Veinte años de impunidad en el crimen de Eduardo Umaña Mendoza

El crimen ocurrió pasado el mediodía, hace exactamente dos décadas. Tres sicarios, dos hombres y una mujer, haciéndose pasar por periodistas –con una cámara a la vista y las armas ocultas– se presentaron en la portería del edificio, cerca al estadio El Campín en el occidente de Bogotá, adonde vivía y trabajaba Eduardo Umaña Mendoza, uno de los más prestigiosos penalistas y reconocido defensor de derechos humanos.

El vigilante llamó por el citófono al apartamento de Umaña y este, acostumbrado a atender a la prensa, aprobó el ingreso. Una vez los criminales estuvieron  dentro del apartamento 101 amordazaron y encerraron a la secretaria del jurista, y se dirigieron a su despacho. Trataron de llevárselo pero el abogado se opuso férreamente. “Si vienen por mí, resistiré, no me doblegaré”, había dicho a sus amigos. Y así fue. Los sicarios resolvieron acribillarlo allí mismo. El arma tenía silenciador por lo que no hubo alerta. Los criminales salieron como si nada, en la puerta del edificio tomaron el taxi que les aguardaba. La secretaria de Umaña como pudo se liberó y fue al despacho donde vio la escena tétrica. De inmediato dio aviso a la Policía. Era el 18 de abril de 1998, el país entró en duelo nuevamente.

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Desde el presidente Ernesto Samper, pasando por ministros, personalidades, intelectuales, académicos, y toda la rama judicial, incluyendo además abogados y estudiantes de derecho, todos, lamentaron al unísono el asesinato de Eduardo Umaña. Su cuerpo fue velado en el auditorio León de Greif de la Universidad Nacional en donde se presentaron multitudinarias filas de gente venida de cualquier rincón del país que quería darle el último adiós.

Umaña fue un jurista fuera de serie, hasta sus adversarios en el estrado así lo reconocían. Contaba con tanta solvencia verbal como solidez argumentativa. Estudió en varias universidades y siempre mantuvo un vínculo con el saber siendo profesor y estudiando cada día como si nunca se hubiera graduado. Era un lector insaciable, crítico permanente del establecimiento y cálido en el trato personal. Pero por sobre todo, Umaña logró respeto y reconocimiento nacional por asumir las defensas de sindicalistas y víctimas, las causas perdidas que bajo su tutela podían aspirar a alcanzar algo de Justicia. Fue defensor de los trabajadores agremiados en la ETB y en la USO. Asumió también el caso civil de las familias de los desaparecidos del holocausto del Palacio de Justicia. Estaba empeñado en lograr reactivar el proceso por el crimen de Jorge Eliécer Gaitán, al respecto decía que lo complicado ahí no era lo judicial sino lo político.

Por cuenta de sus procesos –por cuenta de sus éxitos– recibió incontables amenazas. Su fama de nunca haber pedido un caso y haber sentado precedente en varios se mantiene a pesar de los años, el nombre de Eduardo Umaña Mendoza es sinónimo de excelencia en cualquier facultad de derecho del país. Como jurista fue un adelantado: crítico temprano de la llamada “justicia sin rostro” o “jurisdicción secreta”, e  incansable promotor de la tipificación de la desaparición forzada. Hoy lo primero es un mal recuerdo y lo segundo una realidad sólida como una catedral.

Aún así no es mucho lo que la Justicia ha hecho por esclarecer su crimen. El expediente por el asesinato de Umaña duró años sin avances. Inicialmente hubo la tesis de que organismos de inteligencia militar serían responsables, pero luego esa pista se refundió porque llegaron anónimos, supuestamente de integrantes de la guerrilla, arrogándose el crimen. Luego, al cabo de varios lustros, el expediente pasó a la Unidad de Derechos Humanos  y allí se dieron algunos avances no concluyentes “Tal vez el más significativo fue hace dos años, en 2016, cuando se dio la declaratoria de crimen de lesa humanidad. En 1998 el fiscal general le dijo a mi abuelo que iba a ser muy difícil investigar el caso porque se trataba de un crimen de Estado. Que probablemente no pasaría nada, tal como no ha pasado”, dice Camilo Umaña, hijo del asesinado jurista.

Le recomedamos Eduardo Umaña, el padre del defensor de derechos humanos Eduardo Umaña Mendoza 

Sin embargo, en mayo de 2015 asomó una posibilidad. Diego Fernando Murillo, alias Don Berna, uno de los jefes paramilitares extraditados en 2008 a Estado Unidos en el gobierno de Álvaro Uribe, en una diligencia judicial confesó que “la autoría material de miembros de la banda La Terraza en el homicidio perpetrado en la humanidad del doctor Umaña Mendoza por orden directa de Carlos Castaño Gil, máximo comandante de las autodefensas", según se lee en un documento de la Fiscalía que hace parte del expediente.

Berna hizo la confesión dentro de un radicado adscrito a la Unidad de Justicia y Paz y se refirió a varios momentos de de su paso por la criminalidad. Sobre el caso puntual de Umaña no dio mayores detalles. Apenas agregó que los sicarios enviados desde Medellín con la misión asesina fueron “El negro Elkin, Yilmar, Larrota, Sampedro y Ángela”, y que estos contaron con colaboración de la Brigada de Inteligencia en cabeza del coronel retirado Plazas Acevedo, conocido entre los paras como Don Diego. Berna se limitó a ofrecer esos datos, además de pedir perdón por el homicidio. Eso fue todo.

Desde que los abogados que representan a la familia de Umaña Mendoza se enteraron de la confesión de Don Berna se dieron a la tarea de lograr una diligencia específica con él para que este entregue una narración a profundidad sobre el crimen. El testimonio de Murillo es clave pues además de haber sido el brazo armado de los paras en Medellín, don Berna fue el jefe de la banda La Terraza y enlace con elementos corruptos de la fuerza pública. Pero para infortunio de la familia Umaña, el ex jefe paramilitar ya hizo saber que no tiene ningún interés en ampliar su declaración. De nada han valido las difíciles insistencias, Don Berna se negó definitivamente a volver sobre el tema.

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Por eso los abogados de la familia Umaña ahora están solicitando a la Fiscalía que dado que Berna se rehúsa a colaborar con la verdad, este debe ser expulsado de Justicia y Paz. En el fondo se trata de una medida simbólica sin mayor incidencia pues Murillo –con 57 años de edad–, está condenado por un tribunal de Estados Unidos a 31 años de cárcel por narcotráfico. Poco le preocupan sus cuentas pendientes con la Justicia colombiana. Su negación de colaborar le significará un proceso más como persona ausente. Será uno expediente más en el extenso prontuario de Don Berna. Y entretanto el país conmemora veinte años del impunidad en el crimen de Eduardo Umaña Mendoza.