y una más en el horno, ha logrado mantener el déficit fiscal bajo control y cumplir con los compromisos adquiridos con el Fondo Monetario Internacional. Así, a cuenta gotas, ha enviado un mensaje de confianza a acreedores locales y extranjeros, quienes reconocen que al mando de la difícil situación fiscal colombiana está un gobierno serio.

Sin embargo, en su afán por conseguir recursos a través de las sucesivas alzas en los impuestos, dicen algunos de sus críticos, el gobierno ha entrado en contradicciones. "Hoy propone un IVA de 4 por ciento a los alimentos, que recaería sobre las personas más pobres, cuando hace menos de seis meses llenó de exenciones y regímenes privilegiados a las empresas y los grandes capitales", afirma el ex ministro Juan Camilo Restrepo. En las dos últimas reformas, el gobierno impulsó una docena de exenciones tributarias para sectores como el hotelero o el de los cultivadores de palma y una gran zanahoria para las empresas que reinviertan sus utilidades.

En cambio, en el segundo frente, el de los ajustes estructurales, al gobierno le ha faltado una visión de largo plazo. El gobierno dio un primer paso con la presentación, a comienzos de 2004, de un proyecto de ley que busca mejorar el diseño del presupuesto de gastos de la Nación. Pero el gobierno parece empantanado en el propósito de acabar con los costosos regímenes especiales de pensiones o desenredar la maraña de normas que conforman el estatuto tributario.

El primer atraso se produjo por el rechazo al referendo. Uribe le apostó a conseguir por esa vía algunas de las reformas económicas pendientes y perdió. Y en el primer semestre de 2004, cuando se suponía que iban a comenzar a debatirse en el Congreso los temas de fondo, el gobierno decidió aplazar la presentación de la reforma pensional. Argumentó que no había suficiente tiempo para aprobarla en esa legislatura. Algunos escépticos señalaron, no obstante, que tomaría el mismo tiempo que la aprobación de la reelección presidencial, que sí se presentó.

Ahora el gobierno se alista a dar la pelea en el Congreso y sacar adelante un acto legislativo que elimina los privilegios pensionales y una reforma tributaria que propone aumentar la base del IVA y gravar las pensiones altas. El forcejeo promete ser difícil. Ni echarle mano al IVA ni poner a pagar impuestos a los pensionados son medidas populares. En el tire y afloje, además, estará atravesado el proyecto de reelección, que compite con las reformas económicas y que podría terminar aplazándolas otra vez.

El talón de Aquiles

Sin duda la política de seguridad democrática, en lo que a las Farc se refiere, es la que muestra mayores resultados. El Presidente ha dicho, y lo reiteró en el foro sobre el tema que realizaron varios medios de comunicación el pasado miércoles, que su objetivo es llevar el Estado a todo el territorio nacional para que la gente pueda vivir en democracia. En efecto, el gobierno ha puesto a las guerrillas a la defensiva, y como consecuencia han disminuido sus ataques a la infraestructura y a la población. Ese no es un logro menor, y no sería exagerado decir que sobre él se fundamenta su enorme popularidad. Sin embargo, se vislumbran algunas alertas sobre la necesidad de ajustar esta política, para que sea sostenible. Entre ellas, la urgencia de que, valga la redundancia, la política sea más política y no sólo militar. (Ver artículo siguiente con las conclusiones del foro de seguridad).

Pero el mayor problema de coherencia que ha tenido la política de seguridad democrática ha sido la manera como el gobierno está enfrentando al paramilitarismo. Y esto también ha contribuido a desvertebrar las instituciones democráticas. El Presidente sostiene que no hace diferencias entre guerrilla y paramilitares: que a ambos los está atacando en el plano militar y a los dos les ha ofrecido diálogo, con la condición de que previamente cesen el fuego. Esto lo ha cumplido con los guerrilleros a rajatabla, y es verdad que en el campo de batalla ha atacado a los paramilitares con más dureza que los gobiernos anteriores.

No obstante, en el plano político el tratamiento a las autodefensas es incongruente con la premisa de tratar a todos los violentos por igual. El gobierno puso como condición para negociar con los grupos ilegales armados el cese de hostilidades, pero aun cuando el propio Presidente ha reconocido que este cese no se ha dado con los paramilitares, les concedió una zona de concentración e instaló la mesa de diálogo en Santa Fe de Ralito. De otra parte, dijo en el citado foro que el proceso sufre de falta de credibilidad porque los paramilitares no han dejado de traficar coca, y sin embargo apoyó la visita de tres de sus jefes al Congreso de la República.

El futuro

Estas alertas advierten de los riesgos que puede tener el gobierno Uribe si deja que la ambición y la microgerencia sigan debilitando las instituciones. Las decisiones del gobierno no siempre son coherentes con el discurso del Presidente, que se centra en la necesidad de restaurar la democracia en todo el territorio nacional para que retorne la confianza, el crecimiento sólido, y se puedan así enfrentar los problemas de pobreza.

La reelección y el estilo de microgerencia han frenado la capacidad transformadora del gobierno. Con todo el capital político que ha acumulado tiene la posibilidad de hacer transformaciones de fondo, en lo fiscal por ejemplo o en las relaciones con el Congreso. En cambio, se está enredando, cediendo sin necesidad demasiado terreno a los grupos politiqueros o de intereses particulares, a cambio de reformas tributarias de corto vuelo, o parches al problema pensional, o 'atajos' para ganar la guerra más rápido.

Es una percepción que empieza a expresar no sólo la opinión calificada, sino también la gente corriente. Como lo señaló la encuesta de Gallup, en las últimas semanas, el porcentaje de hogares que dice estar económicamente mejor dejó de crecer y se estancó en cerca del 30 por ciento, una cifra de todos modos baja. Además ya una mayoría de la gente desaprueba cómo Uribe está manejando el costo de vida, lo que quiere decir que las personas empiezan a sentir que el dinero no les alcanza.

Según la experiencia del encuestador Jorge Londoño, ese es el primer síntoma de que pronto comenzarán a ser más críticos del gobierno en otros aspectos. Dice Londoño que la popularidad de Uribe llegó a su tope. Por eso es tan importante que no pierda su impulso reformador, que se sostenga en su objetivo de defensa de la democracia y, como el mismo Uribe lo prometió la semana pasada, no se deje tentar por el populismo, en aras de la reelección. Es mejor que se retire como un buen ex presidente a que sacrifique semejante oportunidad histórica.